Redes de poder en México

Para los interesados en la política mexicana, se reproduce a continuación la colaboración semanal que publica todos los lunes el destacado y muy respetado reportero y por mucho tiempo director editorial del periódico El Financiero, Alejandro Ramos Esquivel.

Quien en su columna intitulada “Redes del Poder”, en esta ocasión presenta un muy interesante análisis sobre los aspectos medulares de la política nacional que encaminaron la reforma electoral y la reforma fiscal recién aprobada la semana pasada por el Congreso de la Unión; he aquí su presentación:

REDES DE PODER. Alejandro Ramos Esquivel. Lunes, 17 de septiembre de 2007

Rebelión en la granja.

El papel decisivo del Congreso en las reformas fiscal y electoral, especialmente esta última, marca un cambio sin precedente en el ejercicio del poder en el país, donde el presidencialismo -por la vía de los hechos- tiende a dejar de ser el eje del sistema que ha regido en México durante más de un siglo.

Al margen de la insuficiencia de las reformas mencionadas y del choque a que dieron lugar con poderes fácticos como la cúpula empresarial y los concesionarios de radio y televisión, el Congreso, respaldado por los tres principales partidos políticos, se constituyó en una fuerza real que, al menos por el momento, se ha colocado por encima de los otros poderes.

La inusual alianza entre legisladores del PRI, PAN y PRD constituyó una auténtica «rebelión en la granja», ya que después de muchos años de sumisión y de carecer de iniciativa, muy al estilo de lo que narra la novela de George Orwell, los congresistas decidieron «romper sus cadenas» y en mucho atentar contra sus propios intereses, particularmente los de ascenso político.

A esta actitud se le denominó de inmediato «partidocracia», y motivó una auténtica escalada de críticas y descalificaciones a los congresistas, a quienes se acusa de imponer su voluntad, trabajar exclusivamente para sus intereses y dar curso a legislaciones que atentan contra la democracia y la libertad de expresión.

Pese a esto, los legisladores aseguran que no están dispuestos a dar marcha atrás y se dicen decididos a sacrificar sus carreras políticas personales, pero de ninguna manera «doblarse» ante el poder mediático ni frente a presiones de ningún tipo.

La síntesis de esta «declaración de independencia» de los legisladores la dio el senador panista Ricardo García Cervantes, quien dijo en la larga historia de reformas en México, por primera vez «el diálogo y la negociación se realizaron sin que el Ejecutivo federal fuese el punto referente y conductor del proceso: esta vez -subrayó- la mesa fue redonda y sin cabecera».

Esto pareció confirmarlo la declaración del presidente Felipe Calderón al expresar su beneplácito por la aprobación de las reformas fiscal y electoral, al tiempo que felicitó a los partidos representados en el Congreso por su capacidad de alcanzar acuerdos trascendentes para el país.

De esto modo, Calderón «desilusionó» a quienes esperaban que adoptara una actitud crítica hacia el Congreso, particularmente en el terreno de la reforma electoral y la remoción de los consejeros del IFE.

Empero, la actitud de Calderón puede explicarse de manera lógica pues, de un lado, su gobierno resulta beneficiado con la aprobación de la reforma fiscal, puesto que obtendrá los recursos adicionales que se propuso para 2008, con lo que amplía su margen de maniobra.

Por lo que se refiere a la reforma electoral, corresponde a una iniciativa que no surgió del Ejecutivo sino del propio Congreso y que por tener un carácter constitucional, la exime de la posibilidad de veto presidencial.

En esta circunstancia, resultaría inútil y equivocado, si es que no estuviera de acuerdo con lo aprobado en materia electoral, que Calderón se manifestara públicamente en contra, ya que está claro que en adelante requerirá un mayor respaldo del Congreso para impulsar reformas aún pendientes, como son la energética y la laboral.

Sin embargo, en las filas del PAN hay voces que aseguran que la «independencia» de los legisladores, al menos de los de Acción Nacional, no es tal, y que su actuación fue dirigida desde Los Pinos y convenida como «moneda de cambio», al colocar en el mismo paquete a las reformas fiscal y electoral, que tienen una naturaleza muy distinta.

Los hechos y la futura actuación del Congreso serán los que determinen si la «rebelión en la granja» prosperó, o efectivamente fue una mascarada y el ejercicio real del poder sigue moviéndose bajo la batuta del Ejecutivo.

Por lo pronto, la «partidocracia» parece haber ganado una importante batalla al obtener el respaldo presidencial y no ceder ante la ofensiva mediática de los concesionarios de radio y televisión y frente a las fuertes críticas de la cúpula empresarial.

Cabe apuntar que la respuesta de estos llamados «poderes fácticos» fue tardía y desordenada, en buena medida porque se vieron sorprendidos por la acción de los panistas al sumarse a las propuestas de la oposición, no obstante que la remoción de los consejeros del IFE representaría, como lo advirtió el consejero presidente de ese organismo, Luis Carlos Ugalde, que la elección de 2006, en la que ganó Calderón por menos de un punto porcentual, habría sido fraudulenta.

Los cuestionamientos a los legisladores no prosperaron, entre otras cosas porque además de que se dieron virtualmente sobre hechos consumados, en algunos casos resultaron baladíes, como considerar una atentado a la libertad de expresión tener el derecho o no de calificar de «guapo» al gobernador Enrique Peña Nieto.

Tampoco fue acertado que como parte de sus «argumentos persuasivos», hayan insultado públicamente y en cadena nacional a los legisladores, al tiempo que se proponía en abstracto realizar un «referéndum por la libertad» que no está contemplado en ninguna ley, mucho menos para ser sancionado por los actuales consejeros del IFE, los cuales, de acuerdo con la nueva reforma, ya van de salida.

Esto facilitó y simplificó la respuesta de la «partidocracia», que redujo al «dinero» el único motivo de queja de los concesionarios, dado que la reforma conlleva la eliminación de alrededor de tres mil millones de pesos en espots de radio y televisión por parte de los partidos políticos, así como un virtual impuesto adicional del 30 por ciento en tiempo triple A, que por ley tendrán que cubrir los medios electrónicos.

Una vez aprobada por las cámaras de Diputados y Senadores, la reforma electoral -por su carácter constitucional- tendrá que recibir luz verde de los congresos estatales, lo que se observa como un trámite, a menos que efectivamente los gobernadores -que son otro poder- convenzan a sus legislaturas locales de que la rechacen.

Esto último se ve poco probable, por lo que la «partidocracia» se habrá apuntado otro tanto a su favor y sus dirigentes, los coordinadores parlamentarios de los partidos, seguirán en «pie de guerra».

El hecho es que en estas «batallas» queda claro que hay ajustes dentro del sistema del poder en México, con la «partidocracia» como nuevo gran contendiente. Habrá que ver hasta cuándo dura. Autor Alejandro Ramos Esquivel, columna política “Redes del Poder”. Publicada en el periódico El financiero. www.elfinanciero.com.mx. 17 de septiembre de 2007.