Voz del sur

Julio Frank Salgado

El año de la Constituyente (2022)

El proceso constituyente chileno entra en su tercera etapa y final, con el haber de la enorme aprobación popular de 2020 y la diversidad de redactores elegidos en 2021, pero con uno de sus temas fundamentales al debe: la comunicación pública.

La Convención Constitucional, ya está dicho, no fue pensada como una asamblea constituyente, sino como una cámara de diputados más, aunque sus creadores se hayan abierto después a hacerla más representativa de la sociedad introduciéndole paridad de género, escaños para etnias originarias e igualdad de condiciones para los independientes.

Esa fue toda la apertura de la “clase” política. En adelante primaron el estricto cumplimiento de la institucionalidad impuesta por el dictador y la preservación de 30 años de reformas mediante acuerdos cupulares. El quórum de dos tercios para la aprobación de normas constitucionales, el plazo máximo de un año para la redacción de la propuesta de nueva Constitución y los intangibles tratados internacionales ya suscritos por el país -no solamente los de derechos humanos- han sido parte de lo intransable.

El resto lo han tenido que conseguir los protagonistas directos, es decir, el ciudadano común, que eligió por primera vez una mayoría de constituyentes ajena a la política partidista y comprometida con los problemas diarios y más graves de la población; y, enseguida, los elegidos, muchos de ellos activistas por causas en favor precisamente de grupos humanos y zonas naturales históricamente ignorados, dañados e invisibilizados.

Pero persisten dos “enemigos poderosos”, opositores a este transitar inédito hacia una normativa constitucional auténticamente democrática. Uno proviene de sectores conservadores y extremos de la derecha, que han soportado a duras penas un proceso emergido desde estamentos sin alcurnia reconocida y apuestan por su fracaso con más clasismo y racismo que ideología política. El otro es endógeno: una especie de aceptación generalizada y resignada respecto del sistema mediático instalado por la dictadura y desarrollado posteriormente por consorcios privados en forma unilateral, lo que ha capacitado a éstos tanto para acelerar un avance democrático como para desestabilizarlo sin dar explicaciones a nadie.

Piedra tras piedra

Desde el mismo día de su instalación, la convención encargada de redactar y proponer una Constitución que derogue la impuesta por Pinochet tuvo que superar, uno a uno, algunos obstáculos de responsabilidad gubernamental inaceptables en un proceso de alto rango, alcance y connotación como el actual y que, se suponía, debía comprometer la voluntad unánime de toda una nación. Salas de trabajo y recursos técnicos no habilitados oportunamente, un sistema de financiamiento no transparente ni expedito y personal de apoyo administrativo que no generaba confianza dieron la “bienvenida” a los constituyentes.

Después, convencionales de derecha, reducidos a menos de un tercio de los escaños, sin poder de bloqueo ni influencia en las propuestas y tampoco en la mesa directiva, comenzaron a objetar sucesivamente diversos procedimientos y decisiones del órgano, terminando por presentar un recurso de protección ante los tribunales de justicia saltándose la normativa definida específicamente para esas divergencias.

Todo eso, azuzado desde los medios de comunicación de mayor cobertura -donde dicho sector sí tiene mayoría-, los que multiplicaron las críticas en forma sistemática y no fue rara la emisión de algunas noticias falsas (fakenews), provenientes con frecuencia de redes digitales y operadores conocidos como bots. Esas empresas, nacionales y transnacionales, que enarbolan la libertad de expresión como su gran bandera, han abordado el proceso constituyente con reticencia y desconfianza, como si se tratara de algo extraño y peligroso, advirtiendo sobre las propuestas que afectan el derecho de propiedad y la economía de mercado mientras bajan el perfil a la reivindicación de derechos sociales largamente postergados y discriminan a sus voceros.

Insólitamente, dado sus méritos electorales y sus primeras conquistas políticas, el calificativo para la Convención Constitucional que más ha rondado en esas páginas, imágenes y voces ha sido “desprestigio”, ante lo cual no ha habido una respuesta categórica de parte del órgano redactor.

¿Un tema tabú?

Transcurridos seis meses, y habiéndose aprobado en sólo tres el reglamento general de la Convención, realizado innumerables audiencias públicas –incluyendo sesiones en los diferentes distritos- e ingresado ya a la etapa de presentación de propuestas de normas constitucionales, en el ambiente mediático parece haber mayor atención en el contenido de las iniciativas preliminares.

Un eventual cambio del sistema político (de presidencial a parlamentario) y de la forma de estado (de centralista a regionalista autónomo), así como un régimen previsional que termine con las administradoras privadas (AFP), la supresión del tribunal constitucional y un nuevo sistema de justicia, entre otras propuestas iniciales, no han alterado los ánimos… quizá porque de aquel que más incomoda en estos círculos no hay todavía indicios.

Originalmente, tanto la libertad de expresión como el derecho a la comunicación –que propugna un ecosistema mediático equitativo y pluralista- iban a ser tratados por la comisión de Derechos Fundamentales, pero este último fue incluido finalmente en la de Conocimientos, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios, donde hasta el momento se ha conocido un avance en materia de derecho a la ciencia y los conocimientos y de libertad de investigación. Cuatro convencionales periodistas que integraron la comisión provisoria de Comunicaciones –Sánchez, Politzer, Fernández y Pollyana Rivera- sesionan actualmente en otras comisiones.

Al área chica

El pueblo chileno hizo su parte al optar abrumadoramente en 2020 por la posibilidad de una nueva Constitución (79%) y al elegir mayoritariamente en 2021 a líderes sociales independientes para escribirla. La Convención Constitucional -su denominación oficial- o asamblea constituyente -como muestra haber operado hasta ahora- tendrá que cerrar la trilogía este 2022 con una propuesta que interprete al conjunto de la sociedad chilena y confiar en la ratificación popular de su trabajo, aunque no sin antes desatar el apretado nudo mediático que oprime no sólo el derecho a la comunicación, sino también la verdadera libertad de expresión.

J.F.S.

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Autor

Julio Frank Salgado

Periodista y bloguero chileno. Reportero y editor en medios de comunicación escritos, radiales, televisivos y digitales. Activista digital por una Constitución democrática para Chile desde 2007. Autor de "Médicos en la Historia de Chile" (2005) e "Idolos de blanco" (2011). Año XVII en la blogosfera de PD.

Julio Frank Salgado

Periodista y bloguero chileno. Reportero y editor en medios de comunicación escritos, radiales, televisivos y digitales. Activista digital independiente por una Constitución democrática para Chile desde 2007. Autor de "Médicos en la Historia de Chile" (2005) e "Idolos de blanco" (2011). Año XVII en la blogosfera de PD.

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