Voz del sur

Julio Frank Salgado

La Convención Constitucional también necesita cambiar

Si los políticos chilenos quieren contribuir a un país mejor deben desechar el antiguo prejuicio sobre una ciudadanía inculta y destructiva, y allanarse a facilitar un órgano constituyente que interprete con fidelidad la gran manifestación cívica del 25 de octubre.

Cuando, alarmada por las protestas masivas y los desórdenes callejeros diarios de 2019, la “clase” política se abrió a ceder parte de su poder de decisión, lo hizo sin desprenderse de su dominio sobre los procedimientos. Aunque otorgó a la ciudadanía un poder definitorio, retuvo para sí los mecanismos destinados a materializar su resultado.

Entregó el qué, pero no el cómo.

Si bien la primera pregunta del plebiscito permitía decidir sin equívocos, libre y soberanamente, si habría o no una nueva Constitución que derogara la de Pinochet, la segunda, la de elegir el órgano constituyente, ofrecía una simple réplica de lo que la historia política de Chile conoce de sobra: la Cámara de Diputados. Se evitaba así la posibilidad de un mecanismo abierto y más representativo de la sociedad, deliberadamente poco difundido y motejado como “peligroso” por sus detractores, como la Asamblea Constituyente.

Las convenciones constitucionales originadas en el llamado “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución” del 15 de noviembre cumplieron cálculos políticos, respetaron antiguos prejuicios y avivaron temores de siempre.

Manos atadas

La reforma constitucional habilitadora del plebiscito, la ley número 21.200, que contó con la asesoría de un comité técnico representante de las respectivas alianzas político-partidistas, establece que la convención ciento por ciento elegida -triunfadora finalmente- tendría el mismo número de miembros (155) y distritos electorales que la cámara baja.

Enseguida, incluye a los dirigentes sociales en el grupo de autoridades de instituciones públicas que pueden postular al nuevo órgano previa dejación de sus cargos (artículo 132), a pesar de que aquéllos constituyen, como tales, un componente insustituible en una Asamblea Constituyente.

Más adelante, y entrando al fondo, limita el funcionamiento de los constituyentes al fijar de antemano que éstos deberán adoptar las normas (propuestas) y el reglamento de votación por un quórum de dos tercios, equivalente a la principal supramayoría determinada por la actual Constitución y que ha impedido, en la práctica, reformar las bases de la misma (artículo 133 de la ley 21.200).

Advierte especialmente, asimismo, que está vedado a los convencionales atribuirse el ejercicio de la soberanía nacional (artículo 135, “Disposiciones especiales”) y se remite literalmente al texto constitucional de hoy (artículo 5°) para recordar que “la soberanía reside esencialmente en la Nación” y es ejercida por el pueblo a través de plebiscitos y elecciones periódicas, y por las autoridades establecidas.

Pone énfasis también en la prohibición a los constituyentes de intervenir o ejercer funciones de otros órganos del Estado y en el “respeto” a los tratados internacionales vigentes suscritos por el país.

La Constitución actual, acentúa dicha ley, seguirá plenamente vigente mientras no entre en vigor la nueva.

Como culminación, fija un plazo perentorio, de nueve meses prorrogables por otros tres, a la tarea de los convencionales constituyentes, vencido el cual la Convención deberá indefectiblemente disolverse, haya o no terminado su misión (artículo 137).

Arreglos sobre la marcha

En el propio Congreso –no en el gobierno- se detectó la cojera democrática de los cuerpos constituyentes creados y se ha intentado desde entonces, no sin inconsistencias y tras acaloradas discusiones, arreglar la carga por el camino.

Se logró incorporar la paridad de género –avance de nivel internacional-, pero, no obstante la gran manifestación cívica del 25 de octubre en favor de una nueva Constitución (78%) y a menos de seis meses de la elección de convencionales, continúan pendientes los proyectos sobre escaños reservados a pueblos indígenas y de reducción de los altos requisitos que corren por ley para las candidaturas de independientes.

Más aún, las normas previas sobre funcionamiento y atribuciones de la Convención Constitucional parecen intransables para la elite política, que cree ver en ellas la protección del estado de derecho y el cuidado de la imagen internacional del país. Algunos cientistas políticos, sin embargo, no aprecian aquí un caso cerrado o riesgoso, recordando la facultad propia de un órgano constituyente especialmente elegido para esa función de declararse soberano.

Presionar sobre el cómo

Más allá de intereses político-económicos elitistas y de utopías populares, lo fundamental es que el texto de la Constitución del siglo XXI represente por fin al conjunto de la sociedad chilena. El siguiente y necesario desafío impuesto por la voluntad popular expresada el 25-O debiera ser, por lo tanto, presionar para mejorar el cómo, el procedimiento, por que la Convención Constitucional que ha elegido sea socialmente representativa y tenga un funcionamiento plenamente autónomo, llámese o no Asamblea Constituyente.

Debería avergonzar a una democracia que toda una ciudadanía motivo de alabanzas cuando elige autoridades siga bajo sospecha de incultura y ánimo destructivo cuando ha ganado y ejerce el derecho de elegir, por primera vez más allá de las personas, el futuro de su país.

J.F.S.

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Autor

Julio Frank Salgado

Periodista y bloguero chileno. Reportero y editor en medios de comunicación escritos, radiales, televisivos y digitales. Activista digital por una Constitución democrática para Chile desde 2007. Autor de "Médicos en la Historia de Chile" (2005) e "Idolos de blanco" (2011). Año XVI en la blogosfera de PD.

Julio Frank Salgado

Periodista y bloguero chileno. Reportero y editor en medios de comunicación escritos, radiales, televisivos y digitales. Activista digital por una Constitución democrática para Chile desde 2007. Autor de "Médicos en la Historia de Chile" (2005) e "Idolos de blanco" (2011). Año XVI en la blogosfera de PD.

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