El gobierno actual y su ministerio de justicia han dado trámite al desarrollo e impulso de la mediación en España, y como siempre tarde mal y arrastro, aunque tenemos que decir que por lo menos se comienzan a dar pasos, aunque como siempre, siguiendo los mandatos de aquellos grupos de presión que sólo piensan en sus beneficios a costa del sudor de todos los sufridos Españoles.
Se ha creado un foro de la medición, y se ha hecho a golpe de dedo, excluyendo a importantes colectivos profesionales sin razón legal .
La mediación evitará el colapso de nuestros juzgados, evitará que millones de personas se perjudiquen y perjudiquen gravemente los intereses colectivos y el erario público, evitará el desprestigio de nuestro sistema judicial ya tan evidente y evidenciado.
Nuevamente vemos, que el camino es el mismo que se anduvo con el sistema de transmisión de datos conocido como lexnet, donde se malgastaron millones de euros, siendo vetado y censurado como es costumbre por la UE. Nadie respondió del caos que esto presenta y el alejamiento que conlleva al justiciable al no poder evaluar ni controlar al profesional que ha contratado. Nada de luz, nada de transparencia.
Ningún gobierno ha entrado en el fondo del asunto, lo que hace inviable un país basado en la excelencia, en el saber científico, en el progreso, al fomentar y seguir manteniendo criterios de siglos pasados, simplemente por mantener estructuras parasitarias que engordan las barrigas de aquellos que sólo viven de la cultura impuesta del litigio.
La mediación llegó para quedarse, quieran o no quieran cuerpos profesionales enquistados en el litigio. Los ciudadanos son mayorcitos para ejercer sus derechos constitucionales y especialmente al resolver bajo su propia dirección sus asuntos, simplemente resta hacer viable esta forma de resolver conflictos, haciéndola el primer paso de entrada al sistema judicial.
Existen muchas personas que tienen grandes actitudes para Mediar, pero nuestro ordenamiento jurídico no le da la consideración de Mediador.
Desde que se aprobó la vigente Ley Mediación en el año dos mil doce — 05-2012–, nuestro ordenamiento jurídico establece quién puede ser Mediador y quién puede Mediar, y lo define de la siguiente manera: El mediador es aquel profesional que ha de poseer un título oficial universitario o de formación profesional superior, contar con una formación teórico-práctica específica para ejercer la mediación consistente en 100 horas de docencia efectiva, de las que, al menos el 35% tengan carácter práctico, además de actualizar sus conocimientos con una formación de 20 horas cada 5 años (Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre).
El mediador también ha de tener suscrito un seguro de responsabilidad o garantía equivalente que cubra la posible responsabilidad Profesional derivada de la actuación en las intervenciones que haga, seguir una formación continuada y respetar los principios informadores de la mediación. –voluntariedad ; neutralidad; confidencialidad; igualdad de las partes e imparcialidad de los mediadores–.
Por lo tanto, que una persona tenga habilidad para promover que dos o más partes lleguen a acuerdos, no lo definen como mediador, pues este deberá además, cumplir con todos los requisitos legales.
Queda por definir de una vez por todas, si el legislador cumplirá la legislación de una vez por todas y además hará que la Mediación sea la primera pieza dentro de las litis que se produzcan haciéndola obligatoria como pasa ya en otras jurisdicciones que han dado excelentes frutos reservando los tribunales para situaciones graves e importantes.
Para finalizar, tengo que recordar la pregunta que uno de mis alumnos me formuló un día, y fue la que sigue: «Podía explicarme porqué necesito abogado y procurador cuando me quiero separar y no los necesité cuando me casé»; la respuesta era sencilla y clara pero difícil de entender; yo la respondo de la siguiente forma: «Hay personajes , profesiones y grupos que tienen que vivir no de su trabajo, no de la excelencia, sino del trabajo de los otros, para que el sistema putrefacto siga en pie».
