La riada como fenómeno electoral

Se lamentaba esta semana el consejero valenciano José Ramón García Antón de la utilización de las riadas por el Gobierno central para atacar al de Valencia y acababa él mismo por incidir en aquello que criticaba.

Por desgracia, resulta connatural a la condición humana el usar las tragedias colectivas para obtener réditos políticos. Lo hizo en el verano de 2002 el canciller alemán Gerhard Schroeder, cuando estaba contra las cuerdas en las encuestas. Se calzó las botas de agua, fue a las inundaciones del Danubio y, contra pronóstico, ganó las elecciones.

En sentido contrario, el descrédito de Bush, comenzó antes del desastre de Irak, cuando la imprevisión ante el huracán Katrina anegó Nueva Orleáns hace dos años.

No es de extrañar, por consiguiente, el rápido desembarco de los ministros Bernat Soria y Jesús Caldera, y el posterior de Magdalena Álvarez, interesándose por los siniestrados de las nundaciones. Por fortuna para ella, no lo hizo Cristina Narbona, de viaje por China con el presidente de la Confederación del Júcar, Juan José Moragues. Aun así, con su incontinencia verbal habitual, la ministra echó de oídas la culpa, como siempre, al “urbanismo salvaje” de la Comunidad valenciana. De momento, lo que ha conseguido es el rechazo unánime del empresariado alicantino, en palabras de su presidente, Modesto Crespo.

Con más prudencia y eficacia, el denostado Gobierno valenciano se ha implicado en solucionar el desastre, con la asistencia personal de Francisco Camps y media docena de consejeros, empezando por el omnipresente Serafín Castellano. Aun admitiendo la buena fe de todo el mundo, ha sido ostensible la rivalidad de las administraciones central y autonómica. Durante la visita de la vicepresidenta Fernández de la Vega, por ejemplo, un oportuno malentendido evitó que pudiesen hacerle sombra los consejeros Juan Cotino y Angélica Such y el diputado Federico Trillo, presentes en la zona.

Quien no ha aparecido, aunque tampoco se le esperaba, es el presidente Rodríguez Zapatero, con preocupaciones para él más perentorias que la Comunidad y para quien el escándalo de Pla no ha acabado de favorecer su posición electoral en esa tierra.

En cualquier caso, los políticos, no dan puntada sin hilo. Así, si para unos el urbanismo descontrolado favorece el corrimiento de tierras —lo que puede ser cierto—, para otros hay más responsabilidad en la falta de limpieza de vaguadas por discutibles razones ecológicas —que también—. Y, para colmo, si existen culpables de edificar en torrenteras, riberas de los ríos y zonas prohibidas de playa son esa infinidad de pequeños propietarios que perpetran una ilegalidad mil veces consentida, como aquella del camping de Biescas, en Aragón, al que se lo llevó una crecida hace once años.

Por si acaso, el alcalde de Jávea, Eduard Montfort, ya ha paralizado proyectos urbanísticos en curso por temor a futuras inundaciones.

Pero lo ocurrido en la Marina y la Safor no ha sido la única polémica. El arquitecto Santiago Calatrava se ha apresurado a responsabilizar de la inundación del Palau de les Arts al jardín anejo, lo que él ya habría denunciado hace diez años, para desacuerdo del paisajista que lo proyectó, Rafael Narbona. Y es que Calatrava, genial artista aunque no tan preocupado por la funcionalidad de sus obras, debe estar escarmentado de reproches como el del alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna, por los posteriores arreglos a su puente peatonal.

Es verdad que las tragedias también traen consigo estos efectos colaterales. Lo importante en esta hora, con todo, es paliar el desastre e impedir consecuencias igual de catastróficas en el futuro. En esto, por fortuna, también rivalizan las administraciones: desde los 60 millones presupuestados ya por el Consell, hasta las 15 medidas para 70 municipios aprobadas anteayer por el Consejo de Ministros.

La suerte de los afectados, aunque dicho así suene con el sarcasmo de la paradoja, es la celebración de elecciones generales antes de cinco meses. Pero, pasada la fecha electoral, ¿habrá que esperar a unos nuevos comicios para movilizarse? ¿Resurgirá entonces la polémica de lo que tenía que haberse hecho y no se hizo?

De suceder así, se demostraría que, una vez más, los buenos propósitos sólo duran lo que una campaña electoral.