Los «principales escollos» del pacto para el PP

La enseñanza del castellano, la libertad de elección de centro educativo por parte de las familias, el fortalecimiento de los contenidos comunes y la autoridad pública del profesorado son, a día de hoy, las reivindicaciones educativas «más importantes» del PP y los «principales escollos» que, a juicio del grupo, amenazan la firma del Pacto de Estado por la Educación.

Así lo cree el portavoz popular del ramo en el Congreso de los Diputados, Antonio Gómez Trinidad, que acusó este jueves al Ejecutivo socialista de «marear la perdiz» con un texto que no refleja sus peticiones ni contiene «medidas de calado». «Estamos en un estado de emergencia educativa que requiere reformas drásticas que en este texto no encontramos», explicó a Europa Press.

En su opinión, parece que Gabilondo quiere «rehuir» las cuestiones que su grupo considera fundamentales y, ya no sólo las de cohesión territorial, sino cuestiones instrumentales que considera preciso reformar «con urgencia» como la atención a la diversidad, el cambio de modelo de gobierno de los centros y de selección de su profesorado.

No obstante, Trinidad confía en que el ministerio asuma las tareas educativas que le competen y dé un paso adelante. «No sólo bastan discursos buenistas y vendernos las bondades del pacto, sino medidas efectivas que reformen el sistema. Blindarnos en lo mismo, sería una tomadura de pelo hacia la sociedad», criticó.

RESPUESTAS «INSUFICIENTES» A LAS CONDICIONES DEL PP

En el documento de propuestas que los populares remitieron al ministro el pasado mes de enero pedían al Gobierno que las enseñanzas de castellano y de las lenguas cooficiales «sean impartidas en un plano de igualdad». En respuesta a esta demanda, el documento de Gabilondo emplaza a los poderes públicos a poner los «medios necesarios» para que el alumnado finalice Secundaria expresándose «con corrección» en castellano y en la lengua cooficial de su comunidad.

Respecto a la libertad de enseñanza, el PP exigía que el pacto incluyera medidas que ampliasen el derecho de los padres a elegir el tipo de educación y el centro donde educar a sus hijos. Mientras, el texto presentado ayer hace referencia a garantizar la libertad de enseñanza «consagrada en la Constitución» y a establecer los derechos y las obligaciones de los centros concertados, en aras de la calidad.

Asimismo, el texto de los populares pedía una formación común de los alumnos en la enseñanza básica, traducida en un currículo básico común en todas las etapas educativas; frente a la propuesta del Ejecutivo de combinar en Secundaria las enseñanzas comunes con una oferta «más diversificada» para responder a las diferentes motivaciones de todos los estudiantes.

En cuanto a la figura del docente, el PP propone su reconocimiento como ‘autoridad pública’ en el ejercicio de sus funciones; mientras que el ministerio responde aludiendo a la promoción de su «autoridad social, académica y profesional», pero no pública.