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Según un informe reciente, el período de pago a proveedores en España ha alcanzado niveles alarmantes, triplicando el límite que exigirá la Unión Europea.
Esta situación no solo afecta a la liquidez y operatividad de las empresas, sino que también podría acarrear sanciones y represalias económicas por parte de la UE si no se toman medidas correctivas.
La demora en los pagos a proveedores refleja una gestión ineficiente y genera preocupación en el sector empresarial sobre la sostenibilidad y la salud financiera de las entidades implicadas.
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