Corrupción generalizada y consentida

Como el dopaje en el deporte, la corrupción política ha existido siempre. Ahora, análisis más científicos, en un caso, y jueces más competentes, en otro, permiten su eclosión manifiesta.

La corrupción tampoco es una fruta exclusiva de este país: que se lo pregunten, si no, a Chirac o Berlusconi, o a los diputados franceses, que se auto-amnistiaron por la cara en dos ocasiones, o a los parlamentarios británicos, pringados hasta por el precio de una hamburguesa.

Nuestra particularidad, digámoslo así, es que aquí siempre ha estado bien visto engañar a Hacienda, copiar en un examen, recibir obsequios de clientes o enchufar a hijos y cuñados. Por eso, todo el mundo conocía la corrupción inmobiliaria, sin que se hiciese nada para impedirlo.

Lo intentó Josep Borrell ya en el lejano 1991, cuando le hicieron ministro de Obras Públicas: “Acabaré con la política de sobres bajo mano”, dijo. Años después, hasta dos subordinados suyos, Huguet y Aguiar, acabaron pillados por corruptos.

A veces, las tramas fraudulentas son difíciles de detectar, con dobles contabilidades, ingenierías financieras, paraísos fiscales y demás panoplia. Otras, sin embargo, están tan a la vista que Maragall pudo decir aquello del 3 por ciento que CiU se llevaba de comisión. Pero todos callaron como muertos.

A medida que haya policías más cualificados, fiscales más expertos y jueces mejor preparados en temas financieros, veremos pocos municipios libres de pecado, pocos partidos inocentes como doncellas y pocos empresarios que no hayan sobornado para poder competir.

Al menos, y ésa es la ventaja de la democracia, todas estas cosas acaban casi siempre por saberse, aunque sólo sea hasta la próxima ocasión.