El pasado 11 julio se celebró una reunión en el Taller de Músics de Barcelona, convocada por Luis Cabrera, su fundador, con asistencia de un grupo de músicos y autores de los circuitos del pop, el rock, el jazz, el flamenco y la música clásica. El Taller encargó a Santiago Auserón la redacción del siguiente comunicado, para recabar adhesiones.
En dicho texto, Auseron defiende que los músicos autores comparten «las ventajas de la tecnología digital, de las redes electrónicas», y reconocen el papel que deben cumplir en la difusión de la cultura y del conocimiento. «En aras del interés general, muchos queremos que sea debatido el significado del derecho de autor y el modo en que ha de retribuirse el uso de las obras, sin que haya que imponer a los ciudadanos un impuesto para precaverse de la copia privada», plantea.
«Los músicos autores estamos siendo dañados por la actual crisis de la SGAE en varios aspectos: el posible desvío de fondos en gran cuantía, la gestión orientada hacia inversiones distintas a los fines de la sociedad, el ejercicio de su influencia política en la aprobación de una legislación muy discutida acerca del canon digital. Todo ello está fomentando un peligroso resentimiento de la ciudadanía contra la obra artística, que deriva de los abusos acumulados por la industria cultural y mediática a lo largo de su historia», añade.
Para Auserón y los firmantes, la gestión de la SGAE, «en vez de independizarse de dicha industria, se ha convertido en su aliada, y mientras pactaba tratos de favor con las grandes corporaciones, buscaba apoyo legislativo para ejercer un control férreo sobre los usos particulares de la obras».
En su opinión, así «ha conducido a un punto extremo el enfrentamiento de los autores con la opinión pública», de manera que «una parte de ella percibe a los artistas como favoritos del poder mediático y se alegra del cambio de suerte que conllevan las nuevas tecnologías».
Sobre la situación de la SGAE, señala que el posible desvío de fondos de la SGAE y la participación del colectivo de autores en dichos fondos deben quedar en suspenso hasta que se den «nuevas condiciones: una sentencia firme en el proceso en curso, una reforma profunda de los estatutos de la SGAE, nueva legislación acerca de los derechos de autor, de los procedimientos de recaudación y del control público de las entidades de gestión».
Por eso defienden que «es del todo necesaria una nueva legislación que preserve el derecho natural de los autores sobre su obra sin pervertirlo, cercana a los intereses generales de la ciudadanía, que mejore los procedimientos de registro de las obras, de recaudación, administración y reparto de los fondos, de los sistemas de representación dentro de las diversas sociedades de gestión de derechos existentes o de que las pudieran crearse a partir de ahora».
Finalmente, apunta que la SGAE debe ser «refundada, o sus estatutos cambiados, discutidos en asamblea mayoritaria, directa o a través de internet, suficientemente a fondo*como para asegurar no sólo que el daño causado se repare y no se reproduzca, sino también que se abren canales para que la gestión del derecho de autor se haga más participativa, para que la comunicación con la ciudadanía sea fluida y permita una evolución dinámica de los conceptos relativos a la obra artística e intelectual».
