El Arzobispado de Lima niega cualquier vinculación en un caso de corrupción

El caso de Carlos Moreno vinculó al Arzobispado de Lima con un posible acto de corrupción a través de la firma de un convenio entre la institución religiosa y el Seguro Integral de Salud (SIS). Sin embargo, el Arzobispado ha salido a dar sus descargos sobre este tema mediante una nota de prensa.

A través de su comunicado, el Arzobispado señala que el convenio que se firmó el 1 de abril entre ellos y el SIS «nunca se implementó porque se determinó que los establecimientos del Arzobispado no cumplían con los estándares del SIS«.

El Arzobispado agrega que monseñor Raúl Chau suscribió un convenio específico con el SIS, a través de la Clínica de Especialidades Médicas y Osteoporosis. Sin embargo, señalan que Juan Luis Cipriani dejó sin efecto dicho convenio antes de que entre en ejecución.

«Esta decisión fue tomada antes de conocerse los hechos que son de dominio público en torno al doctor Carlos Moreno», señala el comunicado. Además, el Arzobispado señala vinculaciones con intereses particulares del Sector Salud.

El Arzobispado de Lima había sido nombrado en varias ocasiones en los audios de Carlos Moreno, el exasesor de Pedro Pablo Kuczynski ahora se enfrenta a una investigación por presunto delito de corrupción.

Por su parte, y según cuenta Caretas,  la renuncia del consejero de Salud del presidente Kuczynski fue explicada como «razones personales». El Gobierno trató de manjear hacia adentro el escandaloso caso de Moreno.

Lo que se ha conocido son dos audios, todo indica que de agosto.
Uno fue grabado en Palacio y el interlocutor de Moreno es Miguel Sifuentes, administrador de la Clínica Osteoporosis. El segundo es de la misma clínica, ubicada en la avenida Benavides de Miraflores, donde se le escucha a Moreno con varios interlocutores.

El contenido es un escándalo y revela la intención de Moreno para que el Arzobispado de Lima firme un convenio con la clínica y así esta se convierta en una Institución Prestadora de Servicio de Salud vinculada al Arzobispado: en la práctica un ente público que se beneficia, como el bolsillo de Moreno, de los pacientes y el presupuesto del Seguro Integral de Salud. El SIS puede contratar con privados para cubrir la demanda pero la artimaña de Moreno le aseguraba a la clínica no pasar por ningún concurso como hubiera correspondido en circunstancias normales.

Moreno se servía de un convenio paraguas firmado el 1 de abril entre el SIS, representado por su entonces jefe Julio Acosta Polo, y el Arzobispado, en persona del cardenal Juan Luis Cipriani. El convenio resultante de las conversaciones registradas en los audios fue rubricado el 24 de agosto por Walter Muñoz Cho, del lado del Arzobispado, y Acosta, del lado del SIS. Muñoz Cho fue designado por Cipriani como administrador de los bienes de la Pontificia Universidad Católica del Perú cuando la casa de estudios mantuvo una larga controversia judicial con el Arzobispado.

La cronología deja pocos espacios en blanco. El viernes 30 de septiembre Zavala recibe los audios y sus transcripciones. Ha dicho que la fuente es ‘reservada’. Al día siguiente el premier encara a Moreno y este renuncia el domingo.

El lunes 2 se publica la resolución que acepta esta renuncia y se comete el error de darle las gracias por los servicios prestados. Fuentes consultadas del gobierno lo atribuyen a la formalidad del encargado de redactar el documento para su publicación en el diario oficial.

En el Ejecutivo se pusieron a la tarea de confirmar la existencia de los convenios a los que se hacía referencia en las conversaciones. Según las fuentes, esta información llegó a manos del premier y el Presidente el miércoles por la tarde, horas después de que Kuczynski hiciera las mencionadas declaraciones.

Moreno enfrenta denuncia ante fiscalía. El jueves 6 el gobierno denuncia a Moreno ante la fiscalía anticorrupción. Al día siguiente, este sugiere en RPP que quien lo grabó fue Zavala y sostiene que los audios fueron manipulados.

Zavala le responde al día siguiente y menciona ‘conversaciones inapropiadas’. El sábado ofrece la conferencia de prensa y a partir del día siguiente entrevistas en televisión.

Lo que logra al asociar a la clínica al Arzobispado, según sus propias palabras, es convertirla en «un anexo del Loayza». Sostiene que «Juan Carlos Velasco nos va a dar los pacientes». Velasco era el jefe de la oficina de seguros del SIS en el Loayza. Plantea trasladar a la clínica miraflorina al personal médico y las enfermeras. En ese contexto se refiere al ‘negociazo’ y aquel «no sabes la cantidad de plata que vamos a ganar».

El exministro de Salud Óscar Ugarte llama la atención a lo que Moreno dice sobre «el mismo tarifario del Loayza». Señala Ugarte que, durante la transferencia del sector Salud, se advirtió que el Loayza gozaba de tarifas especiales frente al SIS, mucho más atractivas que el resto del sector público.

Incluso Moreno se toma la libertad de llamar a Carlos Aguirre, gerente de negocios del SIS destituido tras el escándalo, para confirmar que los médicos que atiendan a los pacientes lo harán en esas condiciones («están felices, porque no hay límite»).

En el segundo audio grabado en la clínica es cuando se refiere a «la ruta SIS… para hacer una millonada». También al plan para poner a su hija a dirigir el departamento de odontología de la clínica. Y reconoce sin empacho que en el Loayza deja máquinas malogradas para derivar a los pacientes a establecimientos privados.

