Ni test, ni mascarillas, ni vergüenza (I)

¿Saben ustedes cuánto nos costó la orgía electoral del año pasado? 452 millones de euros, euro arriba o abajo. Precio de amigo. O sea, 280 millones las dos elecciones generales, la del 28 de abril y el 10 de noviembre, y otros 172 millones de nada las elecciones europeas, autonómicas y locales del 26 de mayo.

Calderilla. Una fruslería para un país tan avanzado, próspero, colorista y europeo como el nuestro. Nada que ver con la pobre y triste España en blanco y negro de nuestros mayores. Esos que han muerto y siguen muriendo como chinches por el coronavirus -sin que siquiera sean contabilizados como víctimas-, abandonados como perros a su suerte en sus domicilios o en las hermosas, acogedoras y dotadísimas residencias de ancianos donde los encerramos (por su bien) para que no estorben. Y sin que hasta el momento, que yo sepa, ningún fiscal haya abierto de oficio diligencias penales por uno solo de los 15.886 ancianos muertos por coronavirus en las 5.457 residencias existentes en España. Una responsabilidad directa, para su vergüenza, del vicepresidente Pablo Iglesias como ministro de Asuntos Sociales.

Viene esta reflexión a cuento de las distintas actitudes y formas de gestionar situaciones excepcionales. Comparemos, por ejemplo, la desastrosa gestión por el “Gobierno de España” de la terrorífica pandemia que nos está matando con la modélica celebración, ahora hace un año, 28 de abril, de elecciones generales; y las europeas, autonómicas y locales menos de un mes después (26 de mayo)

De un lado la caótica gestión, seamos moderados, del Gobierno Sánchez-Iglesias, tanto monta, de la gravísima crisis sanitaria, social y económica por el COVID-19. Sus mentiras, su continuada manipulación de la opinión pública ocultando hechos, cocinando encuestas, estadísticas y datos palmarios para tapar su incompetencia o su ruindad. Su ignorancia soberbia de las advertencias de la OMS, su imprevisión, ineptitud y negligencia presuntamente criminal que ha causado hasta el momento la muerte de 34.385 (*) españoles, según cifras oficiales (que no contabilizan los casi 16.000 ancianos muertos en residencias sin test PCR), 212.917 infectados (entre ellos más de 41.000 sanitarios y miembros de las Fuerzas Armadas y de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de Bomberos), la quiebra de la Nación y un millón de españoles más en la cola del paro.

De otro, la gestión en modo “automático” a cargo de la Administración del Estado de cuatro elecciones nacionales (generales, europeas, autonómicas y locales) en menos de un mes. Con un Gobierno en funciones, disueltos Congreso, Senado, Parlamentos autonómicos y Ayuntamientos. Sin políticos. Con toda la magnitud y complejidad que el proceso electoral conlleva: 17 autonomías, 37 millones de electores, más de 8.000 municipios, 60.000 mesas electorales, proclamación de 200.000 candidaturas, Juntas electorales, juzgados, tutela judicial, infraestructuras de todo tipo, organización del voto por correo en España y el extranjero, participación de Embajadas, apoyo institucional para la propaganda electoral, millones de papeletas de voto, sistemas informáticos, despliegues de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, recuento de votos…, etcétera.

(*) Incluidos los fallecidos en Madrid y Cataluña que el Ministerio de Sanidad se niega a contabilizar, conforme al recuento oficial de muertos por coronavirus de los gobiernos autonómicos de la Comunidad de Madrid y la Generalidad de Cataluña.

(Continuará)