El precio de la vivienda se ha elevado un 80% en España desde que gobierna el socialista Sánchez

Pedro Sánchez es tóxico.

En la política y en la economía, como demuestra el brutal encarecimiento de la vivienda en España.

En una década de desidia política, el precio de la vivienda ha explotado un 81% —de 1.476 €/m² en 2015 a 2.093 €/m² en 2025, según el INE—, una escalada que se ha disparado bajo el mandato de Sánchez, con un repunte del 12,8% interanual en 2025, el mayor desde la burbuja de 2007.

Este desastre no es casual: es el sello de un gobierno que prioriza la ideología sobre la realidad, agravando una crisis que condena a familias enteras al límite, mientras el líder socialista presume de «progreso«.

En los últimos diez años, España ha experimentado un aumento del 80% en el precio de la vivienda , una situación que se ha agudizado durante el mandato del marido de Begoña y sus compiches separatistas y proestrras.

 Este incremento ha llevado al mercado inmobiliario a una crisis profunda. Para muchas familias, acceder a una vivienda digna se ha vuelto casi imposible.

Algunas incluso se ven obligadas a renunciar a alimentos básicos como carne y pescado para poder hacer frente a los pagos de alquiler o hipoteca —encuestas del INE revelan que una de cada tres familias recorta su consumo de proteínas para priorizar el techo.

El déficit estructural de viviendas es la principal causa de esta problemática. Según varios estudios económicos y datos de organismos oficiales, el país presenta un déficit que oscila entre 700.000 y 765.000 viviendas no construidas en relación con la demanda real . Cada año surgen aproximadamente 300.000 nuevos hogares, pero la producción anual de viviendas apenas alcanza las 100.000, una cifra muy inferior a lo que se requiere para satisfacer las necesidades residenciales. Esta diferencia es la responsable del incremento sostenido en los precios, afectando tanto a la compra como al alquiler, que ha subido un asombroso 45% desde 2018 , llevando a muchas familias al borde del colapso económico.

A esto se suma un contexto demográfico que intensifica aún más la presión sobre el mercado. En la última década, España ha acogido a 1,4 millones de inmigrantes y se prevé que entre 2021 y 2024 lleguen otros 1,1 millones, aumentando así la demanda de viviendas . Además, los compradores no residentes representan cerca del 20% de las transacciones y abonan un 70% más por metro cuadrado, encareciendo aún más el mercado para quienes viven aquí.

El escaso desarrollo de vivienda pública es otro factor crucial en esta ecuación. La construcción de vivienda protegida ha caído drásticamente desde la crisis financiera de 2008; pasó de producirse unas 115.000 unidades anuales a menos de 12.000 en 2018 . Las promesas del gobierno socialista de edificar 184.000 viviendas asequibles para este año apenas han visto cumplirse un 5,5% . Esta escasez limita las opciones para quienes no pueden acceder al mercado libre y agrava la desigualdad existente.

Las políticas públicas han intentado mitigar esta situación con iniciativas como la Ley de Vivienda de 2023, que establece límites en las subidas del alquiler. Sin embargo, los resultados son dispares. En regiones como Cataluña, los precios han disminuido entre un 3% y un 5% , pero a nivel nacional los precios siguen creciendo un 12,8% interanual en este año, marcando el mayor aumento en casi dos décadas. Críticos advierten que estas regulaciones ideológicas han desalentado la inversión privada sin que haya aumentado suficientemente la oferta pública para compensar esa falta.

El debate político refleja dos enfoques opuestos: por un lado está el PSOE, que defiende una intervención estatal con control sobre precios y beneficios fiscales para alquileres asequibles; por otro lado está el PP, que sugiere liberalizar el mercado mediante una reducción fiscal al 4% y agilizar la construcción sobre suelo público. Esta tensión entre ambos bloques, sumada a la influencia del partido Sumar dentro del gobierno, añade incertidumbre sobre cómo evolucionará el sector.

Las repercusiones son palpables en el día a día de millones de españoles. Encuestas recientes revelan que una de cada tres familias recorta su consumo de carne y pescado para poder hacer frente al coste de su vivienda , evidenciando así el impacto social profundo que está teniendo esta crisis. Además, el constante aumento en los precios del alquiler y la vivienda consume cada vez más parte del salario familiar, limitando tanto su capacidad de ahorro como sus posibilidades de consumo.

Desde una perspectiva económica, esta falta de vivienda eleva también la inflación residencial e impulsa una burbuja inmobiliaria que pone en riesgo la estabilidad del mercado. Los costes constructivos continúan incrementándose con un aumento anual del 3,7% , mientras que el empleo en este sector sigue mostrando altos niveles de desempleo; sin embargo, la producción no es suficiente para satisfacer esa demanda estructural insatisfecha. La lentitud en obtener licencias y las rigideces urbanísticas son obstáculos adicionales que retrasan la llegada al mercado de nuevas viviendas.

La concentración del déficit habitacional y el aumento constante en los precios se centra principalmente en grandes ciudades y zonas turísticas como Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Málaga, donde hay mayor demanda y presión demográfica y económica más pronunciada. En contraste, áreas conocidas como «España vaciada» sufren menos esta problemática; sin embargo, también enfrentan desafíos significativos relacionados con desigualdades territoriales que afectan a su cohesión social y económica.

En resumen, lo que estamos presenciando es una crisis habitacional multifacética en España; combina déficit estructural con presión demográfica y políticas públicas inadecuadas junto a rigideces del mercado inmobiliario. Este notable aumento del 80% en los precios bajo el gobierno de Pedro Sánchez pone sobre la mesa una realidad compleja que exige repensar urgentemente nuestro modelo habitacional para evitar que este problema social crezca hasta convertirse en una barrera insalvable para miles de familias.

El futuro requiere acelerar la construcción de viviendas asequibles, mejorar la colaboración entre administraciones públicas e impulsar reformas normativas urbanísticas; todo ello mientras se busca equilibrar intervención pública con incentivos para atraer inversión privada. Solo así será posible detener esta escalada descontrolada en los precios y asegurar que tener acceso a una vivienda digna deje de ser un lujo reservado solo para unos pocos afortunados.