El giro migratorio del PP: Feijóo endurece su discurso y pide deportar ‘de forma inmediata’ a los inmigrantes ilegales que delincan

A la fuerza ahorcan, que dice el refrán.

Y casi a la fuerza, viendo como sube VOX en las encuestas, el PP cambia de registro.

Los populares endurecen sus recetas para la inmigración ilegal en España tras años de sintonía con el PSOE y en plena escalada del debate tras los disturbios de Torre Pacheco: echar al que delinca y eliminar el vínculo entre padrón y ayudas.

El verano de 2025 ha devuelto la inmigración al centro de la agenda política en España. Las noches violentas en Torre Pacheco han encendido un debate largamente contenido y han obligado a los partidos a fijar posiciones claras. En este contexto, el Partido Popular ha movido ficha, endureciendo su discurso para intentar frenar el avance de Vox, que sigue ganando terreno entre los votantes preocupados por la seguridad y la identidad nacional.

La nueva receta del PP, defendida por Alberto Núñez Feijóo, es tan pragmática como ambiciosa: expulsión de inmigrantes que delincan, supresión del vínculo entre empadronamiento y ayudas sociales para quienes están en situación irregular, y una defensa explícita contra la estigmatización de los extranjeros.

Todo ello, bajo el paraguas de una «inmigración regular vinculada a la cultura del esfuerzo», frase que ha hecho fortuna en las últimas semanas.

De la moderación al control: el giro estratégico del PP

Durante años, el PP mantuvo una postura relativamente alineada con el PSOE en materia migratoria. Esta posición, centrada en la integración y el reconocimiento de derechos básicos, permitía al centro-derecha español desmarcarse tanto de los excesos xenófobos como de las políticas de puertas abiertas. Sin embargo, la irrupción constante de Vox y su retórica sobre «remigraciones masivas» ha empujado al PP a endurecer su perfil para evitar fugas por su derecha.

Las claves del nuevo ideario popular son las siguientes:

• Expulsión inmediata de inmigrantes que cometan delitos, con especial énfasis en reincidentes y quienes no demuestren voluntad real de integrarse y respetar la cultura española.
• Desvinculación del empadronamiento como puerta de acceso a ayudas sociales no contributivas para irregulares: “la irregularidad no puede generar derechos”, proclaman los populares.
• Condicionar la residencia de larga duración a requisitos como el conocimiento del idioma, la cultura española y una contribución efectiva al sistema económico.
• Reforzamiento del control fronterizo y dotación extraordinaria a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para combatir el crimen relacionado con flujos migratorios irregulares.

Este paquete se completa con un mensaje: no todos los inmigrantes son ni víctimas ni verdugos, sino personas con derechos y obligaciones. El PP pretende así diferenciarse de Vox —que vincula sistemáticamente inmigración e inseguridad— sin caer en discursos abiertamente racistas.

Radiografía política: qué defiende cada partido sobre inmigración

La polarización es palpable. Mientras el PSOE insiste en que España es “tierra de acogida” —y exhibe datos sobre cómo los extranjeros sostienen sectores clave como agricultura, construcción u hostelería—, Vox exige deportaciones masivas y acusa al Ejecutivo de ocultar datos e incentivar una “regularización encubierta”.

El Gobierno central utiliza cifras oficiales para desmontar bulos: asegura que los inmigrantes tienen una tasa de actividad laboral cuatro puntos superior a la media nacional y usan menos servicios públicos que los españoles nacidos aquí. Pero Vox contraataca con estadísticas sobre criminalidad y exige un recorte drástico del arraigo y otras vías legales de regularización.

Torre Pacheco: disturbios, percepciones y reacción institucional

Los recientes incidentes violentos en Torre Pacheco han cristalizado muchas tensiones latentes. Para unos, son la prueba del fracaso integrador; para otros, el síntoma más claro del peligroso auge del discurso antiinmigrante. El PP ha tratado —no sin dificultades— de mantener una línea dura pero matizada: exige respeto a las normas pero rechaza los ataques indiscriminados contra personas extranjeras.

Vox, por su parte, eleva el tono: plantea incluso expulsar a quienes “pretendan imponer una religión extraña” o “maltraten a las mujeres”. Santiago Abascal niega querer deportar “a ocho millones”, pero deja claro que cuando lleguen al Gobierno “se irán todos los que haga falta” para garantizar seguridad e identidad nacional.

¿El padrón como llave maestra? El punto más polémico

Uno de los elementos más discutidos es el padrón municipal. Hasta ahora, estar empadronado facilitaba el acceso a ciertas ayudas económicas, incluso para personas en situación irregular. El PP quiere romper ese vínculo directo: quien esté irregular no podrá optar a prestaciones no contributivas. La medida busca evitar lo que consideran un “efecto llamada” y limitar vías opacas de regularización (arraigo social o familiar), mientras Vox va más allá proponiendo restringir aún más cualquier posibilidad legal para quienes han entrado sin papeles.

Sánchez responde: España necesita inmigrantes… pero legales

El presidente Pedro Sánchez ha optado por un discurso basado en datos económicos e históricos: recuerda que buena parte del desarrollo español reciente se debe a trabajadores extranjeros y que él mismo es nieto e hijo de emigrantes. Según Moncloa:

• Más del 50% de las empresas tienen problemas para cubrir vacantes sin mano de obra foránea.
• Los inmigrantes aportan más al sistema público que lo que consumen.
• Sin ellos, buena parte del campo o la hostelería colapsaría.

El presidente acusa además a sus rivales conservadores —y especialmente a Vox— de “mentir sobre delitos” y fomentar odio social innecesario.

Curiosidades y datos llamativos

• El nuevo reglamento de extranjería (Reloex), vigente desde mayo, facilita trámites legales pero endurece controles sobre quienes ya están dentro sin documentación regularizada.
• Solo un 7% de las órdenes formales de expulsión entre 2020 y 2023 llegaron realmente a ejecutarse por problemas burocráticos o falta de cooperación internacional.
• Según datos recientes del INE citados por Vox, más del 50% de las condenas por agresiones sexuales fueron impuestas a extranjeros —un dato polémico usado como munición política pero matizado por expertos en criminología.
• Entre las ocurrencias menos habituales en este debate: algunos diputados han llegado a sugerir que recibir prestaciones asistenciales no debería nunca conceder derecho automático a residencia legal… ni siquiera tras años cotizando o formando familia aquí.
• El uso del burka o niqab ha vuelto también al debate público como símbolo —según parte del PP— “de negación práctica y simbólica” frente al modelo español.

En definitiva, la receta migratoria del PP busca no solo cortar fugas hacia Vox sino ofrecer una alternativa reconocible frente al PSOE… sin perder ese difícil equilibrio entre firmeza y pragmatismo que tanto inquieta al electorado moderado.