El oprobio del indulto

Una eventual condena judicial de Urdangarín, Díaz Ferrán y otros golfos de alto standing, no quiere decir necesariamente que acaben con sus huesos en la cárcel. El uso y abuso por los sucesivos Gobiernos españoles de la figura jurídica del indulto podría hacer que se saliesen de rositas, sin más sanción, eso sí, que la de su propia infamia.

En los últimos años, los Gobiernos españoles de uno y otro signo han concedido más de un indulto al día a penados de todo tipo, desde traficantes de drogas hasta homicidas. Uno de los más significativos fue el del banquero Alfredo Sáenz Abad, condenado por haber realizado una denuncia falsa y que obtuvo el perdón del último Ejecutivo de Rodríguez Zapatero.

Ya ven si no hay razones de sobra para sentirse mosqueado. Máxime ante la creciente lista de presuntos delincuentes de cuello blanco —políticos, empresarios, ex consejeros de cajas de ahorro,…— imputados, acusados o simplemente sospechosos de habérselo llevado crudo a costa de los contribuyentes.

El último escándalo ha sido de otro tipo: el perdón a cuatro mossos d’esquadra condenados por torturar a detenidos. Pero da igual. El común denominador del derecho de gracia regulado por una valetudinaria ley de 1870 es el de su arbitrariedad. Posiblemente haya casos en que se den razones de “justicia, equidad o conveniencia pública”, como especifica la propia ley. Pero, ¿cuántos otros no estarán motivados por el amiguismo, la complicidad o la conveniencia privada?

La opinión pública está tan escamada con nuestra clase dirigente y con la sensación de impunidad de sus posibles fechorías que ya es hora de que la justicia actúe con contundencia y que los políticos dejen de poner trabas a su correcto ejercicio.