Un tribunal salvadoreño reabre el proceso por el asesinato de Romero

¿Justicia para Romero? ¿También en El Salvador? El Juzgado de Instrucción número 4 de San Salvador ordenó reabrir el proceso penal contra un capitán del Ejército salvadoreño, acusado del asesinato del arzobispo Óscar Arnulfo Romero en 1980.

El dictamen anula el sobreseimiento decretado el 31 de marzo de 1993 del proceso contra el capitán Álvaro Rafael Saravia, único acusado del asesinato. El tribunal basó su resolución en la anulación de la Ley de Amnistía General que impedía las investigaciones de los crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992).

El juez también pidió a la Fiscalía General de la República a definir si el proceso «debe seguirse contra la persona ya imputada con carácter de procesado o contra otros a quienes no se les han formalizado cargos o no están debidamente individualizados».

El Informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas de 1993 atribuyó la autoría intelectual del asesinato de Romero, entonces máximo jerarca de la Iglesia Católica salvadoreña, al difunto mayor del Ejército y fundador de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), ahora en la oposición, Roberto D’Aubuisson.

Dicho informe también señala que en la planificación y ejecución del asesinato participaron, además de Álvaro Saravia, el capitán Eduardo Ávila, Fernando Sagrera y Mario Molina, entre otros.

Por este caso, la Justicia salvadoreña solo emitió orden de captura contra Álvaro Saravia en 1987, pero este huyó a Estados Unidos, y en diciembre de 1988 la CSJ del país centroamericano admitió un «habeas corpus» en el que desestimó la potestad de la Fiscalía para pedir su extradición.

El 31 de marzo de 1993 un tribunal invocó la amnistía para sobreseer el proceso contra Saravia, cuyo paradero es desconocido y quien fue condenado por una corte federal estadounidense a pagar 10 millones de dólares a la familia de Romero en 2004.

Esta resolución es en respuesta a una solicitud presentada el pasado 23 de marzo, en la víspera del 37º aniversario de la muerte del religioso, por la organización de derechos humanos Tutela Legal «María Julia Hernández» y otras que forman la Concertación Monseñor Romero para que se reabra el proceso.

El coordinador de Tutela Legal, Ovidio Mauricio, señaló en esa ocasión que acudieron directamente al tribunal por la negativa de la Fiscalía de retomar el caso, pese a que presentaron sendas peticiones en 2015 y 2016.

El arzobispo Romero fue asesinado el 24 de marzo de 1980 por un francotirador desconocido cuando oficiaba misa en la pequeña capilla del hospital de cáncer La Divina Providencia, en San Salvador.

Romero, beatificado el 23 de mayo de 2015 en una multitudinaria misa en San Salvador, denunciaba en sus homilías los ataques de los cuerpos de seguridad contra la población civil y otras violaciones de los derechos humanos.

(RD/Agencias)