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La propuesta educacional del gobierno de Sebastián Piñera reafirma los preceptos básicos de la Constitución de 1980 en esta materia, esto es, el deber de los padres de educar a sus hijos y la libertad de abrir y mantener establecimientos de enseñanza, precisamente el mayor cuestionamiento del movimiento estudiantil y docente que ha paralizado la enseñanza pública chilena durante más de dos meses, el que considera disminuida la responsabilidad del Estado y favorecido el lucro indiscriminado.
En el primer punto de su documento “Políticas y propuestas de acción para el desarrollo de la educación chilena”, dado a conocer el pasado 1 de agosto, el gobierno de la llamada Coalición por el Cambio admite que “la educación es un derecho fundamental de clara jerarquía constitucional”, pero enseguida declara que ésta se encuentra “especialmente garantizada en los numerales 10 y 11 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental”.
De este modo, la propuesta gubernamental se limita a añadir diversas medidas complementarias a la norma constitucional vigente tras agregar que, “sin perjuicio de lo anterior”, considera necesario incorporar principios como el acceso gratuito y el financiamiento fiscal desde el nivel parvulario hasta la enseñanza media, el deber del Estado de garantizar un sistema de educación superior mixto, la promoción de un acceso justo y el financiamiento necesario, junto con el derecho a una educación de calidad y el deber del Estado de velar por éste.
En cambio, el documento “Bases para un Acuerdo Social por la Educación Chilena”, entregado por el Colegio de Profesores, la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) y la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones) el 27 de julio -apoyado por parlamentarios de oposición- exige una reforma propiamente tal, que parta por la inclusión del precepto constitucional de la educación como “bien público” y la responsabilidad del Estado como proveedor del mismo:
“La Constitución deberá consagrar la educación como un derecho fundamental y un bien público, y el Estado se hará responsable de proveerla, asegurando el cumplimiento de los principios de gratuidad, universalidad y calidad en la educación preescolar, básica y media. Asimismo, a nivel de educación superior, la Constitución deberá garantizar la existencia de un sistema terciario, sin fines de lucro, donde el acceso, la calidad y el financiamiento necesario sean garantizados por el Estado para que todo ciudadano pueda alcanzar un título de educación superior”.
La Constitución chilena vigente fue redactada y promulgada en dictadura, sin partidos políticos ni debate ciudadano, y su capítulo sobre los derechos y deberes constitucionales ha resultado inalterable hasta hoy –como otros pilares de la Carta Fundamental vigente- debido al alto quórum (dos tercios) que el mismo texto establece para reformas de este tipo.
J.F.S.