Así fue la política de vivienda de Franco que elogia la ‘roja’ Carmena: «Un país de proletarios pasó a ser de propietarios”

Aunque a los progres y a los sectarios del PSOE les saque de quicio y se rasguen las vestiduras, lo cierto es que, al final del día, Franco, con todos sus claroscuros, parece que no fue el ogro que algunos pintan.

¡Ojo, que no es apología, es mirar los hechos!

En Sanidad, levantó hospitales que aún hoy son pilares del sistema; las pagas extras, ese dinerito que alegra la Navidad y el verano, también llevan su sello.

Y qué decir de los pantanos, que transformaron secarrales en tierras fértiles, o de la vivienda, con barrios enteros que dieron techo a miles.

O del desvío del cauce del río Turía, que ha salvado a Valencia de inundaciones letales.

Vamos, que por mucho que chirríe a algunos, el hombre, en esas cosas, lo bordó.

La reciente intervención de Manuela Carmena en un programa de RTVE ha sacudido el debate sobre las políticas de vivienda en España.

La exalcaldesa madrileña sorprendió al afirmar que “Franco protegió muchísimo a los inquilinos. Fue una estrategia política muy inteligente. Un país de proletarios pasó a ser de propietarios”.

Esta reflexión, que ha provocado reacciones intensas en redes sociales y medios, invita a revisar con datos cómo fue realmente esa transformación habitacional durante la dictadura.

Bajo el eslogan “un país de propietarios y no de proletarios”, el régimen franquista impulsó una transformación radical del acceso a la vivienda.

El objetivo era claro: promover la propiedad frente al alquiler, convirtiendo a millones de españoles en dueños de su hogar.

Esta estrategia, que buscaba también la estabilidad social y política, marcó varias generaciones y sigue siendo objeto de análisis y comparación con las políticas actuales.

¿Cuántas viviendas sociales se construyeron?

Las cifras son contundentes.

Entre 1943 y 1974, en pleno desarrollo del franquismo, se construyeron más de 3,1 millones de viviendas protegidas, lo que representó casi el 66% del total edificado en esas décadas.

Solo entre 1961 y 1975, el llamado II Plan Nacional de Vivienda impulsó la construcción de cuatro millones de pisos, una cifra inédita hasta entonces en la historia española.

Esta ola constructora respondió a dos necesidades urgentes:

• La reconstrucción tras la Guerra Civil, que había destruido unas 250.000 viviendas.
• El éxodo rural y la migración masiva hacia las ciudades industriales como Madrid, Barcelona o Bilbao, que disparó la demanda de alojamiento digno.

Para canalizar estos esfuerzos, se crearon organismos como el Instituto Nacional de la Vivienda (1939) y la Obra Sindical del Hogar, que planificaron y financiaron tanto barrios enteros como promociones más modestas destinadas a obreros y clases medias emergentes.

El Plan Sindical y la erradicación del chabolismo

En los años cincuenta, con el crecimiento urbano descontrolado y un fuerte déficit habitacional, el régimen puso en marcha el Plan Sindical de la Vivienda (1954).

Aunque su meta era construir unas 20.000 viviendas sociales al año, en la práctica se alcanzaron alrededor de 10.000 anuales.

A pesar de estas cifras, persistieron bolsas significativas de infravivienda: solo en Madrid, en 1960 se contabilizaban más de 72.000 chabolas habitadas por unas 180.000 personas.

El modelo combinaba inversión pública directa con incentivos fiscales para promotores privados y bancos, además de facilitar suelo urbanizable para grandes polígonos periféricos como Orcasitas o San Blas.

Así se combatió —con desigual éxito— el chabolismo y se consolidaron nuevos barrios obreros.

Comprar casa: letras y plazos

Uno de los rasgos más recordados por quienes accedieron a vivienda durante esos años es que “las casas se pagaban en letras”.

Esto significaba abonar mensualmente una cantidad fija —la letra— durante un periodo habitual de entre 8 y 10 años, mucho menos que los plazos hipotecarios actuales.

Este sistema facilitó enormemente el salto desde el alquiler precario a la propiedad. Los beneficiarios accedían a viviendas financiadas a bajo interés gracias a convenios con bancos públicos o cajas locales. La mensualidad era asequible para gran parte del salario medio industrial o funcionario.

• Plazo medio para amortizar una vivienda: entre 8 y 10 años
• Cuota mensual (letra): fijada según nivel salarial y tipo de protección
• Intereses: muy bajos o subvencionados

Este modelo permitió que millones pasaran a ser propietarios antes incluso de cumplir los cuarenta años.

¿Protección real a inquilinos o solo impulso a propietarios?

La reflexión lanzada por Carmena sobre la protección al inquilino tiene su base histórica: durante los primeros años del franquismo, las rentas estaban reguladas y apenas subían, lo que garantizaba cierta estabilidad para quienes no podían comprar. Sin embargo, con los planes estatales masivos desde los años sesenta predominó claramente la apuesta por la propiedad.

Con el tiempo, este giro estructural redujo drásticamente el parque público disponible en alquiler social —hoy apenas representa un 2% del total— frente al modelo europeo donde supera el 9%. En consecuencia, España ha vivido desde entonces una cultura muy marcada por la aspiración propietaria.

¿Éxito social o cortoplacismo político?

Hay consenso entre historiadores y urbanistas en que las políticas franquistas lograron reducir considerablemente el problema habitacional heredado tras la guerra civil. Sin embargo, también se señala su cortoplacismo: muchas viviendas protegidas podían venderse como libres tras unos años; no se consolidó un parque público permanente; y apenas hubo inversiones en rehabilitación o mejora urbana tras los primeros desarrollos masivos.

La comparación con otros países europeos evidencia hoy las carencias estructurales: mientras España apenas cuenta con vivienda social disponible en alquiler protegido, naciones como Francia o Países Bajos han conservado e incrementado su parque público para atender nuevas necesidades sociales.

El debate actual: ¿Qué queda del modelo franquista?

El auge reciente del precio del alquiler y las dificultades para acceder a vivienda digna reabren el debate sobre qué lecciones pueden extraerse —o no— del legado franquista. Políticos actuales han recuperado ideas similares para intentar atajar una crisis creciente.

Para muchos expertos, lo importante sería recuperar algunas claves:

• Impulso decidido desde lo público
• Garantía real para inquilinos vulnerables
• Plazos e intereses asequibles para nuevos compradores
• Fomento tanto del alquiler protegido como de nuevas fórmulas cooperativas

En definitiva, aunque aquel eslogan franquista buscaba transformar “proletarios” en “propietarios”, lo cierto es que sus luces —y sus sombras— siguen muy presentes en cualquier discusión sobre cómo garantizar hoy el derecho efectivo a una vivienda digna.