Mandar en la Copa América

Lo dijo bien claro Rita Barberá: ella quería presidir la Copa América “no por el huevo, sino por el fuero”, según el viejo refrán que recogen eruditos como Rodríguez Marín, José María Iribarren y otros. Y es que nuestra alcaldesa sabe que antes que los hechos están los derechos.

No se trata, por consiguiente, de una cuestión menor dilucidar quién debe mandar en la Copa América, como tampoco en cualquier otro evento de semejante fuste. Debe hacerlo quien le incumba y no, como arguía Jordi Sevilla, —fuera ya de ese ministerio que tanto protagonismo le dio—, “el Gobierno de España, que es quien más dinero pone en el acontecimiento”, gracias a su inversión de 50 millones de euros.

La memoria histórica, lo sabemos, es flaca y, sobre todo, interesada. Cuando los Juegos Olímpicos del 92, que proyectaron a Barcelona hacia la modernidad, el acaparador del suceso fue Pasqual Maragall, alcalde a la sazón de la capital catalana, aunque el promotor de la candidatura olímpica había sido años antes Narcís Serra, cuando Maragall sólo era su segundo en la alcaldía. El gran financiador de todas las infraestructuras necesarias fue el Gobierno de Felipe González, que se mantuvo en un discreto y obligado segundo plano. Es más: el puesto de consejero delegado del consorcio creado al efecto recayó en Josep Miquel Abad, miembro del consistorio barcelonés.

Uno recuerda estas cosas, de las que fue testigo presencial, sin necesidad de que nadie se las cuente de forma subjetiva o, lo que es peor, tergiversada. Debido a ello, le asombra la decisión del Gobierno de presidir mediante la ministra Elena Salgado, aunque sea de forma rotatoria, la 33 edición de la Copa América.

Evidentemente, es el Estado quien tiene que pagar una serie de infraestructuras que caen bajo su jurisdicción competencial. Por eso mismo, hacen bien Rita Barberá y el vicepresidente del Consell Gerardo Camps en pedir a la Administración central que acelere la pospuesta llegada del AVE y que amplíe la entrada a la capital por la A-3, la V-30 y los demás accesos a la ciudad. Pero no por ello debe apropiarse de un acontecimiento promovido y peleado por la ciudad de Valencia.

¿Quién si no el Gobierno británico está haciendo lo propio con la financiación de las infraestructuras para los Juegos Olímpicos de 2012? Sin embargo, el protagonista de esa gran fiesta deportiva en ciernes es el alcalde de Londres, Ken Livingstone, y no Tony Blair, primer ministro hasta hace bien poco, ni Gordon Brown, su sucesor al frente del gabinete laborista aunque, eso sí, todos ellos del mismo partido.

Lo que ocurre aquí, en cambio, es que la Copa América supone un magnífico escaparate social y, por ende, político y en época preelectoral todo el mundo quiere aprovecharse de la exposición pública que eso le proporciona. A seis meses de las elecciones generales de marzo, nadie da ya puntada sin hilo, como cuando Rodríguez Zapatero anuncia en la fiesta minera de Rodiezmo la subida de las pensiones mínimas 110 euros al mes o Manuel Chaves se compromete en Andalucía a que todas las familias que ganan menos de 3.000 euros al mes tengan su propio piso.

Luego, las promesas se cumplirán o no, según se tercie, pero por prometer que no quede. Como sucedió en el famoso mitin de un político durante la Segunda República. El candidato de entonces, que iba de pueblo en pueblo, anunció en uno de ellos que allí construiría un puente. El alcalde, que estaba a su lado, le dijo al oído, angustiado, que en esa localidad no había río. Sin inmutarse, el político de la capital apostilló: “Y antes de nada traeremos el río, para que podáis cruzarlo cuando tengáis el puente”.

Salvando las distancias, algo de eso podría suceder con nuestro presidente de Gobierno. Tan poco creía el hombre en la Copa América en 2004 que se olvidó de citarla en su discurso de investidura. Ahora, visto el éxito del evento y su rédito electoral para Francisco Camps, se ha convertido en un defensor tan fervoroso de la competición náutica que se la apropia. Eso, aunque la lógica y la historia digan lo contrario.