La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha rechazado la denuncia de los rivales de Telefónica que acusaban a la multinacional española de llevar a cabo supuestas prácticas «restrictivas» de la competencia con el fin de «excluir» a sus competidores de las licitaciones convocadas por las administraciones públicas y grandes clientes empresariales.
El organismo macrorregulador ha señalado en una resolución que no se han podido probar como infracciones a la Ley de Defensa de la Competencia las prácticas denunciadas por la Asociación de Empresas Operadoras y de Servicios de Telecomunicaciones (Astel), que integra a los principales operadores alternativos a Telefónica, como Vodafone, Orange o BT, entre otros. Por esta razón, la CNMC ha archivado la denuncia y lo ha notificado a las partes interesadas. Contra esta resolución no cabe recurso alguno en fase administrativa, aunque sí en vía contenciosa administrativa ante la Audiencia Nacional, recuerda el organismo. En su denuncia Astel señalaba que Telefónica seguía una «estrategia sistemática» para excluir a sus competidores o, al menos, limitar su capacidad de competir en la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas para grandes clientes empresariales. Para Astel, la principal práctica restrictiva es la aplicación de precios «muy elevados» para servicios mayoristas en los que Telefónica es el «único o el principal» proveedor y que son necesarios para prestar los servicios minoristas, donde sus rivales «compiten en desventaja». Asimismo, la asociación denuncian otras prácticas «abusivas» en los mercados minoristas, como los descuentos selectivos, el empaquetamiento abusivo de servicios y la participación de Telefónica en el diseño de los pliegos de licitación. Para ello, la asociación presentaba el análisis de doce lotes de doce licitaciones públicas que, en conjunto, representan un valor aproximado total de 71 millones de euros en un ámbito temporal el comprendido entre 2008 y 2011. NO EXISTEN INDICIOS SUFICIENTESLa CNMC señala en su resolución que estas licitaciones son una muestra «muy pequeña» del mercado de servicios minoristas a grandes clientes empresariales. Así, de acuerdo con el informe de la CMT de 2011 se estimaba que el valor total de los servicios de comunicaciones para las administraciones públicas ascendía a 823,4 millones de euros para el año 2008 y 774,4 para el año 2009.
«Con estos datos, tomando el valor anual de las ofertas efectivas en las licitaciones que se aportan en la denuncia, el peso relativo de estas operaciones apenas representa el 3,38% del total estimado para las administraciones públicas en 2009 y no llega al 0,25% de los ingresos declarados por los operadores en el segmento empresarial», advierte la CNMC. Respecto al empaquetamiento de servicios, la CNMC recuerda que en el caso de las licitaciones públicas, es la propia administración la que determina de forma unilateral el tratamiento que se va a dar a las ofertas empaquetadas, por lo que no se puede concluir «automáticamente» que existen indicios de que Telefónica haya incurrido en prácticas abusivas y añade que los operadores alternativos suelen ofertar también paquetes de servicios de telecomunicaciones fijos y móviles.
