Hoy hablamos de algo que en cualquier país serio sería un escándalo institucional de primera magnitud:
la SEPI —el holding público que controla empresas estratégicas— entra en “modo pánico” ante las actuaciones de la UCO en plena investigación judicial.
Según la información publicada, la UCO se ha personado y ha requerido documentación en el entorno de la SEPI y en empresas públicas participadas (entre ellas Correos, Mercasa, Sepides, Enusa y otras), en una causa que se sigue en la Audiencia Nacional y que está bajo secreto en buena parte.
Y lo más importante: no hablamos de “errores administrativos”. Lo que ha trascendido en medios es que la investigación se mueve en el terreno penal, con referencias a presuntos delitos como prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. ¿Qué te explico en este vídeo?
Porque cuando el Estado controla el accionariado y la dirección de empresas estratégicas, la línea entre gestión pública y riesgo penal se vuelve explosiva.
Qué está haciendo la UCO (y por qué “no avisa”) La lógica de estas actuaciones es simple: documentación, expedientes, correos, trazabilidad de decisiones y contratos. Y cuando eso entra en escena, el poder deja de hablar de “relatos” y empieza a hablar de “abogados”.
El verdadero miedo: que “salpique” a directivos actuales No por titulares: por estructura. Porque si el control sobre participadas es férreo, entonces la pregunta es inevitable:
¿Quién sabía qué, quién firmó qué y quién miró hacia otro lado?
Cuando una sociedad pública vive con la sensación de “puede caer cualquiera”, el problema ya no es reputacional: es institucional.
Y el contribuyente —como siempre— es el que paga la factura.
ð Déjame en comentarios: ¿Crees que en España hay controles reales sobre los grandes entes públicos… o todo se “audita” cuando llega la UCO?
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