Los denunciantes -que hablan del 'desvío' de unos 400 millones de euros- acusan al Ministerio de Cultura de no haber hecho nunca las pertinentes auditorías
A la impopular Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) la han agarrado por donde más le duele: por la pasta.
Pero esta vez no se debe a sus controvertidas y draconianas ‘tecnicas‘ para cobrar derechos de autor a quien sea y dónde sea, sino a una trama de corrupción, en la que aparecen implicados Teddy Bautista y otros ocho directivos y familiares.
Entre las detenidas este 1 de julio de 2011, apenas unas horas después de que Teddy Bautista y su equipo fueran reelegidos para seguir mangoneando la SGAE, están el propio Teddy, el director financiero de la entidad, Ricardo Azcoaga, el director general de la filial digital -la Sociedad Digital de Autores y Editores (sDae)-, José Luis Rodríguez Neri, y el director general de la SGAE, Enrique Loras.
La acusación principal es falsedad documental y apropiación indebida. En otras palabras: se llevaban de tapadillo la pasta del canon digital.
Horas antes, el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, había ordenado el registro de la sede de la SGAE y de siete domicilios de directivos a causa de una investigación iniciada por la Fiscalía Anticorrupción hace un año.
Los primeros indicios de irregularidades sobre la SGAE datan de noviembre de 2007, cuando una serie de asociaciones que pagaban derechos de autor presentaron una denuncia en la que acusaban a sus directivos de desviar fuertes sumas de dinero a empresas ligadas a la SGAE que operaban sin ningún control.
Los denunciantes -que hablan del ‘desvío’ de unos 400 millones de euros- pedían al Ministerio de Cultura una auditoría del complejo entramado societario creado por Teddy Bautista.
En marzo de 2010, la Fiscalía Anticorrupción tomó cartas en el asunto e inició, junto a la UCO, una investigación en la que pronto surgieron serias evidencias de una trama de corrupción dentro de la organización.
Las sospechas apuntan a tres sociedades en las que aparece como accionista José Luis Rodríguez Neri, que a su vez es director general de la Sociedad Digital de Autores (sDae), filial de la SGAE.
Según cree la Fiscalía, Rodríguez Neri y sus socios habrían desviado una parte de la recaudación de derechos digitales a sus tres empresas con la complicidad de Teddy Bautista.
Teniendo en cuenta que el procedimiento contra los directivos de la SGAE no ha hecho más que empezar y que ni siquiera han podido defenderse, hay que respetar su derecho a la presunción de inocencia.
Pero lo primero que tendrán que explicar Teddy Bautista y sus directivos son las razones por las que montaron un complejísimo holding empresarial, con sociedades radicadas fuera de España, que no han sido auditadas jamás y que escapan a todo control.
Siendo la SGAE una entidad de gestión colectiva, cuyo único fin es recaudar los derechos de los autores y darles servicios sin ánimo de lucro, se entiende muy difícilmente la creación de este complicado entramado, que explota negocios que nada tienen que ver con su objeto social.
A nadie se le escapa la extraordinaria impopularidad de la SGAE, cuyos apoderados han llegado a irrumpir en bodas y bautizos para exigir el pago de derechos por celebraciones que contaban con música para los invitados.
Al margen de la mayor o menor simpatía de la opinión pública, lo cierto es que la SGAE ha ido creciendo con muy escasos controles y ante la pasividad de una Administración del Estado que nunca ha examinado a fondo sus cuentas so pretexto de que no se trataba de una organización mercantil.
La Justicia está investigando la gestión de la SGAE y decidirá si Bautista, Neri y otros directivos se han lucrado ilegalmente de los derechos.
Pero, al margen de ello, el Ministerio de Cultura tiene que tomar cartas en el asunto y realizar una auditoría en profundidad a una entidad que recibe una cuantiosa suma recaudada por el Estado del injusto canon digital. Hace falta bastante luz en una organización en la que casi todo parece sombrío y oscuro.