Justicia para quienes no somos jueces

Los jueces, ahora, piden justicia para ellos. No está nada mal, porque también tienen derecho. Claro que ante su amenaza de huelga, un amigo ironizaba con malicia: “A lo mejor ésta no se nota, porque jamás he visto a un magistrado llegar a la hora señalada para una vista”.

La mala uva de esa frase evidencia dos cosas: el prepotente menosprecio de bastantes jueces hacia los encausados y la pérdida de consideración social de un estamento que hasta hace poco salía bien parado en las encuestas de opinión, muy por encima de políticos y periodistas, pongo por caso.

Y es que muchos ciudadanos están hasta el moño de una judicatura que consideran lenta, poco eficaz y hasta pintoresca en algunas sentencias muy comentadas, como la absolución de Constantino García, el alocado automovilista que conducía a 260 por hora, y al que el juez consideró que “no suponía un peligro público”, por lo que el animal de bellota se atrevió a reclamar una indemnización por el tiempo que estuvo sin carné.

Nada que objetar, con todo, a que los magistrados exijan más salarios y más medios con los que realizar su labor. Lo curioso es que esa demanda informática y de coordinación de expedientes se produzca veintitantos años después de que lo hayan hecho bancos, periódicos y hasta empresas de pasamanería. ¿Por qué, ahora, estas urgencias?

Probablemente, se deban al caso del juez Rafael Tirado, que dejó en libertad a Santiago del Valle, el asesino de la niña María Luz Cortés, y cuya modesta sanción disciplinaria ha bastado para poner en pie de guerra a sus colegas. O sea, que otro mal endémico del sector, aparte de su lentitud —sirva como ejemplo que el estafador de Gescartera, Antonio Camacho, tardó siete años en ser condenado—, es el corporativismo.

Pero hay más. A la falta de medios, a la descoordinación, a la lentitud, a la ausencia de control y al corporativismo hay que añadir una supeditación política que se pone de manifiesto en los constantes rifirrafes del CGPJ, en la pugna entre el Constitucional y el Supremo y hasta en las absurdas y reiteradas demandas con las que los políticos colapsan muchas veces los tribunales.

Para colmo, y como si nuestros magistrados estuviesen sobrados de tiempo y escasos de asuntos a los que atender, se ha puesto de moda encausar a soldados norteamericanos por el asesinato de José Couso, como hace el irreductible juez Santiago Pedraz, o la última imputación del magistrado Fernando Andreu a un ex ministro israelí por la matanza de Gaza en 2002.

Todo eso está bien, si se quiere, pero el día en que se imparta justicia con el mismo interés y la misma diligencia a los ciudadanos del común, eso será algo que todos, y no sólo unos pocos, habremos salido ganando.