Tras una época turbulenta, Paz Padilla vuelve a sonreír. El jueves 23 de junio de 2016, se supo el destino de Antonio Juan Vidal, novio de la presentadora de ‘Sálvame’, acusado por prevaricación y malversación de fondos públicos.
Jorge Javier Vázquez visitó ‘Sálvame diario’ durante cinco minutos mientras se preparaba para la gala de ‘SV2016’ de esa misma noche. Allí se encontró con su sustituta, Paz Padilla, a la que vio muy contenta.
Ese día se celebraba la noche de San Juan y como es tradición, se suelen quemar las cosas negativas de nuestras vidas. Padilla, misteriosa, le dijo a Vázquez:
Hoy, gracias a Dios, me he enterado de que ya no me hace falta quemar lo que iba a quemar
Muchos pensábamos que se refería a que había terminado su guerra con Carlota Corredera, la otra presentadora sustituta de ‘Sálvame’, pero no.
Lo que motivó la alegría de Padilla es conocer que su novio se había librado de la cárcel.
Recapitulemos. En junio de 2015, Antonio Juan Vidal Agarrado, pareja de Padilla, fue imputado en relación al fraude de los cursos de formación de la Junta de Andalucía en Cádiz. la juez Mercedes Alaya aseguró entonces que, desde la Consejería de Empleo, se daban instrucciones precisas a las diferentes delegaciones provinciales para que no se ejerciera un control del dinero destinado a formación.
Pues bien, el el 23 de junio de 2016, se supo que la juez María Núñez Bolaños archivará la pieza ‘política’ de los cursos de formación financiados con fondos de la Junta de Andalucía, como es la que afecta a 24 exdirigentes del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), entre ellos el exconsejero de Empleo Antonio Fernández o los ex delegados del ramo en las ocho provincias andaluzas.
Fuentes judiciales han informado a Europa Press de que la magistrada dictará en los próximos meses un auto en el que archivará la referida pieza, una de las nueve en que dividió la causa en diciembre del pasado año 2015, al no apreciar delito y considerar que únicamente se habrían cometido irregularidades administrativas.
En su día, la juez Mercedes Alaya -ahora en la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla- aseguró en distintos autos que desde la Consejería de Empleo se impartían «órdenes» a las distintas delegaciones provinciales «para que no se controlara el dinero» destinado a la formación, «creando de esta forma una red de clientelismo político», una idea que decae con el futuro archivo de la pieza ‘política’ de la causa.
Recientemente, el Juzgado de Instrucción número 4 de Jaén archivó la investigación sobre los cursos de formación en la provincia que se seguía contra la exdirectora provincial del SAE Irene Sabalete y otras 14 personas más, entre técnicos, jefes de servicio y jefes de departamento, en un auto donde asevera que «resulta manifiestamente absurdo, salvo que se aleguen y no se prueben, finalidades espúreas por los responsables de la administración que se debaten y no se acreditan, como clientelismo electoral».
La juez María Núñez archivará esta pieza de la causa de los cursos de formación, decisión que con toda probabilidad contaría con el visto bueno de la Fiscalía Anticorrupción, después de haber tomado declaración al ex interventor general de la Junta Adolfo García Fernández y a los interventores en siete provincias andaluzas –todos a excepción de la de Sevilla, que no ha podido comparecer por enfermedad–.
En sus comparecencias como testigos, los interventores de la Junta de Andalucía han coincidido en señalar que tan sólo apreciaron irregularidades administrativas y que si hubieran observado indicios de delito lo hubieran denunciado.
