Voz del sur

Julio Frank Salgado

Propuesta a la Constituyente: Recuperar recursos naturales

Organizaciones campesinas demandan un Estado Social de Derecho, garante, entre otros, de los bienes naturales del territorio chileno, que “pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible y no se arriendan, venden, cesionan ni concesionan”.

Propuesta a la Constituyente: Recuperar recursos naturales

Once organizaciones rurales e indígenas comunicaron al órgano que redactará la nueva Constitución su “Propuesta Campesina ante la Convención Constituyente”, que establece un Estado garante de la sustentabilidad de los bienes naturales renovables y no renovables del territorio nacional, los que, agregan, “pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible. No se arriendan, venden, cesionan ni concesionan”.

En esa línea, y en momentos en que el gobierno de Piñera apura el Tratado Transpacífico (TPP11), demandan la recuperación (renacionalización) del cobre y la desprivatización del agua y el mar territorial, así como el reconocimiento constitucional de las semillas “como patrimonio de los pueblos y de la nación”.

Al respecto, proponen la inconstitucionalidad de los tratados internacionales, de libre comercio y similares, como los de inversión o el tratado minero, que limiten, restrinjan o coarten la soberanía nacional en aspectos tales como políticas alimentarias, de salud, educación, sociales, bienes comunes, derechos humanos, laborales, actividad económica estatal, capacidad legislativa y reguladora, defensa nacional y otras áreas.

El documento fue entregado a la mesa de la Convención Constitucional -presidida por Elisa Loncon- el miércoles 21, a través del convencional Francisco Caamaño, de La Lista del Pueblo.

Estado social 

Como uno de los principios fundamentales de la nueva Constitución, afirma la propuesta campesina, se debe reconocer al Estado chileno “como un Estado Social de Derecho, plurinacional y multicultural, cuyo sistema de gobierno es una democracia participativa y cuyo deber es reducir las desigualdades, impedir los abusos e injusticias y procurar la dignidad de la vida de todos y todas quienes residan en el territorio nacional”.

Debe garantizar y resguardar, añade, los derechos humanos, sociales, económicos, culturales y políticos de los pueblos, incluyendo territorios y autonomía, entre otros, y de las personas, tales como educación, salud, trabajo, previsión social, vivienda, transporte, alimentación, medioambiente sano, participación política, acceso al arte y la cultura, acceso a la información y otros.

Los derechos laborales deben ser elevados a rango constitucional en calidad de derechos universales e inalienables, precisa, y establecerse la igualdad efectiva entre hombres y mujeres para acceder al trabajo, posiciones de dirección o coordinación, e igual salario por igual trabajo.

“El Estado debe crear las condiciones marco para erradicar todas las formas de discriminación hacia las mujeres, incluidas las mujeres campesinas, indígenas y mujeres que trabajan en zonas rurales”, estableciendo normas de paridad de género y promoviendo el empoderamiento de aquéllas y las disidencias sexuales para el ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales.

Considera que se debe otorgar rango constitucional también a la Declaración de los Derechos Campesinos y Otras Personas que Laboran en el Ámbito Rural, emanado de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y garantizar los derechos de los pueblos originarios, especialmente al territorio y la autodeterminación.

Propiedad y uso de bienes naturales

Sostiene el documento que “el Estado debe ser el impulsor de un desarrollo nacional sustentable que permita superar la dependencia, desigualdad y fragilidad económica del actual modelo neoliberal y extractivista mediante la promoción de la soberanía alimentaria, la industria nacional, la ciencia, la tecnología y los saberes tradicionales”.

Las organizaciones del campo llaman también a reconocer la función social de la propiedad, la tierra, el agua y los ecosistemas, estableciendo a su vez el deber y el poder del Estado para regular su uso, prohibir su deterioro, limitar o prohibir su concentración y, de ser necesario, fijar procesos de redistribución. Se trata aquí de reconocer la legitimidad de distintas formas de propiedad y usufructo de la tierra, esto es, privada, individual, colectiva, comunitaria, estatal, pública, cooperativa, y de consagrar “el derecho a la restitución de tierras usurpadas a los pueblos originarios y campesinos”.

Piden reconocer, asimismo, las distintas funciones del agua -ecosistémica, productiva y de consumo humano- y garantizar el acceso a su consumo a todos los habitantes del territorio y para la producción agrícola. “El Estado regulará el uso y manejo del agua de riego para la producción de alimentos bajo los principios de equidad, eficiencia y sostenibilidad ambiental”.

El agua no es embargable ni concesionable, sentencian.

Por ello, prosiguen, los recursos del subsuelo deben ser administrados y explotados por el Estado, considerando las necesidades del país y garantizando el cuidado y protección de las poblaciones, los territorios y ecosistemas afectados.

Derecho a las semillas

Otro tema prioritario para las organizaciones firmantes es precisamente la soberanía alimentaria, es decir, “el derecho de los pueblos a alimentos saludables y nutritivos y culturalmente adecuados, en suficiente cantidad, producidos de forma sostenible y ecológica”, como también decidir su propio sistema alimentario y productivo, lo que debe ser reconocido, enfatizan, “como un derecho inalienable de los pueblos y principio ordenador de las políticas agrícolas y alimentarias del país”.

En este aspecto, reiteran que se debe reconocer el derecho a las semillas y a la biodiversidad, “que incluye el derecho de guardar, almacenar, transportar, intercambiar, dar, vender y reutilizar las semillas campesinas, así como el apoyo y fomento de los saberes campesinos y ancestrales”. Recalcan que es deber del Estado “impedir cualquier política, legislación, reglamentación o medida que limite el libre uso, intercambio, mejoramiento y conservación de las semillas”.

Exigen también la prohibición de privatizar las semillas, los animales y otras formas de vida, incluidos los procesos vitales, los componentes y estructuras celulares, genéticas y químicas de ellas, e igualmente de la producción, uso, consumo e importación de cultivos y alimentos transgénicos en el país, incluida la prohibición de producir semillas transgénicas.

Complementariamente, añaden, la Constitución debe reconocer, apoyar y fomentar el papel fundamental de los mercados locales y circuitos cortos de alimentos en el abastecimiento y acceso a la alimentación a nivel local y regional, y reconocer, además, la pesca artesanal como sector estratégico en la alimentación y soberanía alimentaria nacional.

Firman: Confederación Nacional Campesina de Chile Nehuen, Confederación Nacional Campesina Ranquil, Confederación Nacional Unidad Obrero Campesina (UOC), Confederación Nacional La Voz del Campo, Confederación Nacional del Agro (Conagro), Asociación Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas (Anamuri), Red Nacional Apícola, Confederación Nacional Campesina (Conaproch), Asociación Nacional Indígena Leftraru, Asociación Nacional de Turismo Rural (Achitur) y Corporación Alianza para la Innovación y Desarrollo Rural (Calider).

J.F.S.

Fuente: sala.cconstituyente.cl

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Autor

Julio Frank Salgado

Periodista y bloguero chileno. Reportero y editor en medios de comunicación escritos, radiales, televisivos y digitales. Activista digital por una Constitución democrática para Chile desde 2007. Autor de "Médicos en la Historia de Chile" (2005) e "Idolos de blanco" (2011). Año XVI en la blogosfera de PD.

Julio Frank Salgado

Periodista y bloguero chileno. Reportero y editor en medios de comunicación escritos, radiales, televisivos y digitales. Activista digital por una Constitución democrática para Chile desde 2007. Autor de "Médicos en la Historia de Chile" (2005) e "Idolos de blanco" (2011). Año XVI en la blogosfera de PD.

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