Huelga general de la enseñanza valenciana

La rocambolesca y ridícula peripecia de la Educación para la Ciudadanía en inglés va a acabar en una huelga general de la enseñanza valenciana el próximo día 28. Ya ven lo que da de sí el empecinamiento en mantener una política contra corriente y contra el propio sentido común.

Probablemente, el paro no alcanzará las cotas que prevén sus impulsores —la Plataforma por la Enseñanza Pública que encarna Gemma Piqué—, pero sí que supone en sí mismo un varapalo a la estrategia del conseller Font de Mora, en un momento en el que el Gobierno de Francisco Camps si algo necesita es sosiego con el que afrontar los retos que tiene por delante.

La prueba de que todo esto es un regalo caído del cielo a una oposición habitualmente huérfana de argumentos la tenemos en la prisa del socialista Jorge Alarte en apoyar la huelga, arguyendo que el presidente valenciano “lleva un año y medio poniendo en jaque a padres y alumnos y es incapaz siquiera de reunirse con los representantes de la comunidad educativa”.

En efecto: el arrogante ninguneo a que los ha venido sometiendo el conseller de Educación y las tácticas dilatorias de su segunda, la secretaria autonómica Concha Gómez, han acabado por exacerbar los ánimos de los grupos de defensores a ultranza de la enseñanza pública.

Éstos, de ordinario, ya suelen demonizar todo lo que suene a sector privado, trátese de la educación, de la medicina o de lo que sea, cuando en realidad la degradación de la enseñanza no está ligada a ningún fenómeno de privatización, ni aquí ni en cualquier parte del mundo. La mala de la película no es la escuela privada frente a la pública, sino el que no haya igualdad de acceso a ambas y que no se les exija la misma calidad a las dos.

Los problemas de la educación en toda España son, pues, otros: el absentismo y el abandono de la escolarización —que sí denuncian los autores de la Plataforma en sus famosos 13 puntos—, la creciente violencia de los alumnos y el acoso en las aulas, la desmotivación y morbilidad laboral de los docentes —con más bajas por depresión que cualquier otra actividad—, el cambio arbitrario, constante y sectario de las leyes generales de Educación, etcétera, etcétera.

Fíjense si hay o no tela donde cortar.

Dentro de unos días, escolares de secundaria de casi todas las comunidades autónomas se someterán al cuarto informe PISA para evaluar sus conocimientos comparados. Dentro de año y medio conoceremos sus resultados. Los del informe previo fueron demoledores: sobre 57 países, España ocupó el lugar 35 en conocimiento de la lengua, el 32 en matemáticas y el 31 en ciencias. Es decir, por la cola. Y lo que es peor, descendiendo respecto a las evaluaciones anteriores.

Pues bien: tres comunidades autónomas de las más bajas en el escalafón nacional educativo —Extremadura, Castilla-La Mancha y la valenciana— se negaron a participar entonces y siguen sin hacerlo ahora. ¿Tan pavoroso es su nivel escolar que les avergüenza que se haga público?

Lo cierto es que la enseñanza media española está tan por los suelos que la entonces ministra de Educación, Mercedes Cabrera, decretó en noviembre de 2007 que se podía pasar de curso con cuatro asignaturas suspendidas. Ese artículo, con buen criterio, fue anulado por el Tribunal Supremo hace unas semanas.

Esa política administrativa de pretender ignorar la realidad para evitar así ver sus problemas no es exclusiva, pues, de la Comunidad Valenciana. También la ministra Cristina Garmendia desdeñó olímpicamente explicar a los universitarios el Plan Bolonia. Amputada ahora, por suerte, su cartera de las competencias académicas, le toca al nuevo ministro Ángel Gabilondo apechugar con un conflicto tan artificial como enconado.

Pero hablábamos de los problemas de los niveles inferiores de enseñanza. Tan graves parecen y tan difíciles de resolver se presentan que uno de sus síntomas es que casi nadie quiere ser director de colegio. En Cataluña, por ejemplo, hace dos años no hubo candidatos para el cargo en un 43 por ciento de escuelas e institutos; pero es que este año quedó desierto el 58 por ciento de las plazas. En Navarra, a su vez, 42 de 59 directores han tenido que ser designados a dedo por la Administración.

En un contexto tan preocupante como éste, el haber desencadenado el mayúsculo lío de la Educación para la Ciudadanía en inglés es un raro mérito de Font de Mora, de Camps o de los dos a la vez. En cualquier caso, si todo eso sirve para reflexionar sobre la cuestión de la enseñanza y avizorar alguna salida, bien venido sea. Pero me temo que sólo servirá para seguir encizañando la vida política por unos y por otros y, una vez más, dejar relegados los problemas del sector a un segundo plano.