Estados Unidos ha pasado de la advertencia diplomática a la amenaza directa.
Washington estudia cerrar sus puertos a los buques españoles como represalia por la decisión del Gobierno de España de negar escalas a barcos que transportan armamento con destino o procedencia de Israel.
La investigación la lidera la Comisión Federal Marítima, que analiza si las restricciones españolas están creando condiciones “desfavorables” para el comercio estadounidense, algo que podría justificar medidas correctivas extremas. Entre ellas: multas de hasta 2,3 millones de dólares por cada buque, limitaciones de carga e incluso prohibiciones de entrada a puertos de EE. UU.
El foco está puesto en Algeciras y en la política del Gobierno español, que mantiene el bloqueo a estas escalas pese al impacto potencial sobre navieras, exportaciones y empleo portuario.
Para Estados Unidos, no es solo una cuestión política: es comercio exterior, logística estratégica y seguridad. La propia Comisión ha pedido información urgente a operadores y navieras para cuantificar los daños, y ha dejado claro que la decisión final llegará pronto.
La pregunta es evidente: ¿Está el Gobierno dispuesto a poner en riesgo el acceso de España al mayor mercado portuario del mundo por una decisión ideológica? ¿Quién pagará la factura si Estados Unidos cumple su amenaza?
Porque una cosa está clara: cuando se juega a la política internacional sin medir consecuencias, el golpe acaba llegando… y esta vez puede llegar por mar.
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