En un giro digno de guion televisivo, Radio Televisión Española (RTVE) ha batido su propio récord de endeudamiento. La corporación pública cerró el ejercicio de 2024 con un pasivo financiero de 748,1 millones de euros, lo que supone un incremento del 43% respecto al año anterior y eleva a cotas inéditas la preocupación sobre la viabilidad económica y la gestión política del ente. La cifra, lejos de ser anecdótica, refleja una tendencia estructural agravada por años de desequilibrios, una política de gasto expansiva y una insuficiente respuesta institucional.
Este repunte coloca a RTVE ante una encrucijada: no solo está gastando muy por encima de sus ingresos propios, sino que ni siquiera las generosas subvenciones estatales logran frenar la hemorragia. En el contexto político español, donde las cuentas públicas son terreno siempre fértil para el debate partidista, la situación de la radiotelevisión pública se ha convertido en munición tanto para la oposición como para los analistas críticos con la actual dirección.
Radiografía del endeudamiento: cortoplacismo y litigios eternos
El detalle de las cuentas anuales revela que 365 millones corresponden a deuda a corto plazo, buena parte debida a la activación en 2024 de más de 100 millones en una línea de crédito bancaria (de un total posible de 160 millones), que vencerá en diciembre de 2025. A esto se suman una línea de factoring por 47,5 millones y préstamos a plazo por otros 140 millones. El tipo de interés aplicado está referenciado al euribor más un margen de mercado, con unos intereses devengados el último año que alcanzan los 10,7 millones.
Por si fuera poco, la deuda a largo plazo asciende a otros 26,3 millones, mientras que RTVE mantiene un déficit con acreedores comerciales por valor de 192 millones (de los que más del 85% son acreedores varios). A esto hay que añadir casi 133 millones consignados como provisiones —principalmente gastos pendientes con sociedades de gestión de derechos intelectuales— y otros compromisos menores pero igualmente significativos.
En el lado del activo, RTVE sigue esperando el cobro de más de 606 millones correspondientes al IVA que el Ministerio de Hacienda no ha devuelto desde hace años. Esta cantidad depende del desenlace judicial sobre si una televisión pública debe o no tributar este impuesto, según interpretación del Tribunal Europeo. Un pleito administrativo enquistado desde hace décadas y que añade incertidumbre a las cuentas del ente.
Política y gestión: ¿quién pone el cascabel al gato?
El problema trasciende lo meramente financiero: RTVE es un organismo estratégico sometido a fuertes presiones políticas. Desde su refundación como corporación pública en 2006, ha sido objeto recurrente del tira y afloja entre partidos sobre su financiación, independencia y modelo. Los sucesivos gobiernos han optado por soluciones temporales —prórrogas presupuestarias y créditos— que han parcheado sin resolver el fondo del asunto.
- El Consejo de Administración ha defendido la necesidad de una financiación suficiente y estable para cumplir con sus obligaciones constitucionales.
- Sin embargo, los partidos opositores acusan al Ejecutivo actual de “mirar hacia otro lado” y permitir una gestión “deficitaria crónica” sin exigir planes creíbles para reducir gastos o incrementar ingresos propios.
- Dentro del propio Gobierno hay división: Hacienda rechaza nuevas aportaciones hasta clarificar el litigio fiscal por el IVA mientras Cultura reclama más fondos para garantizar contenidos públicos.
En este escenario no faltan voces que piden cambios drásticos: desde establecer techos estrictos al gasto hasta externalizar parte del servicio o revisar la estructura salarial y productiva. Entretanto, los sindicatos advierten sobre posibles recortes en plantilla o derechos laborales si se imponen ajustes traumáticos.
Consecuencias inmediatas y posibles salidas
Las implicaciones políticas y sociales son notables:
- El creciente endeudamiento limita la capacidad inversora y pone en riesgo algunos compromisos clave con la producción audiovisual nacional.
- La situación podría forzar al Gobierno a aprobar un rescate financiero extraordinario o renegociar condiciones con bancos acreedores antes del cierre fiscal.
- Un eventual fallo judicial favorable sobre el IVA aliviaría parte del problema pero no resolvería la raíz estructural: el desequilibrio entre gasto e ingresos propios.
Mientras tanto, los ciudadanos asisten —no sin cierta resignación— al debate sobre si RTVE debe ser solo servicio público esencial o también motor competitivo en un mercado audiovisual cada vez más fragmentado.
“La situación económica de RTVE no experimentó mejora alguna en 2024”, reza lacónicamente el último informe público. Y eso que aún no hemos hablado del presupuesto para realities ni del coste anual en tertulianos expertos en salseos políticos.
