El Gobierno ha convocado subvenciones por importe de 63 millones de euros para la realización de proyectos en el marco del Programa de extensión de la banda ancha de nueva generación, que pretende llevar Internet de alta velocidad a zonas sin cobertura, según consta en una resolución de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
En concreto, el objeto de estas ayudas es la extensión de la cobertura de las redes de acceso de nueva generación (NGA) a zonas sin cobertura actual ni prevista, en alguna de las siguientes modalidades: redes de acceso de muy alta velocidad (100Mbps o superior), redes de acceso de alta velocidad (más de 30Mbps e inferior a 100Mbps) o redes de sólo backhaul adecuadas para las conexiones de alta y de muy alta velocidad (100Mbps o superior). El importe total de la convocatoria de 63 millones de euros estará distribuido por comunidades autónomas en concordancia con la financiación FEDER prevista en el Programa Operativo FEDER de Crecimiento Inteligente 2014-2020. La intensidad máxima de las ayudas varía entre el 40% y el 55%, dependiendo de la comunidad. El presupuesto financiable máximo por proyecto es de cuatro millones de euros y en cada proyecto, que se puede extender hasta el 31 de diciembre de 2018 si fuera necesario, se podrán agrupar actuaciones del mismo tipo que se vayan a llevar a cabo en diferentes zonas, sin exceder el ámbito geográfico de una comunidad autónoma. La convocatoria ha fijado como criterio de valoración de mayor peso el de menor ayuda por usuario beneficiado con la ampliación de la cobertura y ha puesto como obligación para el beneficiario proporcionar acceso mayorista efectivo a las infraestructuras subvencionadas. El pago de la subvención se realizará en todos los casos con carácter anticipado tras dictarse la resolución de concesión. Como garantías, se exige depositar avales por un importe cercano al 50% de la ayuda. Los beneficiarios de estas ayudas serán personas físicas o jurídicas pertenecientes al sector privado que ostenten la condición de operador debidamente habilitado, conforme a lo establecido en la Ley General de Telecomunicaciones.
