La guerra contra el uso del WhatsApp en los organismos públicos acaba de empezar. El primer movimiento en esta dirección lo protagoniza Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos en Cataluña, quien ha propuesto a la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament la utilización de un medio de comunicación diferente a WhatsApp cuando se traten asuntos sensibles o confidenciales en toda la Administración autonómica catalana.
Ese veto a la plataforma de mensajería se haría extensivo en los organismos dependientes de la Generalitat, incluidas todas las Administraciones catalanas, jueces y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, entre otros.
Explica Antonio Lorenzo en ‘El Economista’ que en la propuesta ideada por la diputada catalana Susana Beltrán y admitida a trámite por la Mesa del Parlament, Ciudadanos aboga por utilizar en todo momento «medios y servicios de comunicación que ofrezcan unas mínimas garantías de seguridad y privacidad», además de que sean económicamente asequibles.
El partido de Arrimadas pretende asegurarse de que «los prestadores de servicios de comunicación asumirán y cumplirán con sus deberes de colaboración en caso de ser requeridos por órganos de la Administración y la Justicia».
Estas últimas premisas forman parte de las debilidades de WhatsApp, plataforma que no permite el uso profesional, tal y como explicita en sus términos de servicio. Además, la herramienta propiedad de Facebook almacena los datos personales en servidores ubicados en Virginia y Washington DC, enclaves desde donde WhatsApp «efectúa una transferencia internacional de datos a un país con un nivel no adecuado de protección: Estados Unidos», según recuerda Ciudadanos en la referida propuesta.
En octubre de 2015, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea anuló el acuerdo de Puerto Seguro que tenía la UE con EEUU, lo que afectó a Facebook. Asimismo, la Autoridad Catalana de Protección de Datos ya desaconsejó el uso de WhatsApp en las relaciones abogado-cliente. Asimismo, tanto los responsables de la Protección de Datos de Holanda como de Alemania alertaron sobre los «severos problemas de seguridad y privacidad de WhatsApp», y sus deficientes garantías para comunicar información sensible.
Frente a todo lo anterior, Ciudadanos reclama «una política de privacidad conforme a la legislación vigente en materia de protección de datos», así como «ubicar sus servidores en el territorio de la UE, cumplir ciertos estándares de seguridad de sus data centers y permitir comunicación efímera», entre otros.
Alternativas ‘made in Spain’
Frente a las deficiencias de WhatsApp, existen en el mercado alternativas made in Spain respetuosas con la protección de datos. Entre todas ellas sobresale Noysi, plataforma creada en 2015 por un grupo de emprendedores españoles y que permite el acceso a la información desde cualquier PC o dispositivo móvil, de manera eficiente y rentable, con un sistema que reduciría de forma significativa el coste en infraestructuras. Los servidores de Noysi se encuentran en España y sus protocolos de protección de datos cumplen con la normativa.
El también conocido como Slack español «se organiza como un chat de empresa para equipos o grupos de trabajo y permite la comunicación cifrada entre sus miembros, así como el almacenamiento de archivos dentro de los propios servidores de las empresas», según explica a elEconomista.es Héctor Castillo, consejero delegado de Noysi.
