La cutre, sectaria y guerracivilista campaña anti-Franco 50 Aniversario del socialista Sánchez se desinfla

Otro patinazo.

El Valle de los Caídos vuelve a ser el escenario de una de las polémicas más recurrentes de la política española.

En España, la memoria es selectiva y el olvido, a veces, más resistente que el hormigón armado de la Basílica.

El sectario y guerracivilista Gobierno Sánchez, con la bandera de la memoria democrática en alto, anunció un ambicioso plan para exhumar restos y resignificar el enclave.

Sin embargo, la realidad ha demostrado ser mucho menos épica: de los más de 33.000 restos que reposan en el mausoleo, sólo se prevé exhumar e identificar 300 en el marco actual, lo que supone menos del 1% del total.

El dato, lejos de pasar desapercibido, ha desinflado las expectativas y ha desatado críticas tanto por lo limitado del alcance como por el alto coste económico del proceso.

Cifras, contratos y un desembolso de 415.000 euros

El Ejecutivo, a través del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, ha licitado un contrato por 415.000 euros destinado a análisis genéticos para identificar los restos exhumados. El contrato, que se extiende hasta 2027, contempla la realización de pruebas de ADN sobre 300 muestras óseas, cuyos perfiles se registrarán en el Banco Estatal de ADN. El contraste entre el gasto y el alcance efectivo de las exhumaciones ha provocado sonoras críticas, especialmente porque sólo 190 familias, apenas un 0,56% de los descendientes de los allí inhumados, han solicitado la recuperación de restos.

• 33.833 personas están enterradas en el Valle de los Caídos, distribuidas en 11.060 cajas.
• Solo 190 familias han solicitado la identificación de restos.
• El gasto para identificar los 300 restos asciende a 415.000 euros.

Entre la resignificación y el espectáculo político

La operación ha sido percibida por muchos como una maniobra política más que como un acto de justicia histórica. El propio Sánchez ha hecho del Valle de los Caídos un comodín recurrente en momentos de crisis, utilizando la memoria de Franco como herramienta de confrontación política. Pero el plan, lejos de satisfacer a todos los sectores, ha terminado por generar una mezcla de escepticismo y fatiga en la opinión pública.

Mientras tanto, el Gobierno avanza en su proyecto de resignificación del monumento, que incluye la expulsión de los monjes benedictinos y la creación de un centro de interpretación para transformar el espacio en un símbolo de memoria democrática. El coste total de la resignificación supera los 30 millones de euros, con una parte significativa destinada a la museografía y construcción de un nuevo museo.

No sólo el coste de los análisis genéticos ha sido motivo de controversia. El Ejecutivo ha destinado también partidas a actividades de resignificación y actos conmemorativos en los que han participado conocidos personajes del panorama mediático progresista.

Entre ellos, destaca el pago de 4.500 euros a Máximo Pradera, humorista y columnista, por desafinar con una guitarra en un acto que se saldó con escasa afluencia y entusiasmo. También han participado en diferentes eventos cómicos como Quequé y otros rostros habituales de la izquierda cultural, en un intento de dotar de atractivo mediático a iniciativas que, en muchos casos, han pinchado en asistencia y repercusión.

Un contexto de división y escasa demanda social

La cuestión de las exhumaciones y la resignificación del Valle de los Caídos no es nueva, pero sí ha cobrado fuerza en los últimos años gracias al impulso de la Ley de Memoria Democrática. Sin embargo, la demanda social real parece mucho menor de lo que se pretendía desde el Gobierno. La mayoría de los descendientes de los allí enterrados no han solicitado la recuperación de restos, y la identificación se presenta como una tarea compleja debido al estado de los osarios y la mezcla de restos, resultado de traslados realizados en los años cincuenta, en muchos casos sin permiso de las familias.

Por otro lado, el proceso de exhumaciones ha sido objeto de paralizaciones judiciales y recursos por parte de asociaciones y particulares, lo que ha ralentizado aún más los trabajos.

El último movimiento del Ejecutivo ha sido abrir la puerta a la resignificación de la Cruz monumental y la Basílica del Valle de los Caídos, lo que ha provocado la retirada de la Iglesia del jurado encargado de valorar los proyectos de transformación. La intervención sobre los símbolos religiosos supone un giro sin precedentes y ha sido calificada por algunos sectores como un intento de “profanación” bajo el pretexto de la memoria democrática. La polémica está servida y promete nuevos capítulos a medida que avance el proceso de transformación del monumento.

Paradojas del caso

• El baño de los forenses en el Valle de los Caídos llegó a estar ubicado sobre restos humanos, lo que provocó situaciones tan surrealistas como la caída de un cráneo y un fémur al accionar una trampilla.
• En los años ochenta, el Gobierno de Felipe González realizó exhumaciones tan poco rigurosas que algunos restos terminaron repartidos por diferentes osarios, llegando a haber casos en los que un mismo individuo podría estar en tres lugares distintos dentro del monumento.
• El nombre oficial del enclave ha cambiado de Valle de los Caídos a Valle de Cuelgamuros en virtud de la Ley de Memoria Democrática, aunque la mayoría de los españoles sigue utilizando la denominación original.
• El espectáculo político-mediático ha llegado a tal punto que el Gobierno ha pagado a humoristas para animar los actos de memoria, con resultados más bien discretos en cuanto a asistencia y repercusión pública.