Empresarios de Arizona ruegan por inmigrantes

Industriales de la construcción impugnan la ley que les prohíbe dar contratos a ilegales; “no se previó el daño a la economía”

La primera semana del año 2008, en el estado de Arizona entró en vigor una nueva ley antimigrante que obliga a los patrones a verificar si sus empleados están autorizados para trabajar de manera legal en Estados Unidos.

La medida obliga a las 150 mil empresas o negocios registrados en Arizona a utilizar el programa federal de verificación electrónica conocido como E-Verify para cerciorarse de la legalidad laboral de cada empleado.

La ley impone sanciones más fuertes que las establecidas por el gobierno federal a quienes contraten de manera consciente a indocumentados, al amenazar con cerrar las empresas que incurran en dos violaciones en tres años.

El nuevo estatuto entra en vigor tras haber superado dos demandas en las cortes, interpuestas por grupos defensores de los derechos civiles, para tratar de frenar sus efectos. Ello de acuerdo a una nota publicada por el periódico La Jornada.

Estas agrupaciones consideran que la ley “castiga” a los negocios al obligarlos a verificar la autorización de empleo de las personas.

Varios estados han aprobado leyes que sancionan a los empleadores de indocumentados, pero la norma de Arizona es la única que impone a todos los patrones utilizar el sistema E-Verify, que a escala federal continúa siendo voluntario.

La ley, conocida como Acta de los trabajadores de Arizona, no contempla, a pesar de la obligatoriedad, sanciones contra aquellos que decidan no inscribirse en el programa.

Por ello resulta interesante el trabajo desarrollado por Georgina Olson reportera del periódico Excélsior, que publica hoy para su mayor información:

Industriales de la construcción impugnan la ley que les prohíbe dar contratos a ilegales; “no se previó el daño a la economía”. Phoenix, Arizona.- Ante la falta de mano de obra que enfrenta ya Arizona, empresarios de ese estado han iniciado un pleito judicial contra la Ley del Trabajador Legal (Legal Workers Act, en inglés), la cual impide la contratación de inmigrantes indocumentados.

La Asociación de Contratistas de Arizona, dirigida por el estadunidense David Jones junto con la organización Empleadores de Arizona por la Migración Legal, la Federación de Burós de Agricultores de Arizona y otras nueve agrupaciones—, entablaron una demanda contra la gobernadora de esa entidad, Janet Napolitano, y el fiscal general local, Terry Goddard, en la que argumentan que esa ley es inconstitucional.

El 6 de enero entró en vigor en Arizona la Ley del Trabajador Legal, que penaliza a los empleadores que contraten a indocumentados. La norma establece que el patrón debe verificar el estatus migratorio de sus empleados en una base de datos llamada E-Verify, y advierte que si contrata a un ilegal, pierde sus credenciales comerciales y queda fuera del negocio.

Esta medida ha desatado la salida de miles de trabajadores mexicanos indocumentados, muchos de los cuales trabajaban en el sector de la construcción en Arizona.

Al respecto, la Asociación de Contratistas de Arizona que agrupa a 300 empresas de la construcción, en su mayoría propiedad de estadunidenses ha expresado su preocupación por la falta de trabajadores en el estado desde la entrada en vigor en la ley.

“¿Quién va a llevar a cabo ese trabajo?”, se preguntó Jones, director general de la Asociación de Contratistas de Arizona (ACA), quien advirtió que 51% de la infraestructura de la entidad hospitales, carreteras, presas y depósitos de agua— debe ser reparada o reconstruida.

Afirmó que cuando se aprobó la ley “no se calcularon los efectos no deseados que tendría”. Consideró que muchas de las legislaciones estatales que han entrado en vigor este año y castigan a los empleadores de indocumentados “son el resultado de una frustración con el Congreso federal, que el año pasado dio un paso atrás y no aceptó su responsabilidad de corregir una ley migratoria que ha sido disfuncional durante los últimos 40 años.

“Este país se construyó a partir de la migración y es desafortunado que tengamos un programa migratorio disfuncional. Necesitamos un programa de trabajadores temporales que sea funcional (…) si no, estaremos sufriendo la escasez de mano de obra y eso tendrá un impacto mayor en nuestra economía”.

Jones señaló que el gobierno de Arizona calcula que para el año 2014 habrá un faltante de 40 mil trabajadores en la industria de la construcción, situación que no podrá resolverse a menos de que se reformen las leyes migratorias, expresó.

En entrevista con Excélsior, Jones habló sobre sus razones para presentar la demanda contra la Ley del Trabajador Legal: “Consideramos que la norma viola la Constitución de Estados Unidos porque ésta establece que sólo el Congreso federal crea las normas para la naturalización o la ciudadanía y sólo el gobierno federal, no los gobiernos estatales, tiene el derecho de definir quién puede entrar al país” .

Además, los abogados de la parte acusadora descubrieron una contradicción: la Legal Workers Act exige a los empleadores verificar el estatus legal en la base de datos E-Verify, pero según Jones para que un empleador use la base de datos tiene que firmar un memorándum de entendimiento en el que se establece que sólo puede usar el sistema para verificar el estatus para nuevas contrataciones, no para empleados contratados en el pasado.

“Si el gobierno se da cuenta de que usaste la base de datos para revisar el estatus de un trabajador que ha estado en tu empresa por varios años, te sacan del sistema E-Verify. Y si te sacan del sistema, ¿cómo puedes cumplir con la Ley de Trabajadores Legales?”, cuestionó.

Sin embargo, el juez de distrito Neal V. Wake quien analiza el caso considera que el apartado de E-Verify dentro de la ley “va conforme a derecho”, dijo Jones, quien no se mostró muy optimista sobre el veredicto que pueda emitir el juzgador.

Se prevé que el fallo sea emitido la próxima semana. Si pierden, los opositores a la ley recurrirán a la Corte de Apelaciones de San Francisco. De ganar, la ley quedaría sin efecto, por inconstitucional. Por Georgina Olson, reportera del periódico Excélsior, www.exonline.com.mx