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El caso tiene narices, puesto que son todos del mismo partido, y absolutamente dóciles a la voz de su amo, cuestión trascendental, porque sin ese requisito no estarían en los cargos de que gozan.
El Defensor del Pueblo, todo el mundo lo sabe pero no está de más decirlo, es Ángel Gabilondo. El hombre tiene una misión que cumplir y se esmera en su cometido, pero ha de tener en cuenta también que hay otras formaciones, cuyas ideas son distintas y, sobre todo, tienen cuidado con las leyes. No puede, sin más, ignorarlas. Y ahora está ante uno de esos problemas. Tiene todo a su favor, porque los jueces no hacen todo lo que debieran y, además, muchos de ellos son catalanistas, pero lo poco que hacen debería ser respetado. Creo, por otra parte, que el catalán cada vez se habla menos en Cataluña.
En la otra parte de la discusión está Salvador Illa, también socialista, embustero y poco dado a cumplir la ley. La Sociedad Civil Catalana ha querido saber a través del Defensor del Pueblo las orientaciones que ha podido dar a los centros educativos para garantizar el aprendizaje en castellano. Las cursivas las he puesto yo, porque habría sido más correcto que dijera español. El caso es que esta sociedad, totalmente legal y con el pago de sus impuestos al día tiene dudas sobre la actuación de la Generalidad en este supuesto y todo viene a indicar que el presidente no le va a dar los datos que pide. ¿Qué hará el presidente del gobierno? Seguramente, le echará la culpa a Ayuso, que no tiene nada que ver, pero viene muy a cuento para desviar la atención a otro punto. Están tratando de destruir su obra por todos los medios posibles y ahora que está en juego el egoísmo catalanista viene como anillo al dedo. ¿Cómo va a acabar? Pues mal, pero ya veremos cuando.