Sobre el Arzobispado quedan preguntas cruciales por responder. En el comunicado publicado el lunes 10 el Arzobispado explica que el convenio de abril «nunca se implementó porque se determinó que los establecimientos del Arzobispado no cumplían con los estándares del SIS».

¿En qué momento eso fue determinado? Añade que «el convenio específico» con la Clínica Osteoporosis fue dejado «sin efecto» por Cipriani, que expresó su «inconformidad con el mismo».

La fecha exacta de esa anulación no ha sido revelada. El departamento de prensa del SIS respondió a CARETAS que esto se dio mediante un comunicado del Arzobispado entre el 25 y 28 de septiembre (no brindaron una fecha exacta) y que la razón esgrimida fue «mucho papeleo».

Los argumentos son insuficientes. El convenio se firmó el 24 de agosto y nada menos que el 22 de septiembre el SIS publicó una nota de prensa en la que Acosta, el entonces jefe del SIS, califica de «hecho histórico la incorporación de la Iglesia católica en las atenciones a pacientes SIS».

Ahí nomás, el 30 de septiembre, fue que Zavala recibió los audios. Y estos comprometen seriamente al arzobispo auxiliar de Lima, Raúl Chau Quispe, a quien Moreno le diría por teléfono que «empezamos a atender, facturamos y nos pagan. Ahí está cuánto es para cada uno. Listo. Sentadito. Sentadito». Como quien dice que participará del ‘negociazo’ sin hacer nada. Incluso Moreno le pide a Chau un número de cuenta. El obispo auxiliar vive en Surco, a unas cuadras de la clínica.

Es entonces cuando, ante la aparente preocupación que expresa Chau por la controversia de la Anticoncepción Oral de Emergencia, Moreno tilda a la ministra de Salud Patricia García de ‘loca de atar’.

La relación de Moreno con el clero vendría desde el año 2000, cuando trabajó como jefe del Centro Médico de la Vicaría de la Caridad que administra el Arzobispado en el Rímac.

El convenio estipulaba que la clínica debía estar adscrita a una parroquia. No ha quedado claro a cuál sería. Son cuatro las que están en su jurisdicción: ‘Nuestra Señora de la Misericordia’, ‘Cristo Salvador’, ‘Santa María de Nazaret’ y ‘Nuestra Señora de Loreto’. La Iglesia ganaría una comisión por supervisar que los pacientes del SIS sean atendidos adecuadamente y otra por cada consulta o servicio.

¿Cómo llegó este personaje al círculo más cercano del poder?
PPK lo conoció aproximadamente hace un año, cuando llegó a atenderse al Loayza por problemas gástricos. Nada fuera de lo común en su edad, sostienen sus colaboradores. Moreno es considerado una eminencia en su especialidad y otros políticos que ha tratado son Luz Salgado y Lourdes Flores Nano. Trabajó en el sector Salud durante los gobiernos de Alberto Fujimori y más recientemente de Ollanta Humala.

Moreno hizo buenas migas con PPK aunque durante la primera vuelta se presentó como colaborador de Alan García. Tras ganar las elecciones, Kuczynski le ofrece el Ministerio de Salud. Era su primera opción y el 12 de julio el círculo del Presidente daba por descontado que ocuparía la cartera (CARETAS 2445).

Esto cambia en un par de días, pues Moreno declina el puesto. PPK se lo ofrece entonces a Fabiola León Velarde, rectora de la Cayetano Heredia, que opta por seguir en sus labores académicas. Pero le recomienda a Patricia García, quien era decana de Salud Pública y Administración en la misma universidad. García había sido jefa del Instituto Nacional de Salud durante la gestión de Óscar Ugarte y cuando renunció en 2008 la reemplazó Aníbal Velásquez, a su vez su predecesor en el ministerio.

En Palacio creen ahora que la negativa de Moreno se debió a que hubiera tenido que dejar el Loayza y se le caía el negocio urdido apenas fue designado como consejero presidencial ad honorem en temas de Salud, el 2 de agosto. Es cierto que tenía una sentencia de cuatro años de prisión suspendida por negociación incompatible, relacionada con nombramientos en el Loayza, pero también lo es que en el 2013 la revirtió en segunda instancia.

PPK buscó torear las consecuencias de la traición pero sus ramificaciones lo rebasaron. Sus efectos servirán para poner bajo reflectores el cáncer de la corrupción en el sector Salud, que ni siquiera fue abordado con las facultades legislativas. El foco ya cambió.

Carlos Moreno no solo fue asesor presidencial en temas de salud, también integraba la Comisión Sectorial nombrada el 16 de septiembre por el ministro del Interior, Carlos Basombrío, para dirigir el mejoramiento de la prestación de servicios a la Policía y monitorear su ejecución. El 7 de octubre, cinco días después de que Moreno fuera obligado a renunciar, Interior lo dio de baja (RM 0893-2016-IN). Basombrío declaró que Moreno no hizo «nada relevante como consejero presidencial» y «ojalá que lo juzguen con prisión preventiva».

El 2 de agosto se publicaron las 3 resoluciones que nombró a los consejeros ad honorem del presidente. Pero a diferencia de Felipe Ortiz de Zevallos y Máximo San Román, con Moreno se incluyó un artículo donde se establecía que las instituciones del Poder Ejecutivo debían prestarle «apoyo técnico y logístico». Otros asesores de PPK son Jorge Villacorta, en prevención de conflictos, y José Labán, en asuntos regionales y municipales.

(RD/Agencias)