Con la actual Constitución no todos los españoles somos iguales ante la Ley. La Constitución de 1978 propugna no una España sino dos muy diferentes, por lo menos. La de las afortunadas regiones de primera velocidad, con estatutos de autonomía de primera clase, de los que alguno ya ha sido modificado por parecer insuficiente, y las de las otras regiones menos afortunadas, más resignadas y conformistas, que fueron condenadas a estatutos de segunda categoría por una clase dirigente permanentemente doblegada al poder central.
Pero todavía para los castellanos el asunto fue peor. En aquellos dubitativos años de la transición, cuando todo se hacía por primera vez, cuando todo se tenía que descubrir, hubo momentos en que no se sabía cuáles ni cuántas debían ser las regiones. Todo el mundo quería ser autónomo, nadie quería ser menos que el vecino, y provincias de tan rica y acendrada tradición autonomista como Logroño (desde entonces conocida en todo el mundo civilizado como La Rioja) o Santander (que pasó a reverdecer su prehistoria local llamándose Cantabria) quisieron ser cabeza de ratón y rompieron sus lazos históricos, culturales, geográficos y etnológicos con lo que hasta entonces había sido Castilla La Vieja, el tronco común al que todos parecían rechazar como causante de los males de España, léase dictadura franquista, atraso y otros aún por designar.
Cómo sería la cosa que hasta Segovia, apoyada por Modesto Fraile, de UCD, pretendió evadirse de su entorno natural castellano y convertirse en autonomía uniprovincial. El desconcierto fue tal que hasta hubo un serio intento de algo que en el día de hoy sería incomprensible: que Guadalajara formase parte de Castilla y León.
En este maremagno de ideas, en el desconcierto político de aquellos momentos, en las probaturas para ver qué y cómo sería la nueva España que había de funcionar necesariamente al primer intento, a los legisladores se les ocurrió que Cataluña tenía derecho a existir, que Galicia, Andalucía o Asturias también, que Euskadi o Canarias también, pero eso no contaba para Castilla. Ah, no, Castilla, no, ésa sí que no tenía derecho a existir. Y en nombre de no sé qué conveniencias se troceó Castilla en cinco regiones de la señorita Pepis, regiones de cartón piedra, falsas y postizas, que jamás antes habían existido por separado, inventándose unas autonomías uniprovinciales absurdas y faltas del más mínimo rigor histórico, desgajándose de su tronco natural e histórico que era Castilla, inventándose otras regiones extravagantes como Castilla y León y Castilla-La Mancha. ¿Por qué no, ya de paso, una Castilla-La Tierra de Campos o una Castilla-La Alcarria? El esperpento se completó creando una autonomía de pandereta en Madrid, por supuesto desgajada del resto de Castilla. ¿Quiénes y por qué tenían miedo de una única Castilla, fuerte política, demográfica, económica y culturalmente? ¿A quién estorbaba una Castilla influyente en el conjunto de España?
Y aquí estamos, entre el dontacredismo de Rajoy y el salto de la rana de Rodríguez Zapatero que apoya las aventuras insolidarias y egoístas de Maragall, el de la doble moral. Pero nadie se acuerda de nosotros, a nadie le importa Castilla. Cada vez somos menos, más pobres, más aislados y más viejos, sin que nuestros gobernantes parezcan inmutarse
De Rajoy ya sabíamos lo que podíamos esperar: “Que no se mueva nada, que no se mueva nadie”. ¿Pero y el Rodríguez Zapatero que ha apoyado un nuevo estatuto para Cataluña? ¿Qué piensa RZ de nuestro estatuto? ¿Nada? ¿Por qué no quiere para Castilla lo que preconiza para Cataluña y otros? ¿Qué derechos tienen Cataluña o Murcia o Euskadi que no tenga Castilla? Si los estatutos de Euskadi, Cataluña, Baleares cambian para mejorar, para otorgar a sus ciudadanos más derechos y más libertades, más capacidad de organizarse, de recaudar y administrar sus impuestos, más capacidad para regirse por sus propias leyes, mayor exigencia al Estado de financiación… ¿Por qué otra vez va a quedar Castilla con un nuevo estatuto, sí, pero tan mísero, pacato e insuficiente como el que se acaba de presentar a las Cortes de Fuensaldaña? Porque, estando clara la discriminación a que está sometida Castilla, al presidente del Gobierno no se le ha oído hablar de reformar los estatutos castellanos a la misma altura que los demás. Tampoco contamos para el PSOE, no somos nada. Simplemente para Rodríguez Zapatero el que no llora no mama. Y los castellanos siempre nos aguantaremos en silencio, nunca lloraremos nuestra agónica desaparición, nunca seremos como quienes en otros lugares destrozan cabinas telefónicas, cajeros automáticos y queman o arrían banderas de España. Unos no quieren ser españoles, a otros no nos dejan ser como los demás españoles.
¿Quiénes y por qué quieren una Castilla débil y dividida en reinos de taifas? ¿Por qué no interesa una Castilla exactamente al mismo nivel que otras regiones? ¿Cómo estar de acuerdo con una Constitución que clasifica a los ciudadanos y limita sus posibilidades de desarrollo económico, legal e industrial según su región de origen? ¿Cómo apoyar una Constitución que te niega el derecho a existir?
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