Por José María Arévalo
(El rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, con su equipo)
Veo en la últimas noticias de estos días que el Gobierno planea aprobar la la nueva Ley de universidades (la llamada LOSU) a finales de 2023, en el paquete de nuevas leyes con el que el Gobierno de Sanchez responde a la petición de cambios en las políticas de los ministerios que Bruselas ha pedido a España.
Cuando se inició la legislatura, el Ministerio de Universidades parece –leo en El Economista- que descartó una nueva norma convencido de su inviabilidad con un Parlamento tan dividido, pero la aprobación de la «ley Celaá» hace tan solo unos meses lo cambió todo. Ahora el Gobierno pretende aprobar en el cuarto trimestre de 2021 en Consejo de Ministros el Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) para que, posteriormente, se proceda a su tramitación parlamentaria. De esta forma, el Ejecutivo confía en que la nueva norma, la LOSU, sea aprobada por las Cortes Generales en el segundo trimestre de 2023. Lo que ya figura en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado a Bruselas, en el que se indica que, una vez aprobada esta nueva reforma y a partir de su entrada en vigor, se pondrá en marcha el calendario de implantación y el desarrollo normativo.
La reforma –dicen en el Ministerio- tiene por delante cuatro objetivos principales: promover el acceso a la educación superior; adecuar la ordenación de las enseñanzas universitarias; garantizar la buena gobernanza de las instituciones universitarias y fomentar la investigación, la transferencia y la movilidad del personal docente e investigador. La Ley Orgánica de Universidades (LOU), de 2001, consideran se quedó muy desfasada debido a los cambios a los que se enfrenta diariamente el mundo educativo y mucho más el campo universitario.
Ayudas de Bruselas a formar investigadores
De los 70.000 millones que va a entregar Bruselas a España, 387 van a ir destinados a recualificar o formar a 3.200 investigadores en universidades extranjeras y españolas y a traer a 700 talentos que están fuera del país.
Castells busca que la nueva norma tenga ideas de todos los partidos políticos, con la que se pueda garantizar la excelencia de las instituciones de formación superior. Por ello lleva unos meses reuniéndose con los profesionales académicos correspondientes para tratar todos los puntos necesarios, como es el caso del Estatuto del Personal Docente Investigador (PDI) o con el resto de la comunidad universitaria. El ministro buscará que existan nuevas categorías laborales paralelas de catedráticos y profesores titulares que no sean funcionarios, siguiendo el modelo de las universidades estadounidenses.
Los rectores reclaman que esta nueva Ley sirva para aumentar la competitividad, la autonomía y, sobre todo la financiación. Desde CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas), el presidente Villamandos defiende que es necesario que se cambie el sistema de una «forma ordenada y coordinada, que no sea un corta y pega de opiniones ni de intereses». Considera que el objetivo principal debe ser el pleno desarrollo del potencial de las universidades, para lo que es necesaria «una autonomía universitaria y un marco financiero suficiente».
Otro de los puntos que los rectores destacan son los requisitos para la creación de nuevos campus universitarios, muy criticados hasta el momento. El presidente de CRUE celebra los requisitos de investigación, pero afirma que no ve ningún beneficio en ofertar títulos de tres ramas de conocimiento.
Postura del rector salmantino
El pasado 10 de marzo publicaba La Gaceta Regional de Salamanca un artículo sobre el tema, bajo el título “La polémica sigue con la ‘ley Castells’” en el que en el que explicaba cómo “hacia el otoño” espera el ministro de Universidades, Manuel Castells, tener redactado el anteproyecto de la nueva Ley de Organización del Sistema Universitario (LOSU), un texto que, según ha comentado, pretende elaborar a partir de las “ideas y pareceres” de toda la comunidad universitaria. De hecho –insiste la Gaceta, que ha entrevistado al Rector salmantino- el documento que han recibido rectores, sindicatos, comunidades autónomas y agencias de evaluación está planteado a modo de preguntas, de forma que todo está sobre la mesa y apenas se concreta nada, sin embargo, las propuestas y la manera de formular las preguntas ya han generado la desconfianza de buena parte de la comunidad universitaria.
“Hace unos días se publicó un documento que estructura los contenidos de una eventual modificación de la Ley Orgánica de Universidades en cinco bloques: gobernanza y estructura universitaria; financiación; docencia, investigación y transferencia; estudiantes; y personal docente e investigador. Estos temas son importantes, sin duda, pero hay otros que también merecerían más atención”, asegura el rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero.
Financiación
Vinculada al PIB de las comunidades el presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos, ha reclamado que la llamada LOSU sea el instrumento para alcanzar el “grado de competitividad, de autonomía y de financiación suficiente que necesita el sistema universitario”. En esta línea, el rector del Estudio salmantino comenta: “El análisis de financiación demuestra que la universidad pública española es barata para los contribuyentes (en términos comparados), pero no tanto para los usuarios. Además, esta infrafinanciación podría perjudicar nuestra competitividad si no se invierte más en retención y captación del talento, para lo cual podrían y deberían emplearse los fondos europeos, aunque el Ministerio se empeña en destinarlos sobre todo a comprar máquinas”.
Lo cierto es que el apartado de la financiación no convence a los rectores. El documento pide opinión sobre la propuesta para garantizar un porcentaje mínimo de financiación en el PIB de cada Comunidad, una idea que los rectores consideran que podría aumentar las diferencias entre los campus de las diferentes regiones.
Elección de los rectores
Cambio en la elección de los rectores ¿Es óptimo el actual sistema de elección de los rectores? Es una de las preguntas que lanza Castells y que, como otras, los rectores consideran que no son inocentes, sino que señalan que es un cuestionario cargado de ideología para que los mandatarios académicos se posicionen y después echarles la culpa a ellos del resultado del texto final. “¿Cuáles son las posibles opciones?”, pregunta el documento de 15 páginas que no ofrece una alternativa concreta al sistema vigente, aunque en 2008 Castells defendía que los rectores fueran nombrados por patronatos de personalidades independientes, en sintonía con lo que se hace en las universidades de EEUU y de otros países. “La gobernanza y estructura suelen considerarse una de las cuestiones principales, dada nuestra divergencia respecto a los modelos europeos comparados. Otros países han emprendido cambios en los órganos de gobierno, las unidades de investigación o la funcionalidad de los consejos sociales. Estas experiencias podrían ser útiles, aunque el texto ministerial no se refiere a ellas”, apunta el rector de la Universidad de Salamanca.
Más poder de los alumnos
La representación estudiantil es siempre una de las cuestiones más polémicas. El ministro de Universidades, que ha demostrado sobradamente su simpatía por este colectivo, indica en el documento de consulta: “Es fundamental que el estudiantado esté debidamente representado en todos los órganos de gobierno, con mayor proporcionalidad que la actual, como para poder influir realmente en todas sus funciones”.
Además, defiende su presencia en los equipos directivos de todos los órganos de Gobierno. “¿Cuáles son vuestras consideraciones a este respecto? ¿Planteáis alguna propuesta concreta?”, pregunta el borrador de la LOSU, cuestión que algunos tachan de idea bolivariana y populista del ministro para quedar bien con los alumnos. El planteamiento inicial es del agrado de buena parte del estudiantado. “Valoramos el borrador como algo muy positivo para el sistema universitario, aunque está aún en una etapa muy temprana de desarrollo. También tenemos que destacar el enorme esfuerzo de diálogo que está llevando a cabo el Ministerio para escuchar las propuestas y sugerencias que emanan de toda la comunidad universitaria y en especial de los estudiantes”, asegura Juan Otero, presidente del Consejo de Delegaciones de Estudiantes de la Universidad de Salamanca.
Por su parte, Borja Vicente Blanco, representante de la asociación AEUS, muestra su “plena conformidad” con la propuesta del ministro de Universidades de derogar el Régimen Disciplinario de 1954 —la idea del ministro es crear una norma superior— y valora la presdisposición del Ministerio a dialogar, aunque muestra su desconfianza pues recuerda también el abandono de Castells cuando estalló la pandemia.
Por su parte, el rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, señala: “El énfasis sobre los estudiantes es, a mi modo de ver, insuficiente. Ellos y ellas representan el mejor futuro de nuestro país, así que esta reforma podría y debería hacerse pensando en sus capacidades. La equidad social en el acceso, por supuesto, habría de garantizarse; también la asignación de becas vinculadas al esfuerzo; la participación en las decisiones es una conquista democrática en nuestro país y, junto a ese derecho, han de perfilarse las obligaciones y los deberes”.
Investigación
El ministro de Universidades apuesta por “democratizar” los resultados de las investigaciones, obligando a publicarlas en abierto cuando se financien con dinero público o negociando con las revistas científicas comerciales unas tarifas más asequibles. Esta es una de las ideas de Castells en materia.
Aunque como recuerda el rector de Salamanca, las competencias son de otro Ministerio. “Los objetivos de la reforma para promover la investigación son un tanto peregrinos, máxime teniendo en cuenta la existencia de otro Ministerio con las competencias en esta área. Una incorporación masiva de jóvenes investigadores a las universidades sería la opción más inteligente, para lo cual conviene insistir en la oportunidad que ofrece el dinero de Europa. Cualquier programa que consista en enviar fuera de España ese talento durante años me parece una mala idea”, afirma Ricardo Rivero.
Personal docente
Laboralización de los funcionarios El compromiso del ministro era dotar al personal docente e investigador de un estatuto que, entre otras cuestiones, solucionase los problemas de los más de 23.000 profesores asociados que hay en España, pero el documento finalmente no ha salido adelante por la oposición de los sindicatos ya que lo que tenía de bueno respecto a los asociados, lo tenía malo en otros aspectos como la laboralización de los funcionarios. Castells ha optado por llevar el asunto a la futura ley como un bloque más.
“Las plantillas están muy envejecidas y el 40% de los docentes son contratados a tiempo temporal”, recuerda Luis Carlos García de Figuerola, presidente de la Junta de Personal Docente e Investigador de la Universidad de Salamanca, mientras que Ángel Bajo, presidente del comité de empresa del PDI recuerda que este borrador se suma a otros anteriores y en cada uno va cambiando el contenido, aunque celebra que ahora recoja la figura del profesor sustituto.
Ordenación académica
Adiós a los grados de tres años Hace un año, Castells apostaba por un sistema flexible donde convivieran los grados de 3 años con los de 4, ahora el ministro quiere terminar con las carreras de 3. Esta cuestión no forma parte de la ley, sino de un real decreto que no ha consultado con los rectores. Pero ese documento va más allá, puesto que abre el campo a la mención dual de las titulaciones, cuestiones que Mariano Esteban, catedrático que forma parte del Consejo de Gobierno de la Universidad de Salamanca, valora positivamente, al igual que la posibilidad de diseñar títulos con itinerarios abiertos que, a su juicio, podrían ser una buena alternativa para los dobles grados que no funcionan.
Sin duda, están sobre la mesa muchas cuestiones aún sin responder.
