Crisis en el Ministerio del Interior: 26.000 policías y guardias civiles demandan a Marlaska

Fernando Grande-Marlaska tiene tiempo y presupuesto para algunas cosas.

Publica en exclusiva OkDiario una información fantástica de la excelsa periodista Rosalina Moreno que detalla la sinvergonzonería del ministro:

Resulta que para asignar escolta policial a Sarah Santaolalla, la tertuliana bocachancla de RTVE que se inventó una agresión de Vito Quiles, y andaba con cabestrillo falso. Para adquirir una máquina de correr doméstica con cargo al presupuesto del Ministerio. Para pintar de morado comisarías.

Para los guardias civiles que patrullan el Campo de Gibraltar sin chaleco antibalas adecuado, para los policías nacionales que empiezan cobrando 900 euros básicos al mes, para los agentes que murieron en Barbate con el equipamiento que el ministro consideró suficiente, el ministro de Sánchez no tiene ni tiempo ni presupuesto.

La definición de prioridades es, en política, el acto más honesto que existe. Las de Grande-Marlaska están perfectamente claras.

Este lunes, 4 de mayo de 2026, más de 26.000 policías nacionales y guardias civiles dan un paso importante en su lucha contra lo que consideran una clara discriminación salarial.

Han decidido presentar reclamaciones masivas ante el Ministerio del Interior y la Seguridad Social, buscando que se reconozca su labor como profesión de riesgo y que se equiparen sus pensiones a las de los mossos d’Esquadra, quienes disfrutan de un salario jubilatorio que puede alcanzar hasta 1.100 euros más al mes.

La iniciativa Reacciona por la Equiparación Real es la fuerza motriz detrás de esta acción, que complementa las demandas anteriores ya presentadas en la Audiencia Nacional. Los agentes exigen poder adelantar su jubilación, tal como ya ocurre con la Ertzaintza, la Policía Foral de Navarra y diversos cuerpos locales. Denuncian que, a pesar de haber registrado 121.000 atentados contra sus miembros desde que Grande-Marlaska asumió el cargo, el Gobierno solo parece favorecer a las fuerzas policiales en «territorios afines».

Brecha salarial que duele

Dos agentes de la Guardia Civil murieron en Barbate (Cádiz) en 2024 a manos del narcotráfico. Acudieron a interceptar una narcolancha sin chaleco antibalas adecuado, sin casco balístico y con un armamento que los propios sindicatos llevan años denunciando como insuficiente para el tipo de delincuencia organizada que opera en el Campo de Gibraltar. En esa zona, desde 2018, se han registrado 244 agresiones a agentes. El Ministerio del Interior había proporcionado para combatir ese frente dos cascos balísticos para 30 agentes.

Sus compañeros, David Pérez y Miguel Ángel González, murieron ganando entre 1.650 y 1.850 euros netos al mes.

Un mosso d’Esquadra de la misma escala básica gana 3.058 euros brutos mensuales más un complemento de 330 euros fruto de un acuerdo con la Generalitat de Cataluña, financiado en un 83% por el mismo Estado español que paga el sueldo del guardia civil muerto en Barbate.

Esa es la contradicción que 26.000 policías nacionales y guardias civiles han decidido llevar esta semana ante los tribunales mediante reclamaciones masivas al Ministerio del Interior y la Seguridad Social.

La brecha que los números hacen insostenible

La comparación salarial entre los cuerpos de seguridad del Estado y las policías autonómicas es uno de los datos más incómodos de la política de interior española y uno de los menos debatidos públicamente.

El salario anual bruto en escala básica de un agente de la Policía Nacional es de 35.589 euros. El de un guardia civil, 35.496 euros. El de un mosso d’Esquadra tras la última subida de 4.000 euros, financiada mayoritariamente por el Estado, asciende a 47.246 euros.

La diferencia en pensión entre un mosso y un policía nacional o guardia civil puede alcanzar los 1.100 euros mensuales. Durante una jubilación de veinte años, esa diferencia supone más de 264.000 euros de ventaja acumulada para el agente catalán respecto al agente nacional.

La Ertzaintza, la policía vasca, tiene reconocida su profesión como de riesgo desde 2012, lo que le permite jubilarse antes con pensiones más altas. Lo mismo ocurre con la Policía Foral de Navarra y con numerosos cuerpos de policía local. Los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que operan en todo el territorio nacional incluidos los escenarios de mayor peligrosidad, no tienen ese reconocimiento.

Un agente nuevo de la Guardia Civil empieza cobrando aproximadamente 900 euros brutos básicos mensuales. La comparación con lo que gana un policía local en muchos municipios medianos, con menos riesgo y menor exigencia de formación, es difícilmente justificable.

Lo que la iniciativa Reacciona exige

La plataforma Reacciona por la Equiparación Real, que impulsa la demanda masiva con el respaldo legal del bufete Durán y Durán Abogados, exige tres cosas concretas.

Primero, el reconocimiento de la Policía Nacional y la Guardia Civil como profesiones de riesgo, con las implicaciones que eso tiene para la jubilación anticipada y las pensiones. Segundo, la equiparación salarial real con los cuerpos autonómicos, con un incremento inmediato de al menos 600 euros brutos mensuales. Tercero, el pago de retroactivos por conceptos ya reclamados y la corrección de las diferencias en pagas extraordinarias, que pueden llegar a 1.000 euros brutos de diferencia respecto a cuerpos equivalentes.

Las reclamaciones presentadas este lunes se suman a las demandas ya interpuestas ante la Audiencia Nacional. Si el Ministerio mantiene el silencio administrativo durante seis meses, los sindicatos tienen previsto acudir a instancias europeas.

Una movilización está programada para el 9 de mayo en la Catedral de la Almudena de Madrid, en homenaje a los caídos y como escenario de reivindicación de derechos.

El agravio de las policías autonómicas financiadas por Madrid

El elemento más políticamente sensible de este debate es que la desigualdad no la financia Cataluña o el País Vasco con su propio dinero. La financia en gran medida el Estado central, es decir, el mismo presupuesto del que salen los sueldos de policías nacionales y guardias civiles.

El acuerdo que subió el salario de los mossos en 4.000 euros anuales fue financiado en un 83% por el Ministerio de Hacienda. Traducido: el Estado español pagó una subida de sueldo para la policía de Cataluña mientras mantenía congelada la equiparación de sus propios cuerpos.

Desde 2022, bajo el Gobierno de Sánchez, se incrementó la pensión máxima para los cuerpos autonómicos y locales sin que se produjera una equiparación equivalente para los cuerpos nacionales. Los sindicatos policiales describen esa decisión como un acto de discriminación deliberada hacia los cuerpos que operan en todo el territorio nacional frente a los que sirven a los socios parlamentarios del Gobierno.

Desde que Grande-Marlaska asumió el Ministerio del Interior, los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil han registrado 121.000 atentados contra sus miembros, según los propios sindicatos. En ese mismo período, las condiciones materiales de trabajo han seguido deteriorándose. Las academias de formación, según el sindicato Jucil, presentan condiciones «lamentables» en instalaciones como las de San Lorenzo de El Escorial. La Unión Federal de Policía describe el equipamiento recibido como «migajas».

Marlaska: el ministro más impopular de las fuerzas de seguridad

Fernando Grande-Marlaska es probablemente el ministro de Interior más impopular entre los cuerpos de seguridad del Estado en las últimas décadas. No es una valoración subjetiva: es el resultado medible de años de políticas que los sindicatos policiales y de la Guardia Civil han denunciado sistemáticamente.

Su gestión ha acumulado una lista de agravios que los agentes repiten en cada asamblea y cada comunicado. La negativa a reconocer la profesión de riesgo cuando todos los cuerpos autonómicos comparables ya la tienen reconocida. El silencio ante el deterioro del equipamiento en zonas de alta conflictividad como el Campo de Gibraltar o Melilla. La gestión de los incidentes en la valla de Melilla en junio de 2022, en que murieron decenas de personas en una avalancha que varios informes sitúan como resultado de una actuación policial cuestionable, con instrucciones que los agentes consideraron contradictoras e imposibles de ejecutar correctamente con los medios disponibles.

Los sindicatos policiales han votado en múltiples encuestas internas a Grande-Marlaska como el peor ministro de Interior desde la Transición, una valoración que comparten tanto policías nacionales como guardias civiles con independencia de su adscripción sindical.

La paradoja que los agentes señalan con mayor amargura es que el ministro que gestiona sus condiciones laborales es el mismo que negocia con los socios parlamentarios del Gobierno las condiciones que benefician a los cuerpos autonómicos a costa del presupuesto común.

Lo que está en juego

La batalla judicial que los 26.000 agentes han iniciado este lunes promete extenderse durante años. La Audiencia Nacional ya tiene demandas previas en tramitación. Los nuevos recursos ante el Ministerio del Interior y la Seguridad Social abrirán nuevos frentes.

Lo que está detrás de los números no es solo una cuestión salarial. Es la pregunta sobre qué tipo de cuerpos de seguridad quiere tener España: si fuerzas nacionales bien pagadas, bien equipadas y con condiciones laborales que atraigan a los mejores candidatos, o cuerpos en los que los agentes empiezan con 900 euros básicos al mes y ven cómo el Estado financia con su dinero sueldos más altos para las policías de los territorios que votan al Gobierno.

David Pérez y Miguel Ángel González murieron en Barbate defendiendo la ley con el equipamiento que el ministerio consideró suficiente. Sus compañeros siguen haciéndolo.

Por 1.650 euros netos al mes.