Economistas advierten: los precios de la vivienda se dispararán un 24%

Hay una paradoja en el corazón de la política de vivienda española que resulta difícil de ignorar.

El Gobierno Sánchez, desesperado por pillar votantes, lleva meses desplegando medidas destinadas supuestamente a proteger a los inquilinos —congelación de alquileres, prórrogas extraordinarias de contratos, límites del 2% anual a las subidas de renta— y los economistas, casi en bloque, advierten que el resultado es y será exactamente el opuesto al buscado: menos oferta, precios más altos y más familias sin acceso a una vivienda digna.

No es una opinión minoritaria. Es lo que dice la teoría económica, lo que avalan los datos y lo que confirma la experiencia de otros países que recorrieron el mismo camino antes que España.

El propietario que decide marcharse

Gonzalo Bernardos, profesor de Economía en la Universidad de Barcelona y uno de los analistas inmobiliarios más seguidos del país, lleva tiempo lanzando la misma advertencia: los decretos actuales están tan alejados de la realidad del mercado que están provocando el efecto contrario al deseado.

La lógica es sencilla. Cuando un Gobierno convierte al propietario en sospechoso habitual, limita su capacidad de ajustar rentas y le impone una incertidumbre jurídica creciente, el mensaje que recibe es claro: alquilar a largo plazo es un negocio castigado. Y muchos propietarios están sacando la conclusión obvia.

Los datos de Fotocasa Research lo cuantifican con precisión incómoda. El 37% de los contratos de arrendamiento vigentes en España vencerá en el próximo año. De ese total, el 34% de las viviendas no volverá al mercado residencial estable. El desglose es revelador: un 24% de esos propietarios optará por vender, un 8% se pasará al alquiler por habitaciones y un 2% preferirá el alquiler vacacional. Además, un 32% tiene previsto subir la renta en cuanto pueda, y un 26% buscará inquilinos con mayor capacidad económica.

Dicho en otras palabras: menos pisos disponibles, más caros y para quien pueda pagarlos.

2027: la fecha que preocupa a los expertos

Bernardos lanza una advertencia concreta a quienes viven hoy de alquiler bajo las prórrogas extraordinarias: cuando esas prórrogas venzan, en 2027, muchos tendrán serias dificultades para encontrar un nuevo hogar. El mercado que se encontrarán será más estrecho, más caro y más exigente que el actual.

El Banco de España respalda este diagnóstico en sus informes más recientes. El organismo señala que el sector del alquiler arrastra un desajuste crónico entre el crecimiento de la demanda y la oferta disponible, y que el esfuerzo económico medio de los hogares inquilinos supera ya la media europea. En las grandes ciudades y en las zonas turísticas, la situación es especialmente crítica para los jóvenes que intentan independizarse. Para los arrendatarios con ingresos más bajos, el coste de la vivienda puede llegar a consumir hasta el 50% de sus ingresos mensuales. La mitad del sueldo para pagar el alquiler. Solo el alquiler.

El debate equivocado

Bernardos no se muerde la lengua al calificar la estrategia del Ejecutivo: la llama directamente postureo político. Acusa a varios partidos de intentar capitalizar el malestar social con medidas que suenan bien en un titular pero que no resuelven nada en la práctica. El gran error de las administraciones, dice, ha sido prometer grandes cambios mientras se construye poco y se urbaniza menos.

El debate político lleva años girando en torno a límites, restricciones y controles. Lo que nadie ha conseguido es aumentar de forma real el número de viviendas disponibles a precios asequibles. Y esa es, precisamente, la única palanca que mueve el mercado.

La propuesta de Bernardos va en dirección contraria a la del Gobierno. En lugar de restringir, construir. En lugar de intervenir el precio, aumentar la oferta. Su planteamiento implica modificaciones en la normativa urbanística, incentivos reales para los promotores y una apuesta firme por la vivienda pública asequible. Si en un solar cabe un edificio, que quepan dos, argumenta. La solución al problema de vivienda no es administrativa. Es matemática.

El problema número uno de los españoles

Los organismos oficiales coinciden en el diagnóstico, aunque divergen en los remedios. Limitar precios no resuelve el problema habitacional si no va acompañado de un aumento real del parque público de alquiler asequible y de un marco regulatorio que ofrezca seguridad jurídica a todas las partes. Sin esas dos piezas, el control de precios es un parche sobre una herida que necesita puntos.

Mientras tanto, la vivienda ha escalado hasta convertirse en el principal problema del país para una parte creciente de los españoles, según los últimos datos del Centro de Investigaciones Sociológicas. No es un dato menor: durante años, ese puesto lo ocuparon el paro, la corrupción o la crisis económica. Ahora es el techo.

Y mientras persistan las políticas actuales, la espiral seguirá girando en la misma dirección: menos oferta, precios más altos, más familias excluidas. El Gobierno dice que protege a los inquilinos. Los economistas dicen que los está dejando sin casa.