Voz del sur

Julio Frank Salgado

Incapaz en seguridad social y uso del agua

No es culpa de la pandemia: Chile sigue dependiendo de un decreto-constitución vigente desde la dictadura e inexpugnable a embates democráticos. Hoy, los fondos de pensiones vuelven a ser negados como bien nacional para seguridad social propiamente tal; hace algunos meses, lo fue el agua como bien de uso público.

Así como un decreto supremo de la dictadura dio vida a la actual Constitución Política de Chile en 1980, un decreto-ley del mismo año hizo lo propio con el actual y mayor sistema previsional vigente en este país, a cargo de administradoras privadas de fondos de pensiones (AFP). Durante 40 años, esas empresas han dispuesto de los ahorros previsionales de la mayoría de los chilenos, 5,5 millones de afiliados que logran cotizar regularmente hoy y 10,5 millones en total, recursos que involucran actualmente más de 200 mil millones de dólares y equivalen al 80 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). A cambio, aparte de las correspondientes utilidades, su pensión promedio se quedó en 259 mil pesos mensuales (313 dólares) en 2019 y muchas apenas superan los 100 mil pesos aun con aporte estatal, por debajo del ingreso mínimo legal (320.500 pesos) y lejano a lo otorgado por la Defensa Nacional.

Un proyecto de ley destinado a establecer dichos recursos como bien de interés nacional fue declarado inadmisible por la Cámara de Diputados el miércoles 6, pese a obtener una mayoría relativa de votos. La norma constitucional determina que, tratándose de materias como la previsión social, sólo el Presidente de la República tiene iniciativa de ley (artículo 65, 6°), por lo que Piñera, multimillonario de las finanzas, libremercadista y afín políticamente a grandes consorcios empresariales, está facultado incluso para ignorar el tema.

Una suerte similar parece esperar a una moción de ley presentada el 29 de abril por cinco senadores de oposición, respaldados por dirigentes de la coordinadora de trabajadores “No Más AFP”, que propone la nacionalización de los fondos de pensiones, la eliminación de sus controversiales administradoras, un aporte tripartito a las cotizaciones y la creación de un sistema solidario con base en un instituto estatal de seguridad social.

Cuatro meses atrás, un proyecto para restablecer la calidad de bien de uso público de uno de los recursos elementales del planeta, el agua -privatizado en beneficio de una elite empresarial-, no pudo imponer la mayoría de votos obtenida por no alcanzar el prohibitivo quórum de dos tercios para reformar dicha materia.

No obstante la coraza constitucional, las citadas iniciativas sobre previsión despertaron alarma en los afectados por ellas pese a la escasa difusión de parte de sus autores y la falta de información en los propios sitios web parlamentarios. Las AFP intensificaron su campaña comunicacional de autodefensa y los predominantes medios de comunicación neoliberales se dividieron, informando escuetamente, unos, o simplemente pasando por alto la noticia, otros, con excepción del vehemente alegato de una empresa radial jugada abiertamente no sólo contra lo que considera un intento expropiatorio, sino también contra una eventual nueva Constitución.

Plebiscito también temido

Estos y otros choques de intereses no han hecho sino reforzar la convicción pública que desecha nuevas reformas puntuales a la ya parchada Constitución vigente y que propugna directamente la redacción de una nueva Carta Fundamental. Esta posición ha contado con un apoyo popular mayoritario según las encuestas de opinión, la consulta ciudadana realizada por municipalidades en diciembre pasado y las manifestaciones callejeras –hasta que las impidió la pandemia- durante los últimos meses, y tendrá la oportunidad de expresarse formalmente en el plebiscito nacional reprogramado para el 25 de octubre próximo.

Siendo así, no resulta extraño que, favorecido con mayor poder político por la declaración de estado de catástrofe debido al coronavirus, el gobierno piñerista haya comenzado a hablar de la supuesta necesidad de “rediscutir” la actual fecha de dicha votación arguyendo una probable prolongación de la emergencia sanitaria, aunque eso contradiga al mismo tiempo su llamado a un pronto “retorno seguro” de la ciudadanía a las actividades de una “nueva normalidad”.

Piñera, quien sólo bajo una fuerte y circunstancial presión política y social accedió a iniciar un proceso constituyente que rechazaba, hoy, con la responsabilidad de conducir al país hacia una salida de la crisis en un contexto de fuerza mayor, parece avizorar una gran oportunidad de recuperar posiciones perdidas actuando en distintos frentes: disipando o, al menos, previniendo las protestas sociales; socorriendo la economía neoliberal sin salirse de sus reglas; manteniendo concentrada a la clase media emprendedora en sus nuevas deudas bancarias; disfrazando el desempleo con recursos de los propios cesantes y bonificando frugal y temporalmente a “los más vulnerables”, es decir, sectores que supone inofensivos políticamente debido a su debilidad socioeconómica. Y aunque el gobierno que encabeza ha acusado a la oposición de ser “obstruccionista”, está claro que no ha dejado de creer que serán una vez más los acuerdos con ésta, no la apertura social o “populismo”, lo que le permitiría salir adelante.

La desarticulada oposición, a su vez, no sale de un papel deslavado y en segundo plano, maniatada por la institucionalidad pinochetista y a la espera de un plebiscito que podría facilitarle, primero, un camino ya acordado por sus partidos hacia una nueva Carta Magna y, enseguida, hacia un eventual reencuentro con La Moneda, reabriendo así la discusión sobre reformas negadas hasta ahora, como las que impiden, por ejemplo, un país dueño de sus aguas y una población laboral con previsión asegurada. Sin embargo, aun habiendo rechazado públicamente una nueva y eventual postergación de la cita plebiscitaria, su larga historia de negociaciones con los herederos de la dictadura recomienda observarle con atención en cada una de las circunstancias antes de aventurar un vaticinio sobre su voluntad de cambio…

J.F.S.

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Autor

Julio Frank Salgado

Periodista y bloguero chileno. Reportero y editor en medios escritos, radiales, televisivos y digitales. Autor de "Médicos en la Historia de Chile" (2005) e "Idolos de blanco" (2011). Año XV en la blogósfera de PD.

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Periodista y bloguero chileno. Reportero y editor en medios escritos, radiales, televisivos y digitales. Autor de "Médicos en la Historia de Chile" (2005) e "Idolos de blanco" (2011). Año XV en la blogósfera de PD.

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