Asociaciones agrarias, empresas de alimentación y de la distribución española se alían ante la inseguridad jurídica que a su juicio les va a ocasionar la inminente primera autoliquidación del impuesto de bebidas azucaradas de Cataluña.
En concreto, Asaja, COAG, Cooperativas Agroalimentarias, UPA, FIAB, Promarca, Aecoc, Aces, Anged, Asedas, Fehr y Marcas de Restauración se reúnen este lunes en Madrid para exponer los distintos aspectos jurídicos y efectos negativos derivados del impuesto sobre bebidas azucaradas en Cataluña, y las implicaciones para el tejido empresarial de la cadena alimentaria y el sector agrario y rural. El impuesto catalán de bebidas azucaradas entró en vigor el pasado lunes 1 de mayo, un mes más tarde de lo previsto inicialmente. La tasa tiene dos tipos de gravamen, de ocho céntimos por litro y de 12, según la cantidad de azúcar de la bebida, y debe repercutirse al consumidor final, ya que su objetivo es reducir el consumo excesivo de estos productos. Las previsiones de ingresos de la Generalitat para este nuevo tributo son de una recaudación de 30,98 millones en 2017, cálculo que tenía en cuenta la entrada en vigor el 1 de abril, y unos ingresos anuales ordinarios -por año completo- de 41,3 millones. El gravamen se aplica a refrescos o sodas, bebidas de néctar de frutas y zumos de frutas, bebidas deportivas, bebidas de té y café, bebidas energéticas, leches endulzadas, bebidas alternativas de la leche, batidos y bebidas de leche con zumo de fruta, bebidas vegetales y aguas con sabores.
