Se cargará a los distribuidores para compensar a los autores y terminarán pagando los consumidores

El Gobierno Rajoy aprueba el nuevo canon digital para móviles, CD y lápices de memoria

El Ejecutivo regula la tasa para abonar derechos de propiedad intelectual por las copias privadas de las obras que puedan hacer los usuarios con su móvil y otros soportes

El Gobierno Rajoy aprueba el nuevo canon digital para móviles, CD y lápices de memoria
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El Gobierno de España ha aprobado este 3 de julio de 2017  el Real decreto-ley que regula la compensación equitativa por copia privada y que vuelve al modelo de ‘canon digital’, esto es, al cargo en teléfonos móviles, discos duros, ordenadores y cualquier soporte para el almacenamiento de datos digitales.

A falta del desarrollo reglamentario del nuevo sistema, las tarifas que se establecen marcan un gravamen de 21 céntimos de euro para los DVD vírgenes, 1,10 euros por cada ‘smartphone’ y 3,15 euros por cada ‘tablet’.

Según una nota remitida por la a Asociación para el desarrollo de la propiedad intelectual (ADEPI), las cifras son netamente inferiores a las que se aplican en otros países del entorno europeo.

Así, en Francia cada ‘tablet’ y ‘smartphone’ llevan un recargo de unos 8 euros, mientras que en Alemania la cifra es igual para las tabletas, por 6,50 euros para los teléfonos.

«Agradecemos el compromiso para resolver el problema adquirido por el ministro Íñigo Méndez de Vigo y el nuevo equipo de la Secretaría de Estado de Cultura, encabezado por Fernando Benzo, así como el trabajo que están desarrollando todos los grupos políticos para que España deje de ser una excepción en Europa respecto a esta materia», ha señalado Antonio Fernández, director general de Adepi.

Según el texto del real decreto, que sustituye al que declaró ilegal el Tribunal Supremo el año pasado, este nuevo ‘canon digital’ vuelve al concepto principal que reinaba con el que entró en vigor durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

La retirada del ‘canon digital’ fue una de las promesas electorales del PP para las elecciones de 2011.

En 2012 se cambió el sistema de compensación y pasó a cargarse a los Presupuestos Generales del Estado, lo cual terminó provocando una catarata de sentencias en su contra desde el Tribunal Europeo y el Tribunal Supremo que desembocaron en la anulación de dicho modelo.

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