Lo que no propone Rajoy

La reforma electoral que propone Mariano Rajoy nace viciada porque le conviene a él y a nadie más. Así no hay propuesta que prospere, aunque fuese razonable.

Ésa es una de las desventajas de estar en la oposición. En ella, los deseos se convierten en frustraciones, mientras que, estando en el Gobierno, el BOE los transforma mágicamente en decretos-ley.

¿Por qué sugiere el líder del PP que no se pueda gobernar con menos del 30 por ciento de votos? ¿Por qué le correspondería hacerlo sólo al partido más votado? ¿Y por qué no establecer un mínimo del 40 por ciento? ¿O del 20? ¿Sería el límite sobre el total de votos emitidos? ¿Sobre el conjunto del censo electoral?

Si se exigiese el porcentaje sobre el total de electores, no gobernaría nadie en ninguna parte, dado el creciente abstencionismo de los ciudadanos. Sería la anarquía hecha realidad. Claro que a lo mejor saldríamos ganando. Es lo que argumentaba Indro Montanelli sobre la convulsa Italia de la posguerra: que cuando mejor funcionaba era en el interregno entre dos gobiernos.

Parece evidente que el sistema electoral español también adolece de defectos de origen. El primero, la prima en escaños que reciben los partidos nacionalistas, como lleva denunciando hace años Rodríguez Ibarra, con lo que el país queda finalmente en manos de aquellos a los que España es precisamente lo que menos les interesa.

Pero hay más: la posibilidad de que acabe gobernando cualquier Comunidad el tercero en discordia, como ya sucede en Cantabria, ha estado a punto de pasar en Navarra y puede ocurrir cualquier día en Canarias. Todo, claro, debido a esos pactos postelectorales contra natura que no se explicitan durante la campaña electoral.

Para evitar eso, lo lógico sería una segunda vuelta entre los dos partidos más votados en la primera, como acontece en Francia. Así, los ciudadanos sabrían cuál es el mal menor por el que decantarse, de no convencerles ninguno de ellos.

Con todo, ni lo que Rajoy, ni Rodríguez Zapatero ni ningún líder proponen son listas abiertas y reducir el tamaño de las circunscripciones, como en Gran Bretaña, pues eso daría mayor autonomía a unos diputados que en la actualidad son meros robots al servicio del partido. Hoy día, dada la férrea disciplina cuartelera con que votan los denominados representantes populares, podrían quedarse en casa ricamente y aprobar las leyes por pura aritmética parlamentaria.

¡Lo que nos ahorraríamos en sueldos!