La web de descargas no recibía compensación económica por publicar dichos enlaces, por lo que no existía ánimo de lucro
El sistema de enlaces constituye la base misma de Internet. Así lo ha confirmado un magistrado del Juzgado Mercantil número 7 de Barcelona, en el caso de la demanda de la SGAE contra Jesús Guerra Calderón, dueño de un bar de Caldes de Montbui (Barcelona) y responsable del sitio web ElRincondeJesus.com.
Según explica el abogado Carlos Sánchez Almeida en el artículo La red P2P es legal, el magistrado D. Raúl N. García Orejudo hace constar en la sentencia que las páginas de enlaces a descargas P2P son legales así como las propias redes de intercambio P2P en España.
El juez Raúl García Orejudo ha considerado que el sistema de enlaces no supone ni distribución, ni reproducción, ni comunicación pública de las obras protegidas, ya que lo único que creó Jesús Guerra es únicamente un mero índice que facilita la búsqueda en redes de intercambio de archivos.
Uno de los puntos clave para que Jesús Guerra Calderón haya vencido a la SGAE ha sido que la web de descargas no recibía compensación económica por publicar dichos enlaces, por lo que no existía ánimo de lucro.
El magistrado, que ya había desestimado un cierre cautelar de la página hace meses, concluye que la página web de enlaces a redes P2P «no vulnera en la actualidad los derechos de explotación que les confiere a los autores de la Ley de Propiedad Intelectual».
Del mismo modo, aduce que las redes P2P, «como meras redes de transmisión de datos entre particulares usuarios de Internet», tampoco vulneran derecho alguno protegido dicha ley.
La Asociación de Internautas (AI) ha asegurado este sábado que la sentencia de un juez de Barcelona que ha declarado legal el P2P y las redes de enlace constituye «una excelente noticia», que «deja en solfa las pretensiones de criminalización de la ministra de Cultura y las entidades de gestión como la SGAE».
El presidente de AI, Víctor Domingo, ha explicado a Servimedia que el fallo supone «un nueva victoria de la libertad de expresión en Internet», y el Gobierno «debería tomar buena nota».
«El Gobierno se gasta dos millones de euros en una campaña para criminalizar el P2P y crea la comisión antipiratería a través de la Ley de Economía Sostenible. Y mientras, los jueces declaran ilegal el cierre de las webs que persiguen las sociedades de gestión»
