Regreso de un viaje por varias capitales españolas, donde bastantes de mis interlocutores dan ya por liquidado políticamente al presidente valenciano, Francisco Camps, tras la revelación ¿insidiosa? de sus últimas conversaciones telefónicas con Álvaro Pérez, el Bigotes
Les argumento que ese rocambolesco asunto de unos trajes sin facturas no va a tener el coste electoral que ellos creen. Y no, exactamente, por la posible irrelevancia penal en que pudiera concluir, sino por estrictas razones políticas. Me explicaré.
En estas cuestiones del honor de los políticos, como de las demás personas, son aplicables las palabras de Lope de Vega: “Honra es aquella que consiste en otro, ningún hombre es honrado por sí mismo, que del otro recibe la honra”. Y, a lo que parece, la de nuestro President aún no resulta afectada, pues en las encuestas internas que maneja el PP su ventaja demoscópica sobre la oposición continúa siendo apabullante.
Por eso, cuando el pasado jueves la siempre crispada parlamentaria de Compromís Mònica Oltra le instó a convocar elecciones anticipadas, un relajado Paco Camps pudo replicarle que en ese hipotético caso algunos de los diputados de su grupo de izquierdas perderían el escaño.
En este país, por desgracia —y lo digo deliberadamente—, muchas conductas penales quedan en simples anécdotas. Ya me dirán, si no, a qué viene la constante cara de satisfacción del ex presidente de Caja Castilla-La Mancha, Hernández Moltó, tras revelarse que otorgó 3.200 millones de créditos de dudoso cobro.
Dados esos casos y otros igual de hirientes que ellos, la ciudadanía practica un escepticismo político cada vez más acusado, como revelan uno tras otro los sucesivos sondeos de la opinión pública. ¿Es responsable o no el alcalde ilicitano, Alejandro Soler, del desvío de facturas del PSPV-PSOE hacia el consistorio? Vaya uno a saber, se dicen los desengañados electores, que atribuyen un 50 por ciento de estos sucesos a la sinvergonzonería de sus autores y otro tanto a maniobras de los partidos rivales.
Al respecto, recuerdo la imputación de Jordi Pujol en 1984, cuando el llamado caso Banca Catalana, del que fui espectador de primera fila.
También se produjo en aquella ocasión una filtración del sumario, que fue publicado en el periódico que entonces yo dirigía, ya que la lógica obligación de cualquier periodista es informar a sus lectores. En aquella ocasión, en cambio, no nos dedicamos a trocear el sumario, ni a manipularlo ni a dosificar su aparición, predisponiendo así a los jueces y a los ciudadanos. Es más: en plena vorágine del asunto, ofrecí al cabreado secretario de la Presidencia, Lluís Prenafeta, publicar también el pliego de descargos, cosa que a continuación hicieron los letrados de Pujol.
Traigo aquí a colación aquel caso infinitamente más grave que el de ahora para evidenciar las diferencias de enfoque periodístico de uno y otro. Como todos recuerdan, Jordi Pujol fue juzgado, absuelto y, con posterioridad, ganó cuatro elecciones consecutivas a la Presidencia de la Generalitat.
Entiendo, pues, aunque no la comparto, la obsesión enfermiza de algunos dirigentes del PP de que todo esto de ahora obedece a la inquina personal del juez Baltasar Garzón y a su utilización política por Rodríguez Zapatero. En consecuencia, practican ellos a su vez el conocido método del ventilador y le buscan las cosquillas al secretario socialista autonómico, Jorge Alarte, hasta con la adjudicación a su hermano del servicio de grúa de Alfafar.
No hace falta emponzoñar de esta manera la vida pública, cuando lo cierto es que Alarte no ha conseguido articular por sí mismo un discurso de alternativa política coherente y su actuación resulta ensombrecida cada día por el propio delegado del Gobierno central, Rafael Peralta.
Tampoco considero oportuno el inmovilismo estratégico de Paco Camps, quien no reconoció en su momento su amistad con El Bigotes, se negó luego a contestar a las interpelaciones del portavoz parlamentario socialista, Ángel Luna, retrasó más tarde el proceso al impugnar parte de las investigaciones de Garzón y divulgó finalmente una discutible declaración de bienes que lo muestra hasta incapaz de generar un modesto patrimonio.
Con todo, Camps seguiría ganando hoy día unas elecciones en la Comunidad Valenciana. Claro que también lo haría el PP con Rita Barberá o con el actual vicepresidente primero, Vicente Rambla, al frente.
Eso es así dada la inconmensurable incapacidad de la oposición, pero no quiere decir que las opciones de Francisco Camps permanezcan incólumes en el ámbito nacional. Lo que han pretendido los enemigos del Presidente autonómico es atacarle en el ignominioso flanco del descrédito personal —unos simples trajes, se dice, por amistades del tres al cuarto— y es ese flanco, precisamente, el que más le duele al expectante aspirante a La Moncloa Mariano Rajoy.
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