Todo para casa.
Se lo están llevando a puñados y en grupo.
Ahora a la vera de los chinos.
En nuestro país, las narrativas sobre espías suelen evocar una mezcla de nostalgia y un toque casi literario. Sin embargo, el último episodio está más relacionado con servidores, contratos públicos y una empresa china: Huawei.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha incrementado los certificados de seguridad otorgados a la firma asiática justo tras la contratación de las hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Todo esto sucede en un contexto donde Estados Unidos y la Unión Europea alertan sobre los peligros que implica abrir la puerta a una compañía señalada por su estrecho vínculo con el régimen chino.
La trama podría figurar en un thriller político. En 2021, poco después de que Huawei fuera incluida en una lista negra de empresas chinas con posibles conexiones militares, la sociedad que gestionan las hijas de Zapatero comenzó a colaborar con dicha tecnológica.
Paralelamente, la consultora dirigida por José Blanco, exministro socialista y figura conocida del PSOE, manejaba los intereses de Huawei en España. Así, el Centro Criptológico Nacional, que depende del CNI, decidió duplicar los certificados de seguridad para productos de esta empresa, facilitando así su comercialización en nuestro país.
El contrato de la discordia: escuchas y presión internacional
El verdadero revuelo se desató cuando el Ministerio del Interior adjudicó a Huawei un contrato valorado en 12,3 millones de euros para almacenar las escuchas judiciales realizadas por la Policía y la Guardia Civil. Washington reaccionó con rapidez: si España no rompe este acuerdo, limitará el intercambio de inteligencia crucial para combatir el crimen organizado y el terrorismo. La directora de Inteligencia Nacional estadounidense ha iniciado una investigación formal, advirtiendo sobre los riesgos de que datos sensibles caigan en manos del Partido Comunista Chino.
La Comisión Europea también ha alzado la voz. Ha solicitado restringir o excluir a Huawei del despliegue de redes 5G y ha subrayado que contratar a esta firma para almacenar escuchas judiciales representa un “alto riesgo de injerencia extranjera” y dependencia respecto a un proveedor calificado como peligroso en un sector estratégico. El Gobierno español sostiene que el sistema empleado es “estanco” y no permite filtraciones de información; sin embargo, la controversia persiste. El Partido Popular acusa al Ejecutivo liderado por Sánchez de poner en peligro la seguridad nacional y la confianza entre aliados.
Zapatero, Blanco y los comisionistas: la red de influencias
El trasfondo político detrás del caso incluye nombres relevantes y un evidente aroma a puertas giratorias. Zapatero no solo ha cultivado relaciones con Huawei; además preside el consejo asesor del think tank Gate Center, muy alineado con los intereses chinos. También mantiene vínculos comerciales con otras empresas tecnológicas del gigante asiático. José Blanco y Antonio Hernando, ambos socialistas, han asesorado o colaborado con la consultora que gestiona los intereses de Huawei hasta 2024.
No se trata únicamente de consultorías. La presencia de comisarios cercanos a Zapatero en posiciones clave dentro de la Policía y Moncloa ha suscitado sospechas sobre quién controla realmente los resortes del Estado en temas tan delicados como la seguridad nacional y cómo estos se entrelazan con intereses empresariales vinculados al antiguo presidente. El PSOE parece haber encontrado un terreno fértil para prosperar mediante comisiones millonarias y contactos internacionales.
Sánchez y la claudicación digital
Mientras tanto, a medida que Estados Unidos y Europa endurecen su postura, el Gobierno español mantiene firme su posición. Las licitaciones para productos proporcionados por Huawei siguen abiertas incluso después de las advertencias provenientes desde Bruselas sobre el “riesgo mucho mayor” que representan frente a otros proveedores. La última certificación otorgada a Huawei llegó en marzo de 2025, justo cuando la Comisión Europea instaba a vetar empresas bajo control extranjero.
La reciente visita oficial de los Reyes a China, acompañados por ministros clave, busca mejorar las oportunidades para las empresas españolas en el mercado asiático e incentivar inversiones; esto ocurre en un momento donde los vínculos entre el entorno zapaterista y China se estrechan aún más. La balanza entre intereses económicos y seguridad nacional nunca había estado tan desequilibrada.
Ciberseguridad y avances en inteligencia artificial: ¿el precio del progreso?
En medio del debate sobre soberanía tecnológica, el Gobierno ha anunciado que comenzará a supervisar las certificaciones de seguridad para los equipos utilizados por las operadoras. Esta medida se alinea con una nueva normativa europea que exige aumentar tanto la ciberseguridad como la vigilancia posterior sobre productos disponibles en el mercado. España puede estar algo rezagada respecto a la transposición directa de la directiva NIS2; no obstante, promete ejecutar antes del fin del año inversiones por valor de 1.157 millones de euros destinadas a ciberseguridad.
La paradoja es evidente: mientras aumentan las alarmas sobre los peligros asociados a confiar en proveedores chinos, Huawei continúa siendo un actor fundamental en procesos cruciales como digitalización e infraestructura crítica. Su fortaleza en inteligencia artificial y gestión del almacenamiento le convierte en un socio atractivo para gobiernos e industrias que buscan competitividad junto a precios accesibles. Pero queda una pregunta colgando: ¿puede España permitirse ese nivel tan alto de dependencia tecnológica cuando tanto la inteligencia artificial como la protección de datos son ahora campos clave en esta nueva batalla geopolítica?
La sombra larga de Zapatero y el futuro incierto
El caso Huawei representa las tensiones entre apertura comercial y salvaguarda digital soberana. Las conexiones entre figuras socialistas y esta tecnológica china han dejado una estela repleta de interrogantes sobre transparencia, seguridad e influencia real que ejercen ciertos lobbies sobre decisiones estatales cruciales. El futuro relativo a ciberseguridad española dependerá no solo del marco normativo establecido o controles implementados; será esencial resistir ante tentaciones políticas o económicas.
En este juego complejo, los espías ya no llevan gabardina: ahora operan tras contratos sofisticados, algoritmos avanzados e imponentes despachos corporativos. Y claro está: lo que nos espera promete nuevos giros inesperados.
