La primera tentación de Mariano Rajoy

En la tertulia de la semana pasada, cuyo título fue ¿Monarquía o República?, Laura Cano Zamorano, en una lección magistral, explicó que el papel del Rey o, en su caso, del Presidente de la República, en la actual configuración política española es residual, y que el papel que tiene asignado puede ser desempeñado perfectamente por otros dignatarios del Estado.
Es decir, en estos tiempos en que sufrimos una crisis brutal, España puede pensar en suprimir el gasto que supone el mantenimiento de la Primera Familia española. Surgieron otras veces recordando que también se puede suprimir el Senado. No dejaría de funcionar la Nación si se eliminaran estas dos instituciones.
Tampoco ocurriría nada grave si los gobiernos autonómicos prescindieran de toda esa serie de organismos que se han sacado de la manga, y sin los cuales los españoles habíamos logrado vivir durante siglos. Si al mismo tiempo se redujera drásticamente el derroche en las distintas televisiones y fastos varios, es posible que quedara liberada una cantidad tal de dinero que se pudiera pagar a los proveedores lo que se les debe, con las lógicas consecuencias benéficas en la economía nacional.
Hay muchas cosas que recortar, mucho dinero que se gasta sin que repercuta de ningún modo en el contribuyente, puesto que el único fin que tiene es satisfacer a los políticos que han ordenado esos gastos.
Pero Mariano Rajoy se plantea cometer una injusticia que no puede traer nada bueno, como es la de rebajar el sueldo a los funcionarios. Ya se les ha bajado hace poco, produciéndoles un grave quebranto a muchos, y sin tener en cuenta que no tienen ninguna culpa de la crisis. Para bajar el sueldo a los funcionarios por primera vez debió ser obligatorio meter, previamente, en la cárcel como mínimo a diez personas, de entre los culpables de la crisis, que en el caso español habría que buscar entre los políticos, constructores y banqueros. Para la segunda bajada, habría que encarcelar a cincuenta, como mínimo. Puede que este modo los funcionarios lo comprendieran. Y los demás también. Ellos pagan, pero los culpables van a la cárcel.
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