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El Delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, ha sido fotografiado en Bilbao mientras compraba un disco pirata a un vendedor de los “top manta” fichado y varias veces detenido, y al que no le han aplicado la reforma del Código Penal de 2015, que puede enviarlo a la cárcel por vender productos falsificados.
Un caso que recuerda la torpeza de Napoleón cuando ordenó fusilar en 1804 a un Borbón, el duque de Enghien, lo que le afeó Fouché diciéndole que esa muerte había sido “peor que un crimen, un error”.
El error de tener tan alta representatividad, quizás ganada valientemente bajo las persecuciones, amenazas y muertes provocadas por el terrorismo de ETA, y romper ese historial que debería mantenerse impecable representando la legalidad del Estado.
La persona que tiene el control teórico sobre las policías estatales que deben perseguir los delitos –todo delito es, segunda acepción del DRAE, “acción indebida o reprensible”–, y que en lugar de denunciarlo como debe hacer todo representante de la Ley participa en uno, por pequeño que sea, debe ser destituida por loable que fuera su pasado…
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