Voz del sur

Julio Frank Salgado

Convención Constitucional o Asamblea Constituyente

Legisladores de izquierda presentaron una reforma constitucional que declara la autonomía del órgano constituyente en su función específica, rebaja a mayoría absoluta el quórum para aprobar sus normas y amplía la participación y la información de la sociedad civil en el proceso, con el fin de “maximizar el pronunciamiento del pueblo”.

Sorprendiendo (y disgustando) a sus pares conformes con las restricciones a la Convención Constitucional, diputadas y diputados del ala izquierda de la oposición presentaron un proyecto de ley de reforma constitucional que busca la autonomía del órgano constituyente respecto de las demás instituciones públicas en la función para la que fue creado, así como establecer un “quórum democrático” para su desempeño, fortalecer la redacción de una “hoja en blanco”, garantizar la participación ciudadana en el proceso a nivel territorial y de organizaciones, y de información a través de los medios de comunicación, y posibilitar la elección de convencionales en el exterior, entre otros cambios.

De este modo, la moción parlamentaria rebaja a mayoría absoluta el quórum de dos tercios –el más alto contenido en la Constitución vigente, creado por los asesores de Pinochet-, al tiempo que determina que el Tribunal Constitucional u otro órgano o autoridad establecida no podrán intervenir en el funcionamiento de la Convención.

El proyecto, que pasó a la comisión de Constitución de la Cámara Baja en primer trámite, es patrocinado por Camila Vallejo, Karol Cariola, Guillermo Teillier y Hugo Gutiérrez (Partido Comunista), Cristina Girardi (Partido Por la Democracia), Pamela Jiles (Partido Humanista), Camila Rojas (Comunes) y Alejandra Sepúlveda (Federación Regionalista Verde Social), y por Tomás Hirsch (independiente). La diputada socialista Maya Fernández retiró su firma horas después, aduciendo que privilegiaba “la unidad de la oposición”.

“Potestad constituyente innegable”

Entre sus fundamentos, los parlamentarios sostienen que “el derecho del pueblo de darse un ordenamiento político es inalienable y latente” y que su potestad constituyente “es innegable”.

“El acuerdo que dio lugar a la Ley N° 21.200 requiere adecuarse de cara al resultado del (plebiscito del) 25 de octubre de 2020 y hacerlo mirando de frente a la ciudadanía”, aseguran. “Los firmantes creemos que lo que corresponde hoy es maximizar y optimizar el pronunciamiento del pueblo”.

Estiman “una falsedad” que un quórum de dos tercios sea fuente y origen de la generación de grandes acuerdos: “Los firmantes creemos firmemente en la democracia como modo de arribar a acuerdos de convivencia que constituyan la base de un pacto social serio, legítimo, respetado por todas las partes y no en un precario y frágil pacto como será con un quórum de dos tercios de aprobación”.

Respecto de los tratados internacionales suscritos por el país y vigentes, que la ley habilitadora del proceso considera intocables, los autores de la iniciativa los acotan a aquellos referentes a derechos humanos. “El órgano constituyente –precisan- sí puede definir reglas para la suscripción de tratados o su permanencia en ellos y en general definir principios generales de política exterior e inserción internacional que pueden redundar en la revisión o denuncia de tratados internacionales”.

Propuestas

En su artículo primero, la reforma planteada indica que la determinación del quórum de aprobación de las normas de la Convención Constitucional “se hará de forma pública, transparente y democrática y será resuelta por la mayoría absoluta de los miembros en ejercicio de la Convención y en una votación citada para ese exclusivo propósito”.

En el segundo determina que “ni el Tribunal Constitucional ni ningún otro órgano o autoridad establecida en esta Constitución podrá intervenir ni ejercer función o atribución alguna en relación a la Convención”.

En el quinto habilita a la Convención para “establecer un régimen de transición con disposiciones especiales para la entrada en vigencia de las normas o capítulos de la nueva Constitución”.

En un nuevo artículo sexto, en tanto, aborda el derecho a la participación social en el proceso constituyente y la transparencia del mismo, estableciendo que la Convención deberá garantizar la participación ciudadana en el debate constitucional procurando “sistematizar, evaluar, ordenar y administrar” la vinculación del órgano y de sus integrantes con las personas y en particular con organizaciones de la sociedad civil, pudiendo incluso preparar sesiones en terreno.

Dicha participación, prosigue, podrá expresarse también a nivel territorial y de organizaciones a través de eventos o instancias propiciadas por actores sociales y/o municipales, así como gobiernos regionales.

“La participación sustantiva de la ciudadanía se expresará igualmente en los medios de comunicación, debiendo éstos contribuir a la información, conocimiento y difusión de los debates en los términos en que los mismos se producen”, añade.

El artículo séptimo, a su vez, crea dos escaños de convencionales constituyentes para ciudadanos residentes en el exterior. “Para efectos de la calificación de la elección se entenderá que conforman un solo distrito el conjunto de los países donde existan ciudadanos con derecho a sufragio”, explica.

El artículo octavo y final establece que, en caso de ser rechazado el texto constitucional propuesto en el plebiscito ratificatorio, la discusión constituyente volverá a la Convención por seis meses más, prorrogables por otros seis.

J.F.S.

Fuente: camara.cl

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Autor

Julio Frank Salgado

Periodista y bloguero chileno. Reportero y editor en medios de comunicación escritos, radiales, televisivos y digitales. Activista digital por una Constitución democrática para Chile desde 2007. Autor de "Médicos en la Historia de Chile" (2005) e "Idolos de blanco" (2011). Año XVI en la blogosfera de PD.

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