Ejecución de penas en cárceles mexicanas

Tiempo recién topándome ha con un singular compañero de labor por los rumbos de la Tabacalera, por allá cercano al legendario Run –Run, hay dios que recuerdos amigos míos, pero bien, les decía a usted que me encontré con José Luis Hernández quien me dijo, mira Yo también escribo y haber le dijo muestra algo y he aquí me dio la permiso, digo o espero para ello; pero antes unas palabras del susodicho neoescritor, cuasi intelectual ya que dice publicar en ..Letras Libres… órale eso si que este espacio se llena de orgullo con una persona letrada:

Doy paso al ilustre articulista:

Agradezco al distinguidísimo sonorense, don Efrén Mayorga, el interés y el afecto que tiene por la escritura y por estos temas que hemos escrito desde hace ya varios años. Saludos.

Ejecución de penas en cárceles mexicanas
Por José Luis Hernández

Hace 250 años, Beccaria decía que “toda pena para no ser violencia de uno, o de muchos, debía ser esencialmente pública, pronta, necesaria, la más pequeña de las posibles en circunstancias actuales, proporcionada a los delitos, [y] dictada por las leyes”. Esta receta, aparentemente sencilla, no se ha sabido aplicar en el modelo mexicano de ejecución de penas. Por el contrario, el cumplimiento de la pena se basa en la obtención de beneficios preliberacionales[1] a través de diversos actos de corrupción surgidos de la propia ineficiencia de las autoridades.

Después de las cuotas que se les cobran a los familiares de los internos por la visita o el ingreso de bienes de consumo (y artículos prohibidos), el trámite de algún beneficio preliberacional dentro del procedimiento de ejecución de penas es (y ha sido) la principal fuente de corrupción en los centros penitenciarios. Dos elementos fallan: Por un lado, el personal penitenciario nunca ha conseguido tener al día los expedientes de los internos y sus estudios de personalidad. Por el otro, la manera de deliberar y generar los informes sobre la procedencia o no de un beneficio no tiene una pizca de transparencia.

Tener actualizados los expedientes de los internos no es una facultad discrecional de los servidores públicos, ni mucho menos depende de la petición que haga el interno, pero en México entre la sobrepoblación, la ineficiencia del personal carcelario y la mala utilización de los recursos públicos, hemos generado una pócima con ingredientes viciados que impiden la actualización oportuna de los expedientes.[2]

A su vez, la manera de deliberar y generar los informes sobre la procedencia o no de un beneficio es opacay discrecional ya que los llamados consejos técnicos interdisciplinarios (órganos deliberativos en este tema) se reúnen en sesiones secretas, al viejo estilo de la justicia inquisitiva medieval, para así decidir cuándo y quién debe salir. La propia integración del consejo es una burla ya que lo preside el director de la prisión y los miembros del personal directivo, administrativo, técnico, de custodia, médico y educativo que en su momento él mismo contrató.

Una cárcel sin orden en sus expedientes y sin transparencia en la manera que emite sus resoluciones es el lugar ideal para generar recursos (lícitos e ilícitos). A mayor desorden, mayores recursos públicos, pero también, mayores ingresos ilícitos.

Como sociedad debemos demandar al Congreso la aprobación de la Minuta de Ley Federal del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Sanciones, que regula la modificación y duración de las penas de manera más transparente y conforme a los principios beccarianos, pero también exigir que el Consejo de la Judicatura Federal acelere el paso y ponga en operación más juzgados especializados en ejecución de penas[3]. A poco más de un año de su creación, estos órganos jurisdiccionales hoy se encuentran saturados y atados de manos a la información que envían las autoridades penitenciarias. Una forma de terminar con esto sería transparentar las decisiones de jueces y consejos técnicos, publicitando sus resoluciones tal como lo hace la Suprema Corte.

A diferencia de los delitos que se cometen a lo largo del territorio nacional, en los que el delincuente se puede esconder en cualquier lugar, el cobro por la obtención de beneficios en el procedimiento de ejecución de penas está a la vista de todos; fijo en un espacio determinado y protegido por el propio gobierno.[4] Enrique Peña Nieto, los gobernadores priistas así como Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa Patrón han coincidido en “construir un gobierno eficaz” y crear una Comisión Nacional Anticorrupción. ¿Acaso ese nuevo cuerpo burocrático atenderá el problema de la corrupción en la ejecución de penas? Si en verdad están decididos a ofrecer “certidumbre y resultados a la población” por aquí debería iniciar el trabajo de la pomposa Comisión Nacional Anticorrupción.

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