No ha sido un buen día para Afra Blanco. La activista sanchista acudió al plató de Espejo Público solo para llevarse una ensalada de zascas por parte del exsecretario general del PSOE en Euskadi Nicolás Redondo y de la periodista Carmen Morodo.
El presidente de la Fundación para la Libertad analizó los riesgos para España por la tensión que impulsa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la Administración Trump, presumiendo de no colaborar con los Estados Unidos y, además, burlarse con una patética gorra que, al intentar caricaturizar a su par norteamericano, lo retrata a él mismo.
Como lo que estaba diciendo iba en contra de su «puto amo», el exdirigente socialista la desarmó con una reflexión: «Tú puedes decir “no a la guerra” y defender los intereses de tu país siendo moderado y siendo tranquilo a la hora de expresarlo».
Además, afeó que, pese al supuesto liderazgo internacional del que sacan pecho los seguidores de Sánchez, España no está sentada en la mesa ni es tomada en cuenta en ninguna decisión. Ni siquiera en Europa.
Por su parte, Morodo criticó con fuerza el esperpento del vídeo con la gorra:
«Las bufonadas estas de la gorra que se las deje a Óscar Puente, pero no están a la altura de un presidente del Gobierno de España; esta imagen no me ha gustado».
Ante la respuesta de la activista, aludiendo a las posibles consecuencias económicas de la guerra, la subdirectora de La Razón le recordó que nadie defiende el conflicto y que estas pueden ser de calado, pero que de lo que estaban hablando es de la gestión del líder del PSOE.
«Aquí nadie está diciendo que esto no va a tener consecuencias ni que el asunto no es grave. No manipulemos».
Pero el momento de las palomitas vino después, cuando estaban discutiendo cómo la llegada de Sánchez ha supuesto un beneficio para los presos etarras, producto de sus pactos con Bildu.
Tras la defensa de Afra Blanco de estas medidas y de achacar la responsabilidad de estas a Instituciones Penitenciarias, la periodista incidió en que este organismo toma acción bajo criterios fijados políticamente por el Gobierno de turno, que es quien decide las progresiones de grado, los permisos penitenciarios y los acercamientos territoriales.
«El juez solo revisa después, no decide nada. Esa es la realidad de nuestro país. No mintamos».
Pero la cosa siguió escalando cuando la activista intentó separar Instituciones Penitenciarias del Ejecutivo, momento en el que la subdirectora de La Razón le soltó que el carné sanchista «está bien pagado».
La tensión siguió en aumento, con la activista sanchista pidiendo respeto y diciendo que ella solo tenía el carné de UGT.
