El aborto, Camps y las embarazadas

Abortistas y antiabortistas están de acuerdo, al menos, en una cosa: en que la interrupción voluntaria del embarazo debe ser la excepción y no el método habitual de contracepción. Y, si no coinciden en este planteamiento, deberían hacerlo, ya que el número de abortos se ha duplicado absurdamente en España durante la última década, pasando de 53.847 en 1998 a 112.138 en 2007.

La apasionada polémica actual ha saltado con virulencia de las tertulias políticas a la calle, incluida la reciente manifestación organizada por el Foro Español de la Familia, que preside Benigno Blanco, y otras asociaciones pro-vida. Sin embargo, el debate ya no es sobre aborto sí o no, como recordaba el efímero Ministro de Sanidad, Bernat Soria, pocos días antes de ser cesado, ya que su legalización figura en nuestro ordenamiento jurídico desde que, siendo ministro del ramo Julián García Vargas, se despenalizaron en 1985 los tres supuestos actuales de interrupción quirúrgica del embarazo.

Lo que pretende ahora la incompetente ministra Bibiana Aído —entiéndase que me refiero a que su cartera tiene escasas competencias, aparte de las estrictamente abortistas— es liberalizar aquella interrupción durante las primeras semanas de gestación.

Obsérvese, por cierto, la creciente falta de competencias —y probablemente también de eficacia— de un número de ministerios cada vez mayor. Trasferidos los temas de sanidad, de educación, de bienestar social y en gran parte los de vivienda a las distintas comunidades autónomas, ¿a qué demonios se dedican, además de la mentada Bibiana Aído, otros miembros ministeriales de cuota como Cristina Garmendia, Trini Jiménez o Beatriz Corredor?

Es un misterio que probablemente lo desconozca hasta el mismo Rodríguez Zapatero, a tenor de las mínimas tareas que las encomienda. Pero no nos desviemos del tema central de este artículo.

Hablábamos de que 24 años de despenalización del aborto, por un lado, y de una presunta educación sexual de los jóvenes, que evitase embarazos indeseados y previniese desde enfermedades venéreas hasta el sida, no han dado resultados. Así, a diferencia de otros países, como Holanda, que tiene una tasa de abortos de 0,53 por cada cien mujeres, la de España es de 1,14.

Ése es el pavoroso problema. No el de que se amplíen unas posibilidades de abortar que, en efecto, como dicen sus defensores, a nadie obligan, sino la frívola banalidad con la que muchas adolescentes interrumpen traumáticamente su embarazo como quien se toma una caña. Y es que hemos banalizado la práctica del sexo, a veces promiscuo, sin tomar las debidas precauciones y con el aborto como remedio trivial llegado el caso.

Para mitigar positivamente los resultados de esa situación dentro de su espacio territorial, está la llamada Ley de Protección a la Maternidad que promueve el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps. Al igual que la de ámbito estatal, aunque en sentido opuesto a ella, sus propuestas tampoco obligan a nadie, por lo que resulta perfectamente compatible con la ampliación de la interrupción de embarazos que propicia la otra.

Si de lo que se trata es de reducir las trágicas cifras de abortos, con sus traumáticas secuelas, la ayuda de la Generalitat Valenciana a las madres gestantes que se acojan a ella —incluidas las prestaciones económicas— ofrece una lógica impecable que sólo puede ser replicada por los abortistas con el temor de que la oferta de 600 euros mensuales hasta durante tres años pueda resultar un estímulo en vez de una contención.

Eso sería todo lo objetable desde una óptica de izquierdas. Por lo demás, la prueba de que Francisco Camps se ha tomado el tema muy en serio es la implicación en él de seis consejerías: las de los vicepresidentes de Economía, Gerardo Camps, y de Bienestar Social, Juan Cotino, y las de Sanidad (Manuel Cervera), Justicia (Paula Sánchez de León), Inmigración (Rafael Blasco) y Educación (Alejandro Font de Mora).

No se trata, pues, de un tema menor. Pero sus paliativos todavía resultan insuficientes.

El grave problema de esta sociedad huérfana de valores y fomentadora de conductas triviales e insolidarias, es, también, el de la escasa prevención de situaciones anómalas, de las que la interrupción quirúrgica del embarazo se manifiesta como un caso extremo.

Mientras aún sea más cómodo, más fácil y más tolerable abortar que usar el preservativo o tomar la píldora del día después, el problema no estará resuelto por muchas leyes que se hagan en uno u otro sentido.