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Por mucho que Chiqui maquille la burra, la realidad es que en España tenemos 5 millones de parados.
Y es que la situación económica de España se encuentra en un momento crítico, marcado por dos fenómenos que inquietan al sector productivo: la salida de empresas hacia el extranjero y el incremento constante del paro real. En los últimos meses, numerosas compañías emblemáticas y medianas han tomado la decisión de marcharse. Este fenómeno, más allá de ser una simple anécdota, pone de manifiesto los retos estructurales que enfrenta el país: presión fiscal, falta de seguridad jurídica, y un mercado laboral incapaz de absorber a millones de personas en busca de empleo efectivo.
El emblemático caso de Ferrovial, que trasladó su sede a Países Bajos en 2023, marcó el inicio de esta tendencia que no ha hecho más que acelerarse. Desde entonces, alrededor de cincuenta empresas han seguido su ejemplo, en busca de condiciones fiscales y regulatorias más favorables en lugares como Panamá, Portugal, Uruguay, Delaware (EE. UU.), Italia y Bélgica. En el último año, más de veinte firmas han formalizado su traslado fuera del país, según datos del registro mercantil, lo que representa casi dos movimientos mensuales. Ni siquiera los bajos impuestos, la inexistencia de tributos regionales o las regulaciones favorables propias de la Comunidad de Madrid han conseguido evitar que algunas de estas empresas ubicadas en la región capital también se hayan ido. Junto a Madrid, hay compañías de otras partes de España que también han hecho las maletas como Huesca, Las Palmas de Gran Canaria, Tenerife, Castellón y Alicante.
La inversión extranjera se desploma y la presión fiscal ahuyenta el capital
Este éxodo empresarial se produce en un contexto donde la inversión extranjera también está sufriendo un fuerte golpe. Los flujos brutos apenas alcanzaron los 8.476 millones de euros durante el primer semestre de 2025, lo que representa una caída del 60% respecto al año anterior, volviendo a niveles anteriores a la pandemia y borrando las ganancias acumuladas desde la crisis de la deuda en 2013.
Además, la desinversión extranjera se duplicó en 2024, superando los 14.000 millones de euros, con un incremento adicional del 35% en los primeros meses de 2025. La inversión bruta cayó un 50% entre enero y marzo comparado con el mismo periodo del año anterior, mientras que la inversión neta se hundió un 73%.
Las causas detrás de este deterioro son evidentes:
- Elevada presión fiscal: Más de 90 subidas impositivas desde que Pedro Sánchez asumió La Moncloa bajo la dirección de María Jesús Montero en Hacienda han incrementado los costos para empresas e inversores.
- Inseguridad jurídica: Cambios legislativos frecuentes y disparidad entre políticas administrativas generan incertidumbre.
- Fiscalización excesiva: La Agencia Tributaria exige justificantes constantemente, creando una sensación de acoso entre los inversores.
- Intervencionismo estatal: Políticas restrictivas en sectores como el agrario y ganadero limitan las actividades empresariales.
- Complejidad normativa: Regulaciones interpretativas dificultan la planificación empresarial y aumentan el riesgo legal.
A todo esto se añade la reciente propuesta conocida como “tasa Trump” para gravar a las grandes tecnológicas, presentada por Yolanda Díaz, lo cual podría endurecer aún más el clima fiscal para el sector digital.
El engaño de los datos del paro
Mientras el Gobierno presume de una tasa oficial de desempleo cercana al 11%, diversos estudios independientes junto con datos del Servicio Público de Empleo, Seguridad Social e INE revelan una realidad mucho más dura. El paro real en España podría estar alrededor del 20%, duplicando así las cifras oficiales y afectando a cerca de unos 4,9 millones de personas durante 2024, según un informe titulado “Retos de las políticas activas en España”, elaborado por la Universidad Autónoma de Madrid y UGT.
El cálculo del paro ampliado incluye:
- Parados oficiales (sin empleo pero buscando activamente).
- Subempleados involuntarios (quienes trabajan menos horas de las deseadas).
- Inactivos potenciales (quienes desean trabajar pero no buscan empleo debido al desánimo o imposibilidad inmediata).
Los números son contundentes:
- 2,7 millones son parados oficiales.
- 755.000 personas están inactivas pero disponibles para trabajar.
- 264.000 buscan empleo pero no están disponibles inmediatamente.
- 1,12 millones son subempleados.
Esto significa que uno de cada cinco individuos activos o potencialmente activos está fuera del mercado laboral o atrapado en empleos precarios. Este paro oculto afecta especialmente a mujeres (58,6% del total) y jóvenes, quienes enfrentan una tasa ampliada del 33,1% entre los 15 y los 29 años.
Desajustes laborales y fuga del talento joven
La escasez laboral adecuada, sumada a la precariedad salarial han llevado a muchos jóvenes talentosos a abandonar España. Cada mes cerca de unos 35.000 jóvenes formados deciden buscar mejores oportunidades fuera. Más de tres millones españoles residen actualmente fuera debido a las dificultades para encontrar empleos estables y bien remunerados aquí mismo.
La composición del paro real pone al descubierto problemas estructurales como una alta incidencia del desempleo juvenil y prolongado. Elevado desempleo femenino, en especial de las mujeres con menor formación. Y, or último, elevadas diferencias entre regiones en cuanto a los índices de población empleada. Esta realidad resulta en mayor pobreza laboral, reducción del consumo familiar, trayectorias profesionales interrumpidas, mayor dependencia a ayudas estatales y deterioro mental.
La combinación entre fuga empresarial y elevado desempleo real genera un círculo vicioso: menos empresas significan menos inversión, menos empleo e innovación. Como consecuencia, se reduce tanto el consumo como la capacidad de ahorrar. Además, la elevada fiscalidad unida a un exceso de leyes y burocracia provoca que muchos proyectos empresariales que podrían generar puestos de trabajo ni siquiera se intenten poner en marcha a la vez que otros fracasan.
En este escenario, España continúa siendo uno de los países europeos con mayor diferencia entre su tasa de paro oficial y el numero real de personas que están sin empleo, duplicando así la media registrada por la UE-27.
